Tesh Sidi: "Marruecos negocia con una pistola encima de la mesa: Ceuta, Melilla y Canarias son sus balas"

Tesh Sidi recibe a El Independiente en el Congreso de los Diputados con una imagen que resume, dice, la relación entre España y Rabat. “No se puede negociar con Marruecos con una pistola encima de la mesa”.Y concreta sin rodeos, “las balas son Ceuta, Melilla y Canarias”.

A partir de ahí, la ingeniera informática y diputada saharaui de Sumar traslada esa idea a la política exterior española en el Magreb. En su opinión, las relaciones exteriores con Rabat no son un vínculo diplomático normal, sino como una relación de fuerza que condiciona las decisiones del Gobierno de España.

Ese condicionamiento se hace especialmente visible en el Sáhara Occidental, un conflicto que considera inseparable del vínculo entre ambos países. “Nuestra política exterior está condicionada por Marruecos”, resume durante la entrevista en la Cámara Baja. Y añade que esa influencia se traslada a ámbitos concretos del Gobierno, desde la política migratoria hasta la posición española en distintos foros internacionales. “No se puede entender lo que pasa con el Sáhara sin entender la relación estructural con Marruecos” sentencia.

Marruecos, Israel, Sánchez y Pegasus

En ese marco, Sidi amplía el foco hacia la coherencia de la política internacional española y europea, donde Sánchez aparece como un referente para muchos países por su lucha a favor de Palestina o Ucrania. La diputada se pregunta por qué España es especialmente dura con Israel mientras evita un choque equivalente con Marruecos, pese a la relación estratégica entre Rabat y Tel Aviv.

Sidi recuerda que el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha estado en el centro de investigaciones sobre espionaje político que ha afectado al entorno del presidente del Gobierno y al propio Pedro Sánchez. A partir de ahí, plantea una contradicción que atraviesa su diagnóstico político, ya que, si fuera cierto que Marruecos tiene información sensible de Sánchez a raíz de la injerencia de ese software, y al tratarse de un software israelí, Netanyahu también tendría esa información.

Una regularización sin saharauis

Sidi explica que ese acercamiento a Rabat no se queda en un terrero diplomático. Ella sostiene que tiene un reflejo directo en la política migratoria española, donde, a su juicio, se reproducen decisiones condicionadas por ese equilibrio de relaciones. En ese contexto sitúa lo que define como “racismo selectivo” en el nuevo proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno, que, denuncia, deja fuera a los saharauis con solicitudes de apatridia.

“¿Para qué levantas la liebre excluyendo a los apátridas?”, se pregunta durante la entrevista. No lo plantea como una cuestión técnica ni jurídica, sino como una decisión política con efectos directos sobre miles de personas que quedan atrapadas en un vacío legal prolongado.

La condición de apátrida, reconocida internacionalmente, debería funcionar como un mecanismo de protección, pero en la práctica se convierte en un limbo administrativo. “Hay personas que tienen que esperar tres años para poder trabajar”, denuncia. Y cuestiona el discurso institucional que acompaña estas medidas. “Que la ministra de migraciones salga a decir que los apátridas tienen garantías cuando no pueden trabajar ni moverse no es real”, afirma.

El debate ha sido señalado también por organizaciones sociales y colectivos saharauis, que alertan de una exclusión específica dentro del sistema de regularización extraordinaria. En su lectura, no se trata de un efecto colateral, sino de un diseño que prolonga situaciones de vulnerabilidad administrativa con impacto directo en el acceso al empleo, la estabilidad jurídica y la vida cotidiana de estas personas

Ley de nacionalidad saharaui

Tras conocerse que esa regularización extraordinaria de medio millón de personas en España no ampara a los saharauis, la diputada ha pedido reactivar la ley de nacionalidad saharaui, debatida en el Congreso de los Diputados y paralizada desde hace más de un año por el PSOE.

Esta norma tiene como objetivo por un lado, devolver la nacionalidad a quienes la tenían antes de 1975 y por otro, reducir los plazos para sus descendientes y equiparar su situación a la de otros colectivos migrantes en España.

“Es una cuestión de justicia mínima”, sostiene Tesh durante la conversación. No lo plantea como una concesión política ni como un gesto simbólico, sino como una corrección histórica pendiente. “Estamos hablando de personas que fueron españolas. El error fue quitarles esa nacionalidad”, añade, subrayando que el debate no parte de una demanda nueva, sino de una situación previa que fue interrumpida de forma abrupta con la descolonización del Sáhara Occidental.

El PSOE bloquea la norma

Sin embargo, la tramitación de la norma se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción de la legislatura. Aunque la ley cuenta con apoyos suficientes en el arco parlamentario para salir adelante, su recorrido ha quedado bloqueado durante meses en fase de ponencia. Sidi apunta directamente al PSOE como responsable de ese estancamiento. “Se han presentado enmiendas buenas, pero se ha bloqueado la ponencia durante un año. Eso también es una decisión política”, afirma.

El contraste, añade, es evidente entre el discurso público y la práctica parlamentaria. “Todo el mundo dice que apoya al pueblo saharaui cuando sale en televisión”, ironiza. “Pero luego la ley no avanza”.

En ese escenario, el Partido Popular ha introducido una enmienda que limita la aplicación de la norma a los nacidos antes de 1974, una restricción que en la práctica dejaría fuera a la mayoría de los potenciales beneficiarios. Sidi la considera inviable en términos demográficos y políticos. “Eso deja fuera a prácticamente toda una generación”, advierte. “Estamos hablando de personas muy mayores o directamente de gente que ya no está”.

Una "deuda histórica"

Pese a las diferencias y los bloqueos que han marcado la tramitación, la diputada insiste en que la estrategia no pasa por levantar muros con el resto de grupos parlamentarios, sino por mantener abierta la interlocución.

“No es una ley de Sumar ni mía”, subraya. Se trata de una iniciativa que debería ser "una cuestión de Estado. Una reparación mínima que debería salir adelante”, insiste, situando el debate no en la competencia partidista, sino en una deuda histórica que, a su juicio, sigue pendiente de resolución.

Ese debate legislativo, sin embargo, no se produce en el vacío. Sidi lo encadena directamente con el otro gran eje de la conversación política que atraviesa toda la relación entre España y el Sáhara Occidental, la posición de Marruecos y el margen real de autonomía que tiene el Gobierno español en el Magreb.

Marruecos, un actor de influencia

El conflicto saharaui no se entiende, a su juicio, sin esa arquitectura de poder. Y ahí la diputada de Sumar es especialmente contundente. “No se puede negociar con Marruecos con una pistola encima de la mesa”, repite. “Y esas balas son Ceuta, Melilla y Canarias”.

A partir de esa imagen, Sidi construye su diagnóstico de fondo sobre la política exterior española, que considera atravesada por una relación de dependencia estructural. “Nuestra política exterior está condicionada”, insiste, en referencia a una dinámica que, según explica, limita cualquier intento de posicionamiento autónomo en la región.

En su análisis, Marruecos no opera únicamente como socio bilateral, sino como un actor con capacidad de influencia en distintos planos de la política española y europea. Habla de su papel en la gestión de los flujos migratorios, de su peso en determinados acuerdos energéticos y de su posición estratégica en el norte de África como elementos que condicionan decisiones políticas de alcance mayor.

El Congreso como espacio de disputa

Sidi no idealiza la institución del Congreso de los Diputados. Al contrario, la describe como un espacio construido históricamente desde una lógica que no contempla trayectorias como la suya.

“No está pensada para que estemos aquí”, afirma durante la entrevista con El Independiente en la Cámara Baja. “No está diseñada para saharauis, ni para migrantes, ni para personas de luchas antirracistas”. En su diagnóstico, no se trata de una cuestión puntual de representación, sino de arquitectura institucional, de quién accede y en qué condiciones a los espacios de poder.

Su llegada al escaño, en cualquier caso, no ha modificado las condiciones materiales del pueblo saharaui. Sidi lo admite sin ambigüedades. “En el comer del pueblo saharaui no ha cambiado nada”, resume. Pero introduce una matización que considera clave para entender su papel político. “Sí ha cambiado la visibilidad y la batalla política”.

Desde esa posición, interpreta su presencia como algo más que representación individual. “Es una motita de memoria al pueblo español”, dice, en referencia a la carga histórica del conflicto saharaui dentro de la política española. Una forma de recordatorio constante de una relación que, en su opinión, nunca se ha cerrado del todo. “Es decir, hemos vuelto o nunca nos habíamos ido y estamos aquí en igualdad de condiciones”, añade.

Resistencia cotidiana

La actividad parlamentaria, reconoce, está atravesada por una intensidad constante que rara vez se percibe desde fuera. El desgaste no es solo político, sino también personal y emocional. “Se vive con mucha falta de sueño, con muchos enfados, con mucha presión mediática”, admite.

A ello se suma la exposición permanente a la controversia pública, especialmente en cuestiones como el Sáhara Occidental o la política migratoria, que han marcado su agenda desde el inicio de la legislatura, aunque reconoce que no le gusta que la encasillen como "la diputada saharaui", ya que ella es, además, ingeniera informática, mujer, racializada, feminista y muchas más cosas.

“Soy muchas más cosas”, afirma. Y añade una idea que atraviesa buena parte de su discurso parlamentario. “Los migrantes podemos hablar de economía, de política exterior o de vivienda. Reducirnos a una sola causa es una forma de limitarnos políticamente”.

Mantenerse en ese espacio, sin embargo, no lo interpreta como una renuncia ni como una carga exclusivamente individual, sino como una decisión política sostenida en el tiempo. “Abandonar los espacios sería lo egoísta”, afirma, situando su permanencia dentro de una lógica de responsabilidad colectiva más que de sacrificio personal.