Pumpido prepara la sentencia de la amnistía que cambiará el futuro de Puigdemont al borde del verano

Los rumores de que ya existe un borrador de sentencia sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional sobrevuelan desde hace unos días las paredes del edificio redondo de la madrileña calle de Domenico Scarlatti. Fuentes cercanas al presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, aseguran que aún faltan algunos flecos y que el documento no estará listo hasta dentro de "varias semanas", pero ya colocan una fecha para el debate: mitad de junio. La decisión que tome el TC afectará de forma directa al Gobierno y a su relación con su socio más incómodo e inestable, Junts, que en estos meses de parón de la norma ha acusado a Pedro Sánchez de no defenderla de manera vehemente y de no aplicar, en cualquier caso, la amnistía política. Es decir, de no dar carta de naturaleza al líder de su formación, al expresident Carles Puigdemont. Pero un fallo favorable del tribunal de garantías, que es lo que espera el Ejecutivo desde el principio, no debería suponer, así lo cree la Moncloa, un alejamiento de los posconvergentes, porque anticipan que seguirán necesitándoles en el poder.

"El borrador de sentencia irá a pleno a mediados de junio". Así de claras se muestran las voces consultadas por El Independiente en el órgano encargado de revisar si la ausencia de la palabra "amnistía" en la Carta Magna es indicativo de su inconstitucionalidad o si, por el contrario, cabe una interpretación más ancha de ese vacío.

De la sentencia depende que Puigdemont pueda regresar desde Bélgica. En la Moncloa también tienen la previsión de sentencia en pocas semanas. Los recursos de amparo, creen, irían con agilidad

No va a pasar ni un año desde que el Partido Popular recurriera la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que se publicó en el BOE el 11 de junio de 2024, hasta que los magistrados la hayan revisado. Lo cierto es que los tiempos del Constitucional se han acortado desde que se ha impuesto el ritmo de la presidencia de Conde-Pumpido, si bien esta norma también se ha tratado de impulsar de forma rápida.

El Gobierno mantiene un ojo puesto en lo que pueda ocurrir porque de ello depende que uno de sus socios prioritarios, el líder de Junts, el expresident Puigdemont, pueda regresar desde Bélgica, donde vive huido de la Justicia tras su actuación en el referéndum de independencia en 2017. En la Moncloa también tienen la previsión de que el TC dicte sentencia en unas pocas semanas sobre el escrito del PP, y a partir de ahí resuelva con cierta agilidad el resto de impugnaciones y los recursos de amparo.

Las fuentes consultadas, no obstante, aseguran que el regreso no será automático por mucho que el Constitucional dicte lo que dicte. Ya se encargó de recordarlo hace unas semanas el instructor del procés, Pablo Llarena: la interpretación de la amnistía corresponde al Supremo.

El tribunal de garantías, por tanto, puede avalar o no la ley, determinar si se ajusta o no a la Carta Magna, pero el asunto regresará al Supremo, que tendrá que ser el que retire las medidas cautelares establecidas contra Puigdemont que, básicamente, implican que si aterriza en España será detenido. Pero, además, al alto tribunal todavía le queda una bala, que es la de hacer una segunda consulta sobre sus dudas de la aplicación de la ley del perdón al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La última polémica en la que estuvo envuelto Pumpido a cuenta del caso ERE y de que la Audiencia Provincial de Sevilla quisiera recurrir al TJUE una de sus sentencias ha dejado negro sobre blanco que el Constitucional no puede frenar una cuestión prejudicial. Es una potestad de cada juez o tribunal el querer aclarar en Europa si algo de lo dictado dentro de las fronteras no concuerda con el Derecho comunitario.

Y las fuentes jurídicas consultadas aseguran que este podrá ser el siguiente paso de la Sala de lo Penal que ahora dirige Andrés Martínez-Arrieta de forma interina. Si al plantear la cuestión prejudicial decaen o no las medidas cautelares ya es harina de otro costal, algo en lo que ni siquiera los juristas están de acuerdo, pero de momento la decisión del Constitucional no cambiará mucho a corto plazo.

Si al plantear la cuestión prejudicial decaen o no las medidas cautelares ya es harina de otro costal, algo en lo que ni siquiera los juristas están de acuerdo, pero de momento la decisión del Constitucional no cambiará mucho a corto plazo

Sí supondrá, eso sin duda, una luz muy amplia en el horizonte de los independentistas y el cumplimiento de la palabra escrita en la ley por el Gobierno. Para el Ejecutivo significará que el TC da su espaldarazo a la norma que posibilitó la propia investidura de Sánchez, la que abrió paso a la legislatura y a su controvertida alianza con Junts. El Gobierno, y en particular el principal muñidor del texto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido siempre que la ley de amnistía entró constitucional al Congreso y salió de él también constitucional, pese a una tortuosa negociación con los posconvergentes en la que se escrutó coma a coma para intentar garantizar que alcanzara a Puigdemont. Pero las cesiones en la redacción no impidieron que el Supremo paralizara su aplicación.

Si el TC convalida la ley, el Ejecutivo podrá sacudirse, de entrada, la acusación de presunta inconstitucionalidad que le lanzaron PP y Vox y también la vieja guardia socialista, empezando por el expresidente Felipe González. Pero sobre todo ayudará a descomprimir la relación siempre conflictiva con Junts. Los posconvergentes quieren, necesitan, ver a su jefe de filas de nuevo de vuelta a Cataluña y creen que Sánchez no ha hecho todo lo que podía para defender la ley.

Relación más engrasada

Pero si una sentencia favorable no se traduce automáticamente en la posibilidad de un regreso inmediato de Puigdemont por decisión del Supremo, en la Moncloa anticipan que Junts seguirá prefiriendo que Sánchez continúe al frente del Ejecutivo. La razón, esgrimen, es simple: el TJUE tardará en deliberar y resolver, puede que incluso lo haga en la siguiente legislatura, y como es un abogado del Estado el que tendrá que defender el acoplamiento de la ley con el Derecho comunitario, lo que le conviene a Puigdemont es que el PSOE mantenga el poder. Si el Gobierno pasa al PP, ayudado o en coalición con Vox, es hartamente improbable, por no decir imposible, que el abogado del Estado saque la cara por una norma que la derecha y la ultraderecha han rechazado y condenado desde mucho antes de que viera la luz.

En el Ejecutivo creen que a Junts le conviene que siga Sánchez en la Moncloa, porque quien defiende la ley ante el TJUE es un abogado del Estado, y si entra el PP al Gobierno, con ayuda o en alianza con Vox, es casi imposible que saque la cara por la norma

Traducido: "A Junts le interesa que sigamos en el Ejecutivo cuando el TJUE examine la ley de amnistía". Es lo que aseguran en el corazón de la Moncloa, en el que esperan que, con tensiones intermitentes, se mantenga el hilo con los posconvergentes, aunque no sean socios estables ni puedan ser adscritos al bloque de investidura. Pero en los últimos meses, sobre todo después de que el Gobierno cerró con ellos el pacto para delegación a Cataluña de las competencias migratorias —acuerdo que no ha avanzado ni un milímetro en el Congreso y que es difícil que prospere por la negativa de Podemos—, la relación se ha engrasado. Las reuniones mensuales fuera de España continúan, con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como principal interlocutor, y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como facilitador y voz autorizada del jefe del Ejecutivo. Lo que no quita para que Junts se haya unido a PP y Vox en ciertas votaciones: no deja de ser un partido de derechas con planteamientos económicos conservadores. Pero la cúpula de la extinta Convergència lo ha repetido muchas veces: imaginar una moción de censura con los populares es pura fantasía.

El pasado jueves, Junts apoyó, como estaba previsto, la convalidación del decreto ley antiaranceles y apuntaló así al Gobierno en una votación clave. Pero sigue muy, muy fría con el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Los socialistas ven más que complicado que el texto salga adelante, pero en este caso porque la patronal catalana, muy influyente en Puigdemont, lo rechaza de plano. A los posconvergentes lo que les urge ahora mismo es que Sánchez avance en el cumplimiento de los acuerdos de investidura, y el paso siguiente, han repetido, es la oficialidad del catalán (y del euskera y del gallego) en la UE. El Gobierno ha conseguido que la presidencia de turno de la UE, que ocupa Polonia, incluya en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, el 27 de mayo, el punto dedicado al reconocimiento europeo de las lenguas cooficiales españolas. Aunque Exteriores ha venido trabajando en este tiempo, no está claro que haya unanimidad de los 27. Pero el compromiso con Junts, el que en teoría podría serenar de nuevo las aguas, era que la cuestión se abordara este semestre en la UE. Y, finalmente, se hará. El secretario general del partido, Jordi Turull, había puesto mayo o junio como tope para poder constatar avances.

El siguiente compromiso de los socialistas con Junts es la oficialidad del catalán: España ha logrado colar el punto en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE del próximo 27 de mayo

Dado que la resolución judicial de la ley de amnistía escapa al control del Gobierno, lo que sí demandan los independentistas catalanes es el reconocimiento de Puigdemont como interlocutor. Lo que llaman la amnistía política. Sánchez ya ha reiterado que no tiene problema en reunirse con el expresident, e incluso llegó a afirmar que no tendría por qué esperar a que dictara sentencia el TC, pero lo cierto es que esa entrevista no se ha producido. Y la Moncloa no tiene ningún interés para ubicarla ya en agenda. El equipo del presidente no la sitúa cercana en el calendario, ni mucho menos. En el Ejecutivo se presumía que podría ser ineludible en caso de que se cerrara un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, pero los de 2025 ya están descartados y puede que sean imposibles los de 2026, aunque el presidente está dispuesto a agotar la legislatura incluso sin nuevas cuentas. Pero, al final, todo dependerá de Junts, la formación por la que todo pasa en este mandato. ¿Cambiarán las cosas tras la sentencia del TC? "Con ellos, todo es siempre imprevisible", asegura una ministra. "No sabemos qué puede pasar, pero debería mejorar la relación con ellos", afirma otro integrante del Gabinete.

El debate de la sentencia

En el TC, nadie espera un debate fácil sobre la ley de amnistía, aunque sí un bloque progresista compacto que podrá imponer su mayoría. Las piezas del tablero no son las mismas que en cualquier otro pleno porque las recusaciones han apartado a uno de cada lado, pero en la aritmética no hay variaciones. De los cinco conservadores no podrá estar José María Macías, que fue apartado por su intervención como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en algunos informes relativos al perdón. Y de los siete progresistas faltará Juan Carlos Campo, que dio un paso atrás por su intervención en los indultos a los independentistas cuando era ministro de Justicia.

No se espera una deliberación fácil sobre la norma, pero sí un bloque progresista compacto que podrá imponer su mayoría. Quien trabaja en el borrador es la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán

Cuatro a seis, el margen sigue siendo amplio para los de Pumpido, quien ha encargado la ponencia "de cabecera" a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. Es ella, junto a sus letrados, la que está trabajando en el borrador más esperado del último tiempo en el Constitucional y que analizará el recurso interpuesto por el partido de Alberto Núñez Feijóo. En total hay 16 recursos planteados de las diferentes comunidades autónomas y otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que han interpuesto diferentes tribunales españoles, pero una vez resuelto el primero, el camino ya estará marcado para todos los demás.

El eje fundamental de estos recursos es la vulneración del principio de igualdad. Es decir, si perdonar los delitos solo a los que hayan participado en el procés es compatible con que todos los españoles sean iguales, como dice la Constitución. En otras palabras, si no genera desigualdad el hecho de que una persona que haya pegado a un policía para realizar la consulta sobre la independencia de Cataluña se quede limpio de antecedentes penales, mientras que otro que haya hecho lo mismo en cualquier otra manifestación continúe con la condena.