El 'narcopoli' de la UDEF podría quedar libre en dos meses si el juez no prorroga su prisión provisional

Óscar Sánchez Gil lleva casi dos años entre rejas. El exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue detenido el 8 de noviembre de 2024 después de que los investigadores encontraran más de 20 millones de euros emparedados en sus viviendas y en su despacho oficial. Desde entonces, permanece en prisión provisional mientras la Audiencia Nacional trata de desentrañar su presunta implicación en una trama de narcotráfico y blanqueo. Pero ahora, el primer plazo máximo de preventiva está a punto de agotarse y el juez que le investiga, Francisco de Jorge, tendrá que decidir si prorrogarla o no.

Según confirman fuentes conocedoras del procedimiento a El Independiente, el instructor ha fijado para el próximo 30 de septiembre la vista para abordar esta cuestión. A ella acudirán el magistrado, la Fiscalía y la defensa de Sánchez Gil, que podrán exponer sus argumentos antes de que el juez decida sobre la continuidad de la prisión.

El horizonte está en el próximo 8 de noviembre, cuando vence el primer plazo máximo que fija la ley para mantener a una persona en prisión provisional. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un límite ordinario de dos años para los delitos con una pena máxima superior a tres años —como el narcotráfico, la organización criminal o el blanqueo de capitales que se investigan en esta causa—, aunque permite prorrogar la medida por otros dos años. Por tanto, en el caso del 'narcopoli' la prisión provisional podría prolongarse hasta un máximo de cuatro años si De Jorge acuerda finalmente la prórroga, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.

En todo caso la extensión no es automática, ya que el juez tendrá que valorar en la 'vistilla' del 30 de septiembre si siguen concurriendo los motivos que justifican la prisión provisional. La última vez que la Audiencia Nacional se pronunció sobre su situación fue el 16 de mayo de 2025. La defensa del 'anodino' había recurrido la medida alegando que se había vulnerado su derecho de defensa y que no existían razones suficientes para mantenerle privado de libertad. La Sala de lo Penal rechazó sus argumentos y confirmó la prisión provisional, respaldando la existencia de riesgo de fuga.

Entonces, los magistrados consideraron que la gravedad de los hechos que se le atribuían y las cantidades de dinero que manejaba hacían posible que tratara de escapar de la Justicia. Durante los registros, los investigadores localizaron 448.110 euros en efectivo en una segunda residencia de Sánchez Gil y otros 896.400 euros en los muebles que utilizaba en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, además de otras cantidades ocultas en dobles fondos de techos y paredes, compartimentos construidos expresamente para esconder dinero, cajas fuertes y el jardín exterior. La Sala consideró que ese dinero, unido a los pagos que el funcionario habría recibido durante años por sus servicios —más de 1,7 millones de euros—, apuntalaba los indicios de su presunta actividad delictiva.

"El riesgo de sustracción a la acción de la Justicia resulta evidente", concluía la Sala en su auto. Los magistrados añadían que su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parecía manejar podían facilitar tanto su desplazamiento al extranjero como su ocultación en España para evitar una eventual condena, sin que su arraigo familiar fuese suficiente para neutralizar ese riesgo.

Más de un año después, la situación procesal de Sánchez Gil ha cambiado, aunque la investigación sigue abierta. El 13 de mayo de este año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó el procesamiento que De Jorge había dictado en febrero contra Sánchez Gil, contra Ignacio Torán —el presunto líder de la trama— y contra el resto de investigados. Lo hizo al estimar un recurso de la Fiscalía Antidroga que consideraba prematura la decisión del juez. Los magistrados calificaron entonces la instrucción de "inconclusa" y reprocharon al juez unas descripciones "particularmente parcas" de las imputaciones. La revocación del procesamiento no supuso el archivo de la causa ni el levantamiento de la prisión provisional, sino que devolvió la investigación a una fase anterior al considerar la Sala que todavía quedaban diligencias por practicar.

La causa gira en torno a una presunta organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de los beneficios obtenidos con la droga. Los investigadores sitúan a Ignacio Torán entre los principales responsables de la estructura y como uno de los interlocutores de Sánchez Gil. Las pesquisas se intensificaron después de que el 14 de octubre de 2024 la Policía y la Agencia Tributaria incautaran más de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, el mayor alijo de esta droga intervenido hasta entonces en España.

Según la investigación, el 'anodino' habría utilizado su posición dentro de la Policía para favorecer a la organización, entre otras cosas mediante consultas en las bases de datos policiales que le habrían permitido conocer las investigaciones abiertas sobre sus integrantes. Los investigadores sostienen que el exjefe de la UDEF habría participado en la introducción de al menos 39 contenedores con unas 73 toneladas de cocaína, de los que solo dos fueron intervenidos, y que Torán le habría pagado más de 32 millones de euros por su colaboración.