El PSOE admite ahora que tiene "voluntad" de nacionalizar a los saharauis

El PSOE ha admitido ahora que la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española ha entrado en una fase de "negociación" con el resto de grupos parlamentarios. El movimiento supone un giro respecto a la situación de bloqueo y falta de avances que ha marcado la tramitación de la iniciativa en los últimos meses y abre la puerta a su posible desbloqueo en el Congreso, aunque desde el grupo de Sánchez avisan de que no hay un calendario definido.

Tras la reunión de los grupos parlamentarios, la ponencia de la Proposición de Ley ha quedado constituida, lo que permite reactivar formalmente el trabajo legislativo. En ese marco, el Grupo Socialista ha señalado que “se continúa así el trabajo parlamentario de negociación y acuerdo con el resto de fuerzas políticas”, subrayando además que “la voluntad del Grupo Socialista es lograr dicho acuerdo”.

Estas dos afirmaciones suponen el primer reconocimiento explícito de que la ley ha entrado en una fase de negociación política abierta. Esto llega después de un periodo en el que la iniciativa había quedado prácticamente estancada en el Congreso sin avances sustanciales. El PSOE evita, sin embargo, concretar plazos o compromisos sobre el resultado final del proceso, ya que por el momento no se ha establecido una fecha concreta para la próxima reunión de la ponencia.

Con voluntad pero sin fechas

La formulación utilizada por los socialistas, especialmente la referencia a la “voluntad” de alcanzar un acuerdo, marca un cambio de tono respecto a etapas anteriores de la tramitación, en las que la posición del partido había sido menos explícita. La ley, que busca reconocer el derecho a la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante la etapa en la que el Sáhara Occidental estaba bajo administración española, había quedado relegada en la agenda parlamentaria en un contexto de tensiones políticas y falta de impulso.

Durante este tiempo, el PSOE había evitado comprometerse públicamente con el avance de la norma, lo que en la práctica había contribuido a ralentizar su recorrido legislativo. La constitución de la ponencia supone ahora un punto de inflexión formal, aunque el propio grupo socialista insiste en que el proceso está abierto y sujeto a negociación con el resto de fuerzas.

La complejidad del escenario responde tanto a las implicaciones jurídicas de la propuesta como a su dimensión política. La cuestión saharaui sigue siendo un asunto sensible en el contexto de la política exterior española, especialmente tras el giro del Gobierno en su relación con Marruecos y el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Este marco condiciona cualquier avance legislativo relacionado con la situación del territorio y de sus ciudadanos.

El PSOE no pinta nada

En este contexto, la referencia del PSOE a su “voluntad de acuerdo” se interpreta como un intento de mantener el control del proceso sin cerrar en falso el debate ni asumir compromisos concretos sobre el contenido final de la ley.

Sin embargo, el futuro de la ley no depende exclusivamente del PSOE. En paralelo a la negociación socialista, se abre un escenario parlamentario alternativo que podría permitir la aprobación de la norma incluso sin el apoyo del grupo mayoritario del Gobierno. La ley para conceder la nacionalidad a los saharauis podría salir adelante en el Congreso si prospera un acuerdo entre Sumar y el Partido Popular.

Ambos grupos mantienen abiertas las negociaciones en la fase de ponencia, donde se está definiendo el contenido final del texto. Su entendimiento permitiría articular una mayoría suficiente para aprobar la norma, lo que supondría un escenario políticamente inédito en esta legislatura, en el que una iniciativa impulsada desde el bloque de investidura avanzaría gracias al respaldo de la oposición.

Feijóo y Yolanda Díaz

La clave de ese posible acuerdo está en el acercamiento de posiciones entre Sumar y el PP en cuestiones sensibles como el alcance de los beneficiarios o los requisitos de acceso a la nacionalidad. Mientras los de Yolanda Díaz defienden un enfoque amplio, los populares han planteado enmiendas más restrictivas, lo que obliga a ambas partes a explorar un punto intermedio que permita desbloquear la iniciativa.

Si ese acuerdo se concreta, la ley podría superar el bloqueo de más de un año y avanzar en su tramitación parlamentaria al margen del PSOE, que hasta ahora se mantenía en el ‘no’ pese a haber participado en la mejora técnica del texto durante fases anteriores del proceso.

Por el momento, no obstante, el proceso sigue abierto y condicionado a las negociaciones en curso. La constitución de la ponencia ha reactivado formalmente el debate legislativo, pero el resultado final dependerá de la capacidad de los distintos grupos para alcanzar un acuerdo sobre el contenido de la norma y sobre el equilibrio político que la haga viable en el Congreso.

El reconocimiento por parte del PSOE de que existe una negociación en marcha supone, en cualquier caso, un cambio relevante en el tono político con el que se ha abordado hasta ahora la ley saharaui. Tras meses de incertidumbre y falta de avances visibles, los socialistas admiten ahora que el futuro de la iniciativa pasa por el acuerdo parlamentario, aunque sin fijar aún ni el ritmo ni el alcance de ese eventual entendimiento.