El 18 de marzo de 2021, Plus Ultra recibió los primeros 19 millones del rescate de 53 millones de euros con el que el Gobierno pretendía salvar a la aerolínea de la quiebra. Ese mismo mes, casi 16 millones salieron de las cuentas de la compañía hacia el extranjero. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan que fueron a parar a una red de blanqueo. Sin embargo, el presidente y el CEO de la aerolínea, Julio Martínez Solá y Roberto Roselli, aseguran que parte de la ayuda la destinaron a devolver los préstamos que habían solicitado meses antes a varias sociedades extranjeras para sobrevivir a su "pésima coyuntura económica".
Así consta en los escritos que ambos presentaron este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que tuvo acceso El Independiente. En ellos, la cúpula de Plus Ultra no niega que parte del dinero del rescate acabara en sociedades radicadas en Reino Unido, Gibraltar, Puerto Rico o Mauricio. Lo que sostiene es que esas transferencias no constituyeron un desvío de fondos públicos, sino la devolución de los denominados "préstamos puente" que permitieron mantener la actividad de la compañía entre octubre de 2020 y febrero de 2021, cuando el rescate todavía no había sido aprobado.
Según su versión, la aerolínea obtuvo durante esos meses un millón de dólares y 1,35 millones de euros de cuatro sociedades extranjeras —Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp Casa de Valores y Valerian Corporation Limited— para afrontar gastos corrientes mientras esperaba la resolución del expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una vez ingresado el primer tramo de la ayuda pública, procedieron a devolver ese dinero junto con los intereses pactados, fijados en un 9% anual. En total, unos 2,3 millones de euros.
En concreto, Roselli y Martínez Solá detallan que Plus Ultra devolvió unos 522.400 dólares a Wailea Investment el 25 de marzo de 2021; casi 920.900 euros a Valerian Corporation un día antes; y unos 545.200 dólares a Panacorp. Respecto a Allpa Wira Trading, sostienen que la devolución de casi 520.000 dólares no se realizó mediante varias transferencias diferentes, sino a través de un único pago que tuvo que intentarse hasta en cinco ocasiones por incidencias bancarias, primero hacia cuentas en Suiza, después en Montenegro y, finalmente, en Mauricio, donde la operación pudo completarse el 4 de mayo.
Una versión que choca con la UDEF y el juez Calama
La versión de la compañía choca, sin embargo, con la investigación de la UDEF y con las conclusiones que ya ha plasmado el juez Calama en varios de sus autos. Para los investigadores, esas sociedades formaban parte de una estructura internacional dedicada al blanqueo de capitales dirigida por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven. En palabras del propio instructor del 'caso Plus Ultra', ambos gestionaban una suerte de "pseudobanco" que mezclaba fondos de origen ilícito, los invertía y posteriormente los reintegraba aparentemente "limpios" a sus clientes mediante sociedades pantalla y cuentas repartidas entre Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro o Isla Mauricio.
Los informes policiales que este periódico ha podido consultar sostienen que Wailea Investment, Allpa Wira Trading y Valerian Corporation funcionaban como sociedades instrumentales de esa organización y que el dinero del rescate fue transferido a sus cuentas apenas unos días después de llegar a Plus Ultra. El objetivo era, según la UDEF, introducir fondos públicos en una red financiera opaca para dificultar su rastreo.
Pero los investigadores no niegan la existencia de esos "préstamos puente" que ahora justifican los directivos de la aerolínea existieran, sino su verdadera naturaleza. Los agentes sostienen que las sociedades que aportaron esos fondos formaban parte del "pseudobanco" de Baca y Verhoeven, y que la operativa diseñada alrededor de esos préstamos permitió sacar al extranjero parte de los 53 millones de euros del rescate que la SEPI concedió a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021.
Descargan la gestión en Rodolfo Reyes
Precisamente para desmontar esa tesis, Roselli y Martínez Solá sitúan toda la operativa en el que fuera accionista de facto de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, al que atribuyen el "dominio del hecho" sobre la búsqueda y gestión de esa financiación. Ambos sostienen que, aunque ellos firmaran los contratos de préstamo, fue Reyes quien negoció personalmente con los prestamistas y quien les ocultó quién estaba realmente detrás de algunas de esas sociedades.

Como prueba, incorporan una conversación de WhatsApp del 24 de agosto de 2020, localizada en el teléfono intervenido a Reyes y que ambos ratifican expresamente en su escrito. En ella, cuando Roselli le pide la relación de los inversores que habían aportado fondos a una emisión de la compañía, Reyes enumera varias entidades y añade una última: "Valerian soy yo". Para los dos directivos, ese mensaje demuestra que Reyes ocultó al consejero delegado que era él mismo quien se encontraba detrás de una de las sociedades que meses después concedería financiación a Plus Ultra.
El "maquillaje" de las cuentas ante la SEPI
Esa versión de los directivos de la aerolínea sobre los "préstamos puente" tampoco coincidiría con el contenido de las comunicaciones que la UDEF ha intervenido y que este periódico ha podido consultar. El 17 de diciembre de 2020, cuando la SEPI todavía analizaba el rescate, Roselli explicó en un audio a Rodolfo Reyes cómo iba a responder a las preguntas del organismo sobre la situación financiera de la compañía: "Les voy a decir que los fondos siguen retenidos (…) estamos redactando unos documentos (…) un poco más de maquillaje en cuanto a eso (...) y veremos cómo podemos ir moviendo dinero".
Para la UDEF, el mensaje revela la intención de trasladar a la SEPI "un relato no coincidente con la realidad", alterando la documentación relativa a la financiación concedida por Panacorp. Los agentes subrayan que Reyes figuró como director de finanzas de esta sociedad.
La 'mordida' del 1% para 'Julito'
Los escritos de Roselli y Martínez Solá también reconocen que Plus Ultra abonó una comisión del 1% del rescate a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los exdirectivos sostienen que esos pagos respondían a servicios de asesoramiento estratégico y que se fueron abonando de forma fraccionada a través de tres mercantiles vinculadas a 'Julito': Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe, "junto con otros pagos en especie". Entre ellos, "numerosísimos" vuelos en clase business "que solicitó y no pagó (hasta 46)", valorados en 69.000 euros. Todo ello suma 527.417 euros y es, "materialmente", el 1% acordado.
La UDEF sostiene, sin embargo, que esos contratos fueron sirvieron para encubrir el pago de una 'mordida' por la influencia ejercida por Martínez Martínez y el expresidente Zapatero para que se les concediera el rescate. Una tesis que conecta con el escrito presentado por el propio empresario el pasado lunes, en el que aseguró que Análisis Relevante era el "vehículo" a través del que Zapatero desarrollaba su actividad profesional, que fue el expresidente quien captó a Plus Ultra como cliente y que era él quien "marcaba los pasos a seguir" para conseguir la ayuda pública. No obstante, un día después, durante su declaración como investigado, Martínez evitó concretar qué gestiones realizó Zapatero, con quién habló dentro del Gobierno o de la SEPI o qué intervención tuvo para que prosperara el rescate, limitándose a afirmar que lo desconocía.
Las propias conversaciones intervenidas a Roselli lo sitúan en esos términos meses antes de que se formalizara nada, tal y como se extrae de los informes que este periódico ha podido consultar. El 18 de mayo de 2020, al enterarse de la estructura que estaba montando Martínez —la "finance boutique"—, escribió a Reyes: "Así que por ahí vendrá la mordida". También, el mismo día en que el Consejo Gestor de la SEPI aprobó la ayuda, el 2 de marzo de 2021, Martínez Martínez bromeó en una comida sobre que "la SEPI no aprueba esos gastos". Roselli fue entonces más explícito de lo que ahora sostiene por escrito: "Tranquilo, eso sale del 1%".

Un último audio, que Roselli envió al propio Martínez Martínez el 14 de abril de 2021, retrata una relación bien distinta de la de un asesoramiento institucional al uso: "Mi querido y estimado gran amigo, que me tienes abandonado (...) solo me llamas para cobrar, ¿no? Ya lo tengo apuntado aquí, te estoy poniendo en la lista negra".
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