El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado acaba de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos al filtrar supuestamente datos de la investigación por fraude que se sigue en la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta causa había supuesto un hito por ser la primera vez que el más alto cargo del Ministerio Público estaba imputado y, de nuevo, vuelve a marcar un escenario sin precedentes. Hurtado también ha procesado a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

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En su escrito de 51 páginas, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado sostiene que existen indicios suficientes para llevarles a juicio por un presunto delito de revelación de secretos. Según detalla, ambos participaron en la difusión a la prensa de un correo electrónico que contenía información reservada de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, que fue enviado el 2 de febrero de 2024 por su abogado al fiscal del caso, en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales.

El instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a datos personales de un ciudadano, extraída de una conversación privada entre letrado y fiscal sujeta a criterios de confidencialidad. Asimismo, detalla que la actuación de García Ortiz se desencadenó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", después de que 'El Mundo' publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso.

Aunque no concreta en qué consistieron esas indicaciones, sí explica que, al día siguiente, desde la Fiscalía General del Estado se envió el correo a Pilar Sánchez Acera, entonces directora de Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López. Según indica el juez, fue ella quien dio instrucciones al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, para que exhibiese el contenido del correo durante una intervención parlamentaria.

De ahí, infiere que el correo con la confesión de los delitos partió necesariamente de la Fiscalía, ya que cuando Sánchez Acera lo reenvió a Lobato, a las 8:29 horas del 14 de marzo, aún no se había difundido públicamente. El magistrado subraya que no fue hasta las 9:06 cuando 'El Plural' publicó el documento, y lo hizo con los datos personales ya ocultos, lo que refuerza, según su criterio, que la copia original en poder de Moncloa solo pudo proceder del Ministerio Público.

En su relato de hechos, el juez Hurtado detalla que García Ortiz se involucró en un "frenético intercambio de comunicaciones" con varios fiscales para conseguir el correo, una dinámica en la que también participó la fiscal Pilar Rodríguez. Fue ella quien, finalmente, obtuvo del fiscal del caso, Julián Salto, la cadena completa de mensajes y se la reenvió a García Ortiz a las 21:59 horas del 13 de marzo. El objetivo, según el Supremo, era preparar una respuesta que permitiera a la Fiscalía desmentir públicamente que hubiera propuesto un pacto con la defensa del empresario. Una reacción que, según el instructor, perseguía "ganar el relato", a pesar de que lo publicado se refería a una cuestión de "escasa relevancia" jurídica.

El procesamiento de Rodríguez se fundamenta, precisamente, en su papel durante esas horas en la obtención de los correos electrónicos, ya que "sabía" que el uso que se daría a ese material sería ajeno a los fines propios del proceso penal. No obstante, el magistrado matiza que, a diferencia de García Ortiz, Rodríguez conservó el contenido de su teléfono móvil, y reprocha al fiscal general que hubiera borrado tanto sus dispositivos como su cuenta personal de Gmail, lo que frustró parte de la investigación y constituye un indicio añadido de su implicación.

Hurtado ha dado traslado de las diligencias tanto a la Fiscalía como a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de diez días, indiquen si solicitan la apertura de juicio oral mediante la presentación del correspondiente escrito de acusación, si piden el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, si consideran necesarias diligencias complementarias antes de tomar una decisión definitiva.

Cronología

La Fiscalía comenzó el pasado mes de febrero a investigar a González Amador por dos fraudes contra la Hacienda Pública y unas semanas después la prensa empezó a publicar tanto la existencia de esta investigación como unos correos internos que el abogado Carlos Neira se había intercambiado con el fiscal del caso Julián Salto.

El meollo de estas diligencias se ha centrado en esclarecer quién filtró uno de esos correos, el del 2 de febrero de 2024, en el que Neira, según dijo en concordancia con su cliente, confirmó que "efectivamente" se habían producido dos delitos fiscales. Esta confesión terminó publicada en la prensa y las sospechas del propio González Amador es que fue la Fiscalía la que lo hizo. El Ministerio Público salió, eso sí, al día siguiente de esta filtración a desmentir que como se había publicado en 'El Mundo' ellos hubieran pedido llegar a un pacto con González Amador. Explicaron que había sido al contrario.

El novio de Ayuso interpuso una denuncia en los juzgados y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) siguió la misma estrategia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque, según dijeron, se había roto la confidencialidad letrado-cliente. La denuncia se admitió a trámite, se instruyó primero en el TSJM y cuando los magistrados entendieron que el fiscal general era el responsable último de lo que había ocurrido elevaron una exposición razonada al Tribunal Supremo.

En un primer momento estuvieron imputados tanto la fiscal jefa provincial Pilar Rodríguez como el fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso Julián Salto. Pero este último quedó desimputado con el salto de la causa de un tribunal a otro. El Supremo siguió adelante con la imputación de Rodríguez y decidió llamar a declarar como investigado a García Ortiz. Ya entonces se puso sobre la mesa el debate de la dimisión, pero el fiscal general ha defendido que si permitía que la denuncia de un investigado (como era González Amador) le tumbara estaría dejando a la Fiscalía más débil.

Así las cosas, el 30 de octubre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó una entrada y registro tanto al despacho de García Ortiz como al de Pilar Rodríguez. En el móvil y el correo del primer no encontraron nada porque lo había borrado todo, mientras que en el de la segunda se hallaron algunos mensajes que ahora sustentan el procesamiento.

Periodistas y wassaps

La causa ha estado trufada de declaraciones de periodistas que, siempre preservando el derecho que tienen a no revelar sus fuentes, han aseverado muchos de ellos que conocieron los mensajes internos entre el letrado y el fiscal del caso de González Amador antes de que la noche del 13 de marzo llegaran al poder de García Ortiz.

El magistrado llegó a imputar también al jefe de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, la mano derecha del fiscal general del Estado y la persona que esa noche también estuvo ayudando a recopilar toda la información para desmentir la noticia de que la Fiscalía había estado intentando llegar a un pacto con el novio de Ayuso. Sin embargo, después de su declaración lo sacó de la ecuación de los imputados. Él había sido el único que había contratado un abogado particular y no estaba defendido por la Abogacía del Estado. Ahora, la propia Rodríguez también ha declinado que los Servicios Jurídicos del Gobierno la sigan defendiendo y ha contratado a un abogado particular.

García Ortiz acudió ante el juez Hurtado el 29 de enero y le dijo: "Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad". Se negó a contestar a las preguntas del togado y esto, según distintas fuentes jurídicas, estuvo muy mal visto por un sector de la judicatura que no pudo entender cómo el mayor garante de la legalidad en España llega a desconfiar de la justicia hasta el punto de rechazar contestar a un juez.

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