El salto profesional de Begoña Gómez que Peinado vincula a la llegada de Sánchez a Moncloa: "Hubo un cambio inmediato"

Begoña Gómez pidió la excedencia en la consultora Inmark en 2018, el mismo año en el que su marido, Pedro Sánchez, se convirtió en presidente del Gobierno. Apenas dos meses después, asumió el cargo de directora de la institución académica IE Africa Center. El juez que la investiga desde hace más de dos años, Juan Carlos Peinado, describe esa secuencia como un "cambio inmediato y significativo" en su trayectoria profesional y la sitúa como punto de partida de la causa que ahora envía a juicio con jurado popular.

"Es público y notorio que Pedro Sánchez (...) asumió la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018. En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez", recoge el instructor. Antes de ese giro, Begoña Gómez venía codirigiendo desde el curso 2014-2015 el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado de la Complutense, una actividad docente que el propio auto describe como el germen de su relación con la universidad.

Fue precisamente en ese programa donde habría conocido Juan Carlos Barrabés, a quien pidió ayuda para el desarrollo de contenidos de uno de sus módulos. Y dos años después de la investidura de Sánchez, ya en 2020, Gómez "impulsó una nueva línea de actividad profesional" al promover la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió este sábado abrir juicio oral contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación. También acordó la retirada de su pasaporte, le prohibió salir de España y la obliga a comparecer cada 15 días ante el juzgado, según recoge en su auto, al que tuvo acceso este periódico. La audiencia preliminar había tenido lugar el lunes de esa semana y desde entonces Peinado tenía pendiente decidir sobre la apertura de juicio y la imposición de cautelares.

En su escrito de 84 páginas, el magistrado considera que existen indicios suficientes para que Begoña Gómez, su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular. Cabe recordar que, en cuanto a Barrabés, Peinado acordó el jueves abrir una nueva línea de investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato financiado con fondos europeos.

"Aprovechando su proximidad al presidente"

El razonamiento que viene reiterando el instructor desde que arrancó la causa queda reflejado en el cuadragésimo cuarto punto de su auto. En él, el juez recoge que Begoña Gómez habría utilizado "su posición" como mujer del jefe del Ejecutivo para impulsar sus proyectos profesionales y académicos: "Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), obteniendo una interlocución singular con responsables universitarios, empresas patrocinadoras y entidades tecnológicas".

El magistrado considera que ese contexto le permitió recabar "apoyo, financiación y colaboración institucional" para la creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la UCM y de los proyectos vinculados a ella.

En ese mismo párrafo, el juez extiende el razonamiento a Barrabés, de quien dice que quedó "integrado funcionalmente" en el proyecto académico mientras sociedades de su grupo empresarial resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez. A juicio de Peinado, ese conjunto de hechos "presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios".

Según la resolución, fue durante su etapa al frente del IE Africa Center cuando la mujer de Sánchez estableció vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la startup Wakalua, donde coincidió con Juan Carlos Barrabés. El auto sitúa en ese entorno el origen de su relación profesional. El empresario reconoció ante el juez haber mantenido varias reuniones en el Palacio de la Moncloa —"Cinco veces o cuatro", declaró— y al menos un encuentro con Pedro Sánchez en presencia de su esposa.

La cátedra de la Complutense

Uno de los principales focos de la investigación ha sido la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Complutense, codirigida por Begoña. Según declaró el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, el rector Joaquín Goyache le trasladó que tenía que crear "una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente". Goyache, por su parte, reconoció ante el juez que apenas conocía a Gómez "más que por los medios" cuando acudió al Palacio de la Moncloa para reunirse con ella. Doadrio añadió además que la tramitación del convenio se realizó con una rapidez "inusitada" que le llamó la atención: "Era como si ya estuviera preparado".

A partir de ahí, la resolución repasa distintos episodios que han formado parte de la investigación. Entre ellos, las cartas de apoyo firmadas por Gómez en julio de 2020 a favor de una empresa vinculada al grupo Barrabés, que posteriormente resultó adjudicataria de contratos públicos por más de 12 millones de euros; el registro a su nombre de la marca "TSC" antes de la constitución formal de la cátedra; y el desarrollo de una plataforma tecnológica que acabó vinculada a una sociedad mercantil de la que figura como socia y administradora única.

El 'software', bajo lupa

La sociedad Transforma TSC SL, registrada por Gómez en 2023 con el mismo nombre que la cátedra, y el programa informático asociado al proyecto son, junto al tráfico de influencias, el otro gran eje del procedimiento. La defensa de Gómez ha sostenido que la herramienta nunca llegó a terminarse, que no se usó y que no causó perjuicio económico a la UCM.

Sin embargo, el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juzgado a finales de mayo concluía que la plataforma "fue dada por finalizada" y que, tras superar un proceso de pruebas funcionales, se puso "a disposición de grupos de pymes, mediante talleres promocionales y del público general a través del portal web transformatsc.org, según se tenía planificado desde un inicio".

La UCO llega a una conclusión similar respecto a la propia mercantil: frente a la versión de la defensa de que no tuvo "ningún tipo de actividad", los investigadores acreditan que emitió al menos dos facturas, por un total de 6.687,85 euros, a una pyme cuyos miembros se habían registrado en la plataforma. La sociedad operó entre noviembre de 2023 y junio de 2024, "tras la apertura de este procedimiento judicial", según recoge el informe.

La UCM, personada como acusación particular, reclama la restitución de 113.509 euros que cifra como perjuicio por la apropiación del software, de los que más de 78.000 corresponden a los contratos licitados con Deloitte. Y es que la UCO detectó también irregularidades en esas adjudicaciones. Los agentes aseguran que los requisitos de los contratos "se amoldaron a las condiciones predefinidas" por la consultora y la cátedra, con indicios de que Deloitte ya había iniciado funciones antes de la adjudicación del primer contrato.

El auto incorpora también declaraciones de directivos empresariales que colaboraron con la cátedra o mantuvieron reuniones con Gómez. Entre ellos figura un excolaborador del entonces presidente de Indra, Marc Murtra, que describió esos contactos como poco habituales y señaló que una reunión de ese tipo podría explicarse "por cortesía por ser esposa del presidente del Gobierno".

Cristina Álvarez

La investigación, que hasta principios de este año estuvo dividida en dos piezas separadas —una sobre la actividad de Gómez en la UCM y otra sobre el papel de Cristina Álvarez—, terminó unificándose al considerar el instructor que ambas líneas estaban conectadas. Álvarez fue contratada en 2018 por Presidencia del Gobierno como personal eventual, con funciones formalmente ligadas a la agenda de Begoña Gómez, y ha percibido desde entonces más de 400.000 euros con cargo a fondos públicos. La propia Gómez reconoció en su declaración judicial que Álvarez era amiga suya y que en ocasiones le había hecho "algunos favores".

El informe de la UCO de finales de mayo rechaza que su ayuda a Begoña fuera "ocasional". Según los investigadores, su tarea "responde íntegramente a funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra", y la consideran, a todos los efectos, "integrada en el equipo de trabajo" del proyecto. No obstante, la defensa de la exasesora —ejercida por el abogado José María de Pablo— ha alegado en varias ocasiones que dedicaba "medio minuto al día" a ese tipo de tareas y que no podría ser autora del delito de malversación en las circunstancias descritas, tal y como ya informó este periódico.

La Audiencia de Madrid puede tumbar las cautelares

Junto a la apertura de juicio, el magistrado ha impuesto medidas cautelares a Gómez y Álvarez: retirada de todos sus pasaportes, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes. Las medidas fueron solicitadas por las acusaciones populares durante la audiencia preliminar celebrada la semana pasada. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, las defensas podrán recurrirlas ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra sobre su mantenimiento o revocación.

La acusación popular que lidera Hazte Oír reclama una pena de 24 años de cárcel para Gómez, 22 años para Álvarez y seis para Barrabés. La Fiscalía, por el contrario, había pedido al juez el archivo del caso y ya avanzó que solicitará la absolución de los tres investigados en caso de que se abriera juicio oral, como finalmente ha ocurrido. La defensa de Gómez, encabezada por el exministro del Interior Antonio Camacho, había llegado a acusar a Peinado de actuar a una "velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado democrático, como si tuviera excesiva prisa".