El Ministerio del Interior ha abierto expedientes disciplinarios al ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) Juan Sánchez Yepes y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. Estos de los mandos aparecen en las investigaciones judiciales relacionadas con la presunta trama impulsada para obtener información sensible y desacreditar a la unidad de élite del instituto armado. Como medidas cautelares, Sánchez Yepes ha sido suspendido de funciones, mientras que Villalba ha sido cesado en su destino, según confirman fuentes de la Guardia Civil a El Independiente.
Las mismas fuentes explican que la apertura de expedientes disciplinarios es el procedimiento habitual cuando un agente resulta investigado judicialmente. Aunque estos procedimientos suelen quedar paralizados hasta que exista una resolución judicial, la normativa permite adoptar medidas cautelares mientras las causas continúan su tramitación. Ninguno de los dos desempeña actualmente funciones dentro de la Guardia Civil. Aunque ambos permanecen en activo a efectos administrativos y continúan recibiendo parte de sus retribuciones al no existir todavía una resolución judicial definitiva.
La situación administrativa de ambos es diferente. En el caso de Rubén Villalba, Interior ha acordado el cese en el destino, por lo que actualmente no ocupa ningún puesto dentro del cuerpo. En el caso de Sánchez Yepes, la medida adoptada ha sido la suspensión cautelar de funciones. Según las fuentes consultadas, las medidas tienen carácter provisional mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Los mandos vinculados a Leire Díez
Los expedientes afectan a dos mandos que aparecen citados en el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga el denominado 'caso Leire'. En dicha resolución, el magistrado describe una estructura presuntamente liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Esta organización tenía como finalidad "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
La resolución judicial sitúa a Rubén Villalba entre las personas con las que Leire Díez mantuvo contacto durante 2025. Según recoge el auto, la exmilitante socialista se reunió con el comandante en dos ocasiones. En ambas fue mientras trataba de obtener información relacionada con investigaciones policiales y con distintos mandos de la Guardia Civil.
Villalba se encuentra investigado en la causa de hidrocarburos por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Además, las anotaciones incorporadas a la investigación reflejan que el entramado habría llegado a ofrecerle el pago de una defensa y la posibilidad de recuperar su trayectoria profesional situándolo en "puestos de máxima responsabilidad". A cambio, según consta en los documentos citados por el juez, tendría que "intentar desmontar a la GC".
Un delito de revelación de secretos
La investigación también recoge que Leire Díez solicitó al comandante información sobre distintos responsables de la Benemérita y de la UCO. Entre ellos figuraba el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la unidad. El magistrado destaca igualmente una anotación atribuida a Villalba en la que se recoge el ofrecimiento para declarar como "testigo protegido" contra la Guardia Civil y, específicamente, contra la UCO y algunos de sus mandos.
Junto al comandante aparece igualmente el nombre de Juan Sánchez Yepes, ex capitán de la UCO. Según el auto, Yepes participó en una reunión celebrada en diciembre de 2024. En el encuentro también estaban el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez. Durante aquel encuentro facilitó información sobre la estructura y el funcionamiento interno de la unidad en la que había estado destinado.
El juez recoge varias manifestaciones realizadas por Sánchez Yepes durante aquella conversación. "La composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", afirmó en un momento de la reunión. Posteriormente añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". Pese a ello, el magistrado sostiene que atendió las peticiones de Leire Díez y aportó información sobre miembros de la unidad.
Balas como principal objetivo
La investigación sitúa además al teniente coronel Antonio Balas como "uno de los principales objetivos del grupo". De hecho, la propia Leire Díez llegó a afirmar en una de las primeras conversaciones que "necesito a Balas, así de claro". Según la resolución judicial, el entramado trató de obtener información sobre distintos mandos de la Guardia Civil y desarrolló actuaciones dirigidas a desacreditar a la UCO.
Entre esas actuaciones figuraban denuncias relacionadas con la actuación de los investigadores que posteriormente eran filtradas a medios de comunicación con la intención, según el juez, de "germinar el despectivo y contaminante término de UCO PATRIÓTICA". La organización también trató de impulsar sospechas sobre el trabajo de los agentes ante la Dirección General de la Guardia Civil y de recopilar información personal y reservada de distintos mandos de la Benemérita.
Una "guerra sucia"
Las revelaciones sobre estas maniobras han provocado una fuerte preocupación dentro del instituto armado. Asociaciones profesionales de guardias civiles denunciaron hace un año la existencia de una "guerra sucia" contra la UCO y criticaron la falta de respaldo a los investigadores que estaban al frente de algunas de las causas más sensibles.
Ahora, mientras las investigaciones judiciales siguen avanzando, Interior ha activado los mecanismos disciplinarios previstos para este tipo de situaciones. Los expedientes abiertos a Sánchez Yepes y Villalba continuarán su tramitación administrativa, aunque previsiblemente quedarán condicionados a la evolución de los procedimientos judiciales en los que ambos aparecen investigados.
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