El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido en 'Más de Uno' de Onda Cero el pacto con Podemos para que la Ley de Memoria permita investigar crímenes franquistas, al tiempo que ha afirmado que "no cambia nada y que se van a seguir investigando los crímenes de guerra tal y como se hace desde 2002".

En declaraciones a Carlos Alsina, Bolaños ha insistido en la necesidad de la ley, la que considera que debería contar con el consenso del Congreso, pese a haber afirmado que a efectos prácticos "no implica cambios".

El ministro ha justificado el cambio de nomenclatura del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros: "Se trata de que el nombre sea más neutral, para que deje de ser un homenaje a la dictadura. Queremos que sea un lugar de memoria, donde las personas puedan ir allí y ver qué fue la dictadura y qué pasos se dieron hasta la democracia y la prosperidad", explicaba Bolaños.

El dirigente socialista ha dado su postura sobre el nombramiento de los cuatro magistrados del Constitucional que hoy toman posesión: "Para nosotros era fundamental renovar el Constitucional y según lo que nos pide la Constitución, el llegar a un acuerdo de 3 quintas partes obliga a negociar y ceder". Bolaños estima que de esta manera, " el Constitucional recupera la normalidad institucional" .

Defiende la Transición

Además, Bolaños ha reivindicado tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa norma de Amnistía del 77, en contra de las interpretaciones que señalan que el Gobierno pretende dejarla ahora sin efecto. "Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran", ha reivindicado.

Así, el ministro de Memoria Democrática ha recalcado que en realidad lo que hacen el PSOE y Unidas Podemos con la polémica enmienda en la que se menciona la Ley de Amnistía es "simple y llanamente" poner "en valor" tanto esa norma como los tratados internacionales. "Lo único que hace es ratificar la vigencia de la ley de amnistía", ha señalado.

En concreto, esa enmienda señala que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables".

Según Bolaños, la ley del 77 "fue un importante para la consolidación de la democracia". En este sentido, ha aclarado que en absoluto quieren derogarla, y ha situado las "dificultades" a la hora de juzgar los crímenes del franquismo en el ámbito penal, que no se verá afectado por la nueva ley de memoria.

Así, ha confesado que le sorprende el debate que se ha generado, sobre todo teniendo en cuenta que él, que es el impulsor de la ley, es un "defensor absolutamente indiscutible de la Transición" y de lo que entonces se hizo para pasar de una manera "consensuada" de la dictadura a la democracia.

Ante el previsible "no" de ERC, hablan con todos los grupos

En cuanto a los apoyos, y la previsión de no contar esta vez con ERC -uno de sus socios habituales-, tras haber presentado incluso una enmienda a la totalidad a la norma, Bolaños ha asegurado que están hablando "con todos los grupos" y ha defendido que en lo que va de legislatura han conseguido cerrar importantes acuerdos para sacar adelante sus normas, como los Presupuestos Generales.

En este contexto, ha defendido que hayan hablado también con Ciudadanos para lograr sumar sus votos a una ley que lo que hace, según Bolaños, es acabar con la "anomalía" que supone para España no contar con una ley de estas características, que ya llega "muy tarde" para las víctimas. En este punto, ha querido resaltar que la norma "condena todos los totalitarismos", aunque ha recordado que en España el ha habido es el de Franco.

Por otra parte, ha defendido la enmienda con la que el PSOE y Unidas Podemos establecen un plazo hasta 1982 para estudiar "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas en su lucha por la consolidación de la democracia", pero ha querido dejar claro que el periodo de aplicación de la futura ley de memoria "termina con la entrada en vigor de la Constitución del 78".

Eso sí, ha explicado que sí han considerado necesario introducir una disposición adicional para crear un comité de expertos que estudie posibles vulneraciones de derechos fundamentales entre el 78 y el 82, atendiendo al "consenso" de los historiadores, que señalan que tras la aprobación de la Carta Magna, "hubo un tiempo con inercias de la dictadura".

A este respecto, ha señalado que nadie puede estar en contra de que se repare moralmente a las personas que sufrieron "alguna violencia" cuando trataba de consolidar la democracia tras haber entrado en vigor la Constitución.