Miss Asturias, en el Supremo: "Ábalos nunca me dijo 'te he enchufado'"

La declaración más esperada en el turno matinal de la segunda sesión del juicio del 'caso mascarillas' ha correspondido a Claudia Montes, vinculada a José Luis Ábalos. Montes ha reconocido que su relación con el exministro de Transportes y el exasesor Koldo García estuvo detrás de su llegada a Logirail, si bien ha negado haber sido "enchufada". "Ábalos nunca me dijo 'te he enchufado'", ha subrayado durante su testimonio, en el que ha defendido que accedió al puesto por sus propios méritos, pese a admitir contactos previos con ambos.

Ante las preguntas del fiscal Ignacio Luzón, la que fuera Miss Asturias en 2017 ha explicado que conoció al expolítico socialista en mayo de 2019, durante un mitin en Gijón, y que a partir de ahí iniciaron una relación de amistad en la que él le ayudó a formarse políticamente. Según su versión, fue en ese contexto cuando, al encontrarse en paro y siendo madre soltera, comentó su situación a Ábalos, quien le facilitó enlaces de ofertas de empleo en Logirail.

No obstante, Montes ha subrayado que no puede afirmar directamente si Ábalos o Koldo intervinieron para favorecer su contratación: "Ustedes me demuestran que hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque no lo sabía", ha afirmado. Su testimonio era uno de los más esperados en el segundo día de juicio, tras la declaración del martes de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien reconoció ante el Supremo que cobró de Ineco y Tragsatec sin prestar labores reales.

La testigo ha detallado que presentó su candidatura a través de uno de esos procesos y que fue seleccionada tras superar las pruebas. Primero trabajó como encargada de trenes turísticos y, posteriormente, ascendió a supervisora tras un periodo de formación, que incluyó desplazamientos a Santiago. Montes también ha explicado que el proceso de selección incluyó una entrevista telefónica con un responsable de la empresa y una posterior entrevista presencial con el gerente de la zona norte.

Respecto a los problemas laborales surgidos posteriormente en Logirail, ha asegurado que se debieron a un conflicto interno sobre su destino, ya que dos responsables querían asignarla a oficinas distintas, lo que la dejó "entre dos posiciones". Montes ha reconocido que trasladó esta situación a Ábalos, aunque ha dicho desconocer si él o Koldo realizaron alguna gestión al respecto.

Además, ha negado haber dejado de acudir a su puesto de trabajo, en contra de lo sostenido previamente ante la Sala por el exgerente de Logirail, José Ángel Menéndez, y ha asegurado que, ante la falta de instrucciones claras, acudía a una biblioteca donde "aprovechaba el tiempo" para formarse. En ese contexto, también ha señalado que Koldo llegó a presentarse como su jefe en calidad de consejero de Renfe.

Montes ha relatado que fue despedida de Logirail mediante un burofax mientras se encontraba de baja por acoso laboral. Según ha explicado a la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, notificó su situación a Recursos Humanos y a Riesgos Laborales antes de recibir la comunicación formal del despido. La testigo también ha resaltado que, durante su etapa en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, llegó a acumular hasta 80 horas extras y más de 21 días compensatorios.

En este juicio, además de analizar las irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, se investiga si el exministro de Transportes impulsó la contratación de las compañías de Rodríguez y Montes en entidades públicas, y si presionó a cargos públicos para evitar problemas tras su incorporación a estos puestos.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y al que fuera su mano derecha hasta siete delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada y prevaricación. Así, solicita para el ex titular de Transportes una pena de 24 años de prisión y otra de 19 y medio para Koldo, cifra que las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, elevan a 30 años. Para Aldama, considerado el presunto corruptor de la trama, la petición de condena se sitúa en siete años de cárcel tras habérsele aplicado una atenuante simple de confesión.