Tras el varapalo de Bruselas a España por no haber traspuesto la directiva europea del IVA franquiciado —España es el único país de la Unión Europea que todavía no lo ha hecho—, el Gobierno de Canarias ha decidido tomar la iniciativa. El Ejecutivo autonómico elevará hasta los 50.000 euros el umbral de facturación a partir del cual los autónomos podrán acogerse a un régimen simplificado que elimina la obligación de repercutir el IGIC —el equivalente canario del IVA—, una medida que busca aliviar cargas administrativas en ausencia de una decisión estatal.

PUBLICIDAD

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha anunciado este miércoles que esta reforma podría beneficiar a cerca de 11.000 trabajadores por cuenta propia en el archipiélago. Así, la medida simplifica las obligaciones fiscales: los profesionales acogidos a este régimen pasarán de presentar cuatro declaraciones trimestrales a una única liquidación anual, reduciendo la carga burocrática y el riesgo de errores administrativos. De acuerdo con el Ejecutivo autonómico, se prevé aplicar el nuevo umbral a partir del 1 de julio de 2026, con efectos plenos desde enero de 2027.

PUBLICIDAD

Desde el Gobierno autonómico defienden que esta reforma responde tanto a la necesidad de adaptar el sistema a la normativa europea como a la situación económica actual: "Es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas, donde medidas de simplificación como el IGIC franquiciado son un desahogo en las cargas administrativas", señaló Domínguez.

Con este movimiento, Canarias se sitúa como la única comunidad que aplica de facto este modelo previsto en la normativa europea, incluso por encima del umbral medio de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros.

Bruselas presiona a España por el IVA franquiciado

La decisión del Ejecutivo canario se produce después de que la Comisión Europea haya llevado a España ante la justicia por no haber incorporado a su legislación la Directiva (UE) 2020/285, que establece un régimen especial de IVA para pequeñas empresas. Esta normativa permite a los Estados fijar un umbral de hasta 85.000 euros de facturación anual para acogerse a este sistema simplificado.

Organizaciones como Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han criticado el retraso del Gobierno central, recordando que la implantación de este régimen fue negociada durante meses con la Agencia Tributaria y que podría beneficiar a más de un millón de autónomos en España: "el IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo", señalaba su presidente, Eduardo Abad, en un comunicado de prensa el pasado miércoles.

De hecho, el incumplimiento sitúa a España como el único país de la Unión Europea que aún no ha adaptado su sistema fiscal a esta directiva, pese a que su objetivo es precisamente reducir cargas administrativas y facilitar la actividad económica de los trabajadores por cuenta propia.