El Gobierno se juega en el pleno del Congreso del próximo jueves una enmienda prácticamente a cara o cruz. Finalmente, se tendrá que votar entonces la ratificación o el rechazo del cambio que introdujo el PP en el Senado para prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes. El problema para el Ejecutivo es que los votos son muy justos en caso de que Junts, que ha proclamado su ruptura con los socialistas, se abstenga. Si se suma al bloque de PP-Vox-Unión del Pueblo Navarro, la enmienda popular saldrá adelante y formará parte de la nueva ley de movilidad sostenible.

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En las últimas semanas, los plenos en el Congreso se extienden en dos días (martes y miércoles), en lugar de en tres, precisamente por la dificultad que tiene la coalición de PSOE y Sumar para pactar iniciativas legislativas. Pero para este jueves el camino parecía más despejado porque se incluyeron dos leyes pactadas con Junts y que los posconvergentes indultaron porque habían sido negociadas antes de la ruptura. Por un lado, el hemiciclo aprobará el dictamen del proyecto de ley de atención a la clientela y lo mandará al Senado para que continúe su tramitación. Por otro, deberá pronunciarse acerca de las enmiendas que la Cámara alta introdujo la semana pasada a la ley de movilidad sostenible, norma que forma parte de un paquete de reformas de cuya aprobación depende la entrega a España de 10.000 millones de fondos europeos.

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El PP, con su mayoría absoluta, incluyó en la ley de movilidad sostenible una nueva disposición final por la que suprime la fecha del cese definitivo de explotación de las centrales de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes. Enmienda que previamente no había vetado el Gobierno. Así, el PP incorporó ese cambio en el trámite de ponencia (junto a otros muchos, y se hizo en bloque), y ya se quedó en la norma en los siguientes pasos en el Senado: en comisión y en pleno. En el texto se introdujeron más modificaciones, no solo a propuesta del PP, sino también de otros grupos. Por ejemplo, el PP logró que se aprobara la congelación de las tasas aeroportuarias que AENA cobra a las aerolíneas o la recuperación de las indemnizaciones para los viajeros de Renfe que sufran cancelaciones o retrasos. De Junts se aprobó más de una docena de enmiendas.

El PP coló en la ley de movilidad sostenible esa enmienda de prórroga de las nucleares, junto a otro bloque de modificaciones, en el trámite de ponencia, y ya se quedó en comisión y pleno

La ley de movilidad sostenible pasa esta semana su trámite último, ya en el Congreso. La idea primera del Gobierno, y de la que informó este diario, era vetar la enmienda del PP de prolongación de la vida útil de las instalaciones atómicas, agarrándose al artículo 134.6 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo mostrar su disconformidad con aquellas iniciativas que supongan una minoración de los ingresos o un aumento del gasto. Era la vía más sencilla para impedir que esa enmienda de los populares llegara al pleno, porque la Mesa de la Cámara baja, la que tiene que aceptar o rechazar ese no del Ejecutivo, está controlada por PSOE y Sumar, ya que cuentan con cinco representantes en total, frente a los cuatro del PP. Sacándola del texto, los socialistas se evitaban sustos en la sesión del jueves.

La enmienda introducida por el PP en el Senado que suprime la fecha de cierre de las nucleares.
La enmienda introducida por el PP en el Senado que suprime la fecha de cierre de las nucleares. | CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Pero el Gobierno ha preferido dar un paso atrás. Este martes se reunió a las 10 la Mesa de la Cámara baja y, aunque no habían llegado las enmiendas procedentes del Senado, adelantó su posición: no habría veto. El Ejecutivo entiende que no es posible oponerse a ese cambio planteado por el PP porque no tiene afectación presupuestaria. Podemos había presionado para que se ejerciera esa capacidad de veto, pero no hubo una reconsideración. En los socialistas opera una sentencia adversa del Tribunal Constitucional del pasado junio, que dio por unanimidad la razón al Senado en su pelea por el Gobierno y entendió que este se había excedido en su capacidad de veto. Resultado: la enmienda de la discordia, la de ampliación de Almaraz, Ascó y Cofrentes tendrá que ser analizada por el pleno este jueves, 13 de noviembre.

Al alinearse Coalición Canaria con el Ejecutivo, habría 172 votos contra la enmienda del PP y 171 en contra. Los siete diputados de Junts deciden

Y ahí el Ejecutivo encara una votación muy ajustada. PP, Vox y UPN suman 171 diputados, y el bloque de investidura, otros 171: PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), Podemos (4), BNG (1), el exministro José Luis Ábalos (1) y la parlamentaria de Compromís (1). La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se opondrá al cambio introducido por el PP, dado que la formación "siempre ha votado en contra de la energía nuclear". Habría por tanto 172 votos en contra de la enmienda por 171 a favor. Los siete representantes de Junts deciden. Si se abstienen (y nadie se equivoca o se ausenta), el Gobierno lograría sacar la prórroga de las nucleares de la ley. Pero si votan a favor de ratificar la propuesta del PP, la derrota será para el Ejecutivo.

La posibilidad del empate

En caso de empate, ¿qué ocurre? Para incluir la enmienda del Senado en el texto final, el Congreso la debe aceptar por mayoría simple, así que un empate, recuerdan en el Grupo Socialista, lleva a que "no se incorpore". Porque el artículo 88.1 del reglamento de la Cámara baja señala que cuando un empate se repite tres veces, el punto sometido a votación decae.

Los posconvergentes no quieren adelantar qué harán en la sesión del jueves, pero grupos como ERC o PNV, además de Podemos, sí se alinearán contra la ampliación de la vida útil de las nucleares

En principio, PSOE y Sumar contarán con sus socios habituales, a falta de saber qué hará Junts. Porque ERC se opondrá a la enmienda del PP, tal y como confirmaron fuentes del grupo a este diario, igual que el PNV. La posición de los republicanos es relevante porque en febrero el pleno del Congreso discutió una proposición no de ley de los populares que pedía la ampliación de la vida del parque nuclear que prosperó gracias a la ayuda de Vox y la abstención de ERC y Junts. Los nacionalistas vascos se alinearon ya entonces con el Ejecutivo y también lo hicieron esta vez en el trámite de ponencia en el Senado. Fuentes de la formación de Carles Puigdemont rehúsan adelantar qué harán en apenas dos días: "Desde Junts no avanzamos sentido de las votaciones". Podemos se opone, obviamente, a la modificación colada por el PP y ha planteado que todas las normas tengan carácter orgánico, lo que exige una votación de conjunto que ha de superarse con mayoría absoluta en el Congreso, "porque es la única forma de garantizar la votación final del texto y que este sale en las condiciones en que los grupos que la apoyan lo votan", en palabras de su líder, Ione Belarra.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados del pasado 29 de octubre de 2025. | EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, restaban hierro al cambio introducido por el PP en la ley de movilidad sostenible, porque las vigentes órdenes de renovación de la explotación de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes han permitido que las titulares de los dos reactores instalados en Cáceres —Iberdrola, Endesa y Naturgy— soliciten al Ejecutivo una prórroga hasta 2030. La fecha de cierre pactada en 2019 era 2027 para la unidad I y 2028 para el segundo reactor. Ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe hablar primero y emitir informe preceptivo, que sería vinculante en caso denegatorio. Después será el turno del Gobierno, pero para entonces habrán pasado, previsiblemente, varios meses.