La UCO analiza los teléfonos de dos directivos de Tubos Reunidos imputados en el 'caso Leire'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a analizar los móviles del director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y de uno de sus exconsejeros, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, según un auto al que ha tenido acceso El Independiente. Ambos se encuentran imputados en la rama del 'caso Leire' que investiga las presuntas gestiones desplegadas ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por parte del grupo integrado por la exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso.

El instructor autorizó a los agentes a clonar y volcar el contenido de ambos dispositivos con el objetivo de analizar las comunicaciones mantenidas por los directivos con el resto de investigados y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En el caso de Pérez Rodríguez-Urrutia, el escrito también aprobaba el registro de su despacho en la sede madrileña de Tubos Reunidos, así como el del puesto de trabajo de su secretaria. Estas diligencias tuvieron lugar el pasado 4 de junio.

Precisamente, este lunes el juez Pedraz acordó citar como investigados a estos directivos de la siderúrgica alavesa al apreciar los suficientes "indicios de criminalidad". En una providencia a la que accedió este periódico, el magistrado aceptaba la petición que le había formulado la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, imputando a otras 23 personas. Entre ellas, la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

A lo largo de 40 páginas, el Ministerio Público expuso en su escrito —consultado por este medio—, que los 25 citados debían ser investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro. Pedraz ha aceptado todas las imputaciones propuestas.

La reunión en Ferraz

Entre los principales indicios que sustentan la medida se encuentra una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la sede federal del partido en Ferraz. Según uno de los informes que los agentes de la UCO presentaron al juez, a ese encuentro asistieron López de las Heras, Rodríguez-Urrutia, Leire Díez, Vicente Fernández y el propio Cerdán para abordar las gestiones relacionadas con el rescate de Tubos Reunidos y las autorizaciones que la empresa necesitaba de la SEPI.

El instructor vincula ese encuentro con una "agenda de tapas rojas" de Cerdán que se intervino durante el registro de la sede socialista el pasado 27 de mayo. En ella aparecen anotaciones manuscritas realizadas por el ex 'número tres' del PSOE con referencias a "Carlos -- CEO", "Jesús", los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, la deuda de la compañía y la venta de un inmueble de Tubos Reunidos en Sestao por 15 millones de euros.

Las notas concluyen con la anotación "Julián Mateos -- SEPI", en referencia al director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), encargado del seguimiento del expediente del rescate concedido a la compañía.

Del rescate a las gestiones posteriores

La investigación sobre Tubos Reunidos constituye una de las principales líneas del denominado 'caso Leire'. La UCO sostiene que el grupo integrado por Díez, Fernández y Alonso realizó gestiones de intermediación ante el PNV y distintos responsables de la SEPI para propiciar la aprobación del rescate de 112,8 millones de euros, que finalmente le fue concedido a la compañía en julio de 2021.

Tras superar diversas reticencias internas en el Consejo Gestor, los investigadores sostienen que la empresa habría destinado cerca de 250.000 euros a retribuir las gestiones vinculadas al denominado grupo Hirurok —"nosotros tres", en euskera—, tanto para lograr la aprobación de la ayuda como para intentar modificar posteriormente algunas de las condiciones impuestas por la SEPI.

De esa cantidad, unos 114.950 euros fueron abonados entre 2021 y 2023 a la mercantil Mediaciones Martínez, vinculada a Antxón Alonso, mientras que otros 132.500 euros fueron percibidos directamente por Vicente Fernández entre finales de 2023 y 2025 mediante distintos contratos de asesoramiento suscritos con Tubos Reunidos.

El papel de los dos directivos

La Fiscalía atribuye a Carlos López de las Heras un doble papel en la operación. Por un lado, fue quien formalizó en noviembre de 2020 la solicitud del rescate ante la SEPI. Por otro, una vez nombrado primer ejecutivo de la compañía en agosto de 2023, habría garantizado la continuidad de los pagos a Vicente Fernández para retribuir las gestiones que, según la investigación, el grupo seguía realizando ante el holding público.

Según Anticorrupción, esas gestiones incluían la renegociación de las condiciones financieras del rescate y la obtención de nuevas autorizaciones, entre ellas la que permitiera a Tubos Reunidos disponer de los fondos obtenidos con la venta del inmueble de Sestao sin destinarlos íntegramente a amortizar la deuda con la SEPI.

La investigación también sitúa a López de las Heras en las gestiones para renegociar las condiciones financieras del rescate y para obtener la autorización de la SEPI que permitiera a Tubos Reunidos disponer de los fondos obtenidos tras la venta de un inmueble en Sestao sin destinarlos íntegramente a amortizar la deuda. Por esa intermediación, según la Fiscalía, se habría pactado un nuevo pago de 40.000 euros a Vicente Fernández Guerrero.

Respecto a Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, el Ministerio Público le atribuye un papel de coordinación entre la compañía e Hirurok. Entre los indicios figura un mensaje enviado en febrero de 2021 en el que proponía controlar el expediente del rescate al margen del consejo de administración: "Cuando nos toque controlaremos esto tú y yo con Vicente y Miguel Ángel (...) De cara a nuestro consejo, mejor dejar esto de lado".

La Fiscalía sostiene igualmente que fue él quien diseñó el denominado "plan de pasos" que Vicente Fernández debía seguir en sus contactos con Julián Mateos-Aparicio, responsable del seguimiento del expediente en la SEPI, para tratar de rebajar los intereses del préstamo concedido a Tubos Reunidos y modificar sus condiciones.

Asimismo, los investigadores sostienen que, en noviembre de 2024, Rodríguez-Urrutia remitió a Leire el borrador del escrito con el que la compañía pretendía solicitar a la SEPI autorización para disponer de los fondos procedentes de la venta del inmueble de Sestao. Según la tesis del Ministerio Público, el documento fue revisado y corregido por la exmilitante socialista antes de ser remitido finalmente al organismo público.