El disco duro que podría tumbar la causa contra Zapatero en la Audiencia Nacional

La causa que ha llevado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a declarar ante la Audiencia Nacional como investigado por blanqueo y tráfico de influencias podría haberse construido sobre una prueba "ilícitamente analizada". O eso es, al menos, lo que sostiene la defensa del exdirigente socialista en el escrito que ha presentado esta semana ante el juez José Luis Calama reclamando la nulidad de las actuaciones por una supuesta vulneración de sus derechos.

Según recoge el documento, al que tuvo acceso El Independiente, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF accedieron al material de un disco duro intervenido a otro de los investigados —el abogado Miguel Palomero— "sin autorización judicial", y apunta que sobre él se sustentó el conjunto de la instrucción que ha desembocado en la imputación de Zapatero. El juez Calama analiza si el expresidente habría liderado una trama de influencias para favorecer el rescate público de 53 millones de euros que se concedió a Plus Ultra en marzo de 2021.

Un disco duro de cuatro terabytes

En el centro de la controversia aparece un disco duro de cuatro terabytes que acabó en poder de Anticorrupción tras unos registros ejecutados por la Policía el 24 de octubre de 2024 a petición de las autoridades de Francia y Suiza. En aquellas entradas se intervino abundante documentación digital, entre ella información procedente del despacho y del domicilio de Palomero, incluidas conversaciones de WhatsApp que posteriormente fueron analizadas por los investigadores españoles.

La defensa de Zapatero, ejercida por el catedrático en Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, sostiene que ese material fue obtenido inicialmente para atender una orden europea de investigación cursada por Francia y una comisión rogatoria de Suiza, por lo que su utilización posterior en una causa española requería una autorización judicial específica. Sin embargo, Moreno Catena asegura que esa resolución no consta en las actuaciones.

Según expone el escrito, tras ser inadmitida por falta de competencia una primera denuncias sobre el caso presentada por Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía abrió en enero de 2025 unas diligencias preprocesales con el objetivo de examinar el material intervenido en aquellos registros. Fue en ese marco donde se habrían analizado los contenidos almacenados en el referido disco duro, que contenía copias de la información extraída durante los registros.

"De no contar con dicha autorización, como parece colegirse de autos, nos encontramos con una injerencia no autorizada en el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de los datos personales del señor Palomero", afirma el escrito de Moreno Catena. A su juicio, ello supondría que Fiscalía y Policía manejaron "una prueba ilícita" desde el origen mismo de la investigación, que "debe ser excluida" para evitar "que se lamine el derecho a un proceso con todas las garantías de los investigados".

"Sustenta la imputación" de Zapatero

Para el abogado de Zapatero, la relevancia de esta cuestión va más allá de una posible afectación a los derechos de Palomero. El escrito sostiene que esas conversaciones fueron utilizadas por Anticorrupción para construir los informes policiales que posteriormente sustentaron la denuncia presentada en noviembre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, origen de la investigación que acabaría llegando a la Audiencia Nacional a finales de febrero de este año.

"Las comunicaciones analizadas han sido utilizadas por el Ministerio Fiscal e incorporadas a esta causa para sustentar la imputación que ahora afecta a mi defendido", señala Moreno Catena, que reivindica el derecho de Zapatero a que se determine si la fuente de prueba y todas las evidencias derivadas de ella fueron obtenidas de forma regular.

El abogado argumenta además que la Fiscalía no podía continuar desarrollando "investigaciones paralelas" una vez que los hechos ya se encontraban judicializados. Según argumenta, las diligencias abiertas por Anticorrupción en 2025 supusieron una invasión de competencias vulneraron el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: "La Fiscalía asumió competencias de investigación que estaban ya reservadas al Juez instructor".

Sobre esa premisa, la defensa plantea una suerte de efecto dominó procesal con "nulidades encadenadas". Si el análisis de esos mensajes fue irregular, quedarían contaminados los informes policiales elaborados a partir de ellos, la denuncia que dio origen a la causa y las actuaciones posteriores acordadas durante la instrucción. Entre ellas, los registros practicados en diciembre de 2025 y mayo de 2026, el bloqueo parcial de cuentas del expresidente y la pieza separada abierta por presunto delito fiscal por las joyas que se hallaron en su despacho, y cuyo valor preliminar se fijó en 1,3 millones de euros.

Por ello, Moreno Catena solicita la nulidad de una docena de resoluciones judiciales dictadas durante la investigación y reclama la expulsión del procedimiento de todas las pruebas obtenidas a partir de las diligencias de investigación abiertas por Anticorrupción.