La fiscal Pilar Santos ha mantenido este viernes, en la última sesión del juicio contra la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso Máster, la petición de que ésta sea condenada a tres años y tres meses de prisión como inductora de un delito de falsedad documental en relación con el acta de defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
La representante del Ministerio Público ha sostenido que la Universidad generó en marzo de 2018 el acta de defensa de dicho TFM -falsificada según declaró la profesora Cecilia Rosado que estampó las firmas del tribunal que debería haberlo evaluado en 2012- para "salvar la reputación" de la ex presidenta madrileña tras publicar Eldiario.es días antes que Cifuentes había obtenido dicho posgrado con notas falsificadas.
La fiscal insiste en que dicha acta de trabajo de TFM se creó tras recibir el centro público "presiones" de la asesora de la Consejería de Educación madrileña y a su vez profesora de la Universidad, Maite Feito, que llamó "insistentemente" a la coordinadora del máster Cecilia Rosado para que "solucionaran" que no hubiera en la Universidad registro del TFM de Cifuentes.
"A la vista de todas las llamadas, de los correos, de la reunión en el despacho del rector, de todo lo que tuvo lugar en los días 20 y 21 de marzo, en los que de forma directa o indirecta participó la señora Feito y a la vista de la intención evidente de la señora Cifuentes de salvar su reputación, entendemos que queda acreditado que éstas tenían el dominio del hecho. Si se confeccionó el acta fue única y exclusivamente porque la Universidad tenía que responder a las exigencias de la Presidencia", ha expuesto la fiscal en su informe de conclusiones definitivas para apuntalar su acusación contra Cifuentes y Feito como inductoras del delito de falsedad por el que solicita para cada una tres años y tres meses de prisión.
"Feito insistió hasta la saciedad en que debía solucionarse. La señora Cifuentes por su cargo no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la Universidad le proporcionase una solución. Si toda la maquinaria se puso en marcha fue precisamente por estas presiones", a insistido la representante del Ministerio Fiscal, que ha lanzado al tribunal la pregunta retórica: "¿Qué creen que hubiera pasado si bien Presidencia o Feito hubieran trasladado al rector que ya no era necesario confeccionar documentación alguna?".
En la causa, la Fiscalía acusa a Cifuentes de inducir la creación del acta falsa de defensa del TFM y exhibirla en los medios de comunicación y las redes sociales "a sabiendas" de que ésta no había tenido lugar. Cifuentes, durante su declaración como acusada, defendió que ella no defendió el TFM, sino que lo expuso en un "acto informal" ante unos profesores que no sabe si eran el tribunal que después lo valoró. Afirmó que ella nunca pidió dicha acta a la Universidad y aún así el rectorado se la remitió cuando pidió la documentación sobre su máster, por lo que la expuso a los medios, actuando de "buena fe" y dando credibilidad al documento oficial.
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