El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha acordado suspender este lunes la declaración voluntaria del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez, que presuntamente colaboró con una red de narcotráfico para introducir 73 toneladas de cocaína en España desde el año 2020. Está acusado de haber acumulado más de 32 millones de euros gracias a su supuesta colaboración con el narco.

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Así lo indican fuentes jurídicas a El Independiente, que explican que el magistrado le ha propuesto convertir su declaración voluntaria en una indagatoria en la que comunicarle su procesamiento, que acordó la semana pasada. Sin embargo, la defensa de Sánchez se ha opuesto y ha pedido a De Jorge tiempo para, precisamente, poder estudiar el auto, a lo que el juez ha accedido.

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Más de un año de pesquisas después, el magistrado decidió procesarle tras constatar indicios de que el inspector percibió más dinero que el hallado inicialmente, en concreto 32.603.000 euros, según los análisis de teléfonos y dispositivos intervenidos y distintos informes policiales. El día de su detención, los agentes encontraron 20 millones de euros en las paredes de su casa.

El instructor sostiene que la colaboración del antiguo policía con la trama de narcotráfico investigada "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en las bases de datos policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización. Sánchez, en prisión provisional desde finales de 2024, había solicitado declarar voluntariamente.

Asimismo, la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado hoy la decisión del magistrado de arrestar el mes pasado a Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF, 72 horas antes de enviarle a prisión provisional tras recibir nuevas pruebas aportadas por la Policía.

Torán, que fue puesto en libertad el año pasado por un error judicial, fue detenido el 6 de febrero, tras acudir a declarar y anunciar el juez la celebración de una vistilla para valorar si volvía a entrar en prisión. Su defensa alegó que no había tenido suficiente tiempo para instruirse en los últimos informes aportados por la Policía, de modo que el juez le dio 72 horas para poder estudiarlos y decidió dejar detenido al investigado.

En un auto, la Sala argumenta que no cabe decretar la nulidad de la resolución que acordaba su detención ni tampoco la vistilla "al no concurrir causa alguna de nulidad y menos aún causante de una real y efectiva indefensión, por no existir vulneración alguna de los derechos de defensa ni de la libertad provisional".