La silla vacía de Marlaska

A las once de la mañana de este miércoles, en la sala donde el Senado había citado al ministro del Interior para que diera cuenta de la crisis migratoria de Ceuta, había una silla vacía. Fernando Grande-Marlaska no se presentó. No delegó, no envió una excusa formal a la Mesa, no mandó a un secretario de Estado a leer un informe en su nombre. Simplemente no fue. Media hora más tarde convocaba a la prensa y se reunía con los responsables de Protección Civil y con la Agencia Estatal de Meteorología para preparar el dispositivo del eclipse solar que esa misma noche cruzaría el cielo de España. El ministro del Interior tuvo tiempo, esa mañana, para la sombra de la luna. No lo tuvo para la de Ceuta.

La cita venía de lejos y estaba bien documentada. La noche del 30 al 31 de julio entraron de forma irregular en Ceuta, desde Marruecos, más de setenta mil personas; a mediados de agosto siguen en la ciudad entre ocho mil y once mil, según estimaciones del propio Gobierno ceutí. El 6 de agosto, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado registró un escrito, el número 90.049, pidiendo habilitar el mes para que las comisiones de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores celebraran sesiones extraordinarias. Dos días después, el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, remitió sendas cartas a Grande-Marlaska, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fijando las fechas, el 12 de agosto para Interior, el 13 para Defensa, luego trasladado al 18, el 17 para Exteriores. En esas cartas, Rollán advertía de que la inasistencia podía acarrear consecuencias legales y la exigencia de responsabilidades.

La obligación de comparecer no es una interpretación generosa del reglamento, es su letra. El artículo 66.2 del Reglamento del Senado establece que los miembros del Gobierno están "obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos", y esa obligación se sostiene en los artículos 76 y 110 de la Constitución de 1978, que reconocen a las Cámaras la facultad de reclamar la presencia de los ministros para ejercer su función de control. El propio Partido Popular reformó ese artículo 66.2 en noviembre de 2025, aprovechando su mayoría absoluta. El PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional otros ocho artículos de aquella reforma. No recurrió el 66.2. La norma que hoy incumple el ministro es, también, una norma que su propio partido dejó pasar sin impugnar.

No es la primera vez que el Gobierno elige no comparecer ante el Senado. Tras el accidente ferroviario de Adamuz, el propio presidente Pedro Sánchez fue citado por la Cámara y se negó a acudir, alegando que daría explicaciones en el Congreso; envió en su lugar al ministro de Transportes, Óscar Puente. El Senado elevó entonces el conflicto al Tribunal Constitucional, que admitió la queja a trámite en mayo. El procedimiento sigue abierto. La ausencia de Grande-Marlaska no es un episodio aislado, es la repetición de un patrón que ya está, sin resolver, en manos del máximo intérprete de la Constitución.

El argumento del Gobierno es que los tres ministros, junto con el titular de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán por iniciativa propia en el Congreso el 25 de agosto, y que hacerlo también en el Senado supondría una duplicidad; sostiene además que el Congreso es la cámara constitucionalmente prevalente. La Presidencia del Senado rechaza esa lectura: entiende que ambas cámaras ejercen la función de control en igualdad de condiciones, y que ningún precepto constitucional autoriza a un ministro a elegir a qué cámara acude. Es un argumento con su propia lógica, la Constitución no jerarquiza a las Cámaras en su función de control, y uno que el Gobierno no ha conseguido hacer valer ante ninguna instancia hasta ahora.

La obligación de comparecer no es una interpretación generosa del reglamento, es su letra

Esta mañana, con la silla de Marlaska vacía y los senadores del PSOE también ausentes de la sala, el presidente de la comisión de Interior, el popular Fernando Martínez-Maíllo, abrió la sesión señalando el hueco y lo calificó de "una falta de respeto" a la Cámara Alta. Recordó que, cuando se pidió la habilitación de agosto, la respuesta del Gobierno fue que no había tiempo material para organizar la comparecencia, una respuesta que llegó antes de que se anunciara la cita en el Congreso a finales de mes. Añadió que un ministro no puede escoger libremente ante cuál de las dos cámaras se presenta. El 17, le toca el turno a Albares, el 18 a Robles. Nada indica, por ahora, que las sillas vayan a ocuparse.

Cabe preguntarse qué habría ocurrido en Londres. La respuesta no es tan simple como parece. El poder de los select committees de la Cámara de los Comunes para citar y, llegado el caso, declarar en desacato, el mismo que se aplicó a Dominic Cummings en 2018 o a los Murdoch durante el escándalo de las escuchas telefónicas en 2011, tiene una excepción precisa: no alcanza a la Corona, y un ministro comparece como representante del Gobierno de Su Majestad. Formalmente, ningún comité puede obligar a un ministro británico con la misma contundencia jurídica con que el artículo 66.2 obliga a uno español. La comparación, sin embargo, no favorece a Madrid.

Hay un precedente cercano. En la primavera de 2020, en plena pandemia, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, rechazó cuatro citaciones sucesivas del Home Affairs Committee y ofreció en su lugar reuniones privadas. Ante las quejas de su presidenta, Yvette Cooper, la propia Patel llegó a escribir que lamentaba "el tono cada vez más crispado" de los intercambios, y acabó accediendo a fijar fecha para finales de ese mes. El episodio quedó como una mancha en su gestión de la crisis, no como un pulso institucional. Nadie discutió durante semanas ante qué cámara debía dar explicaciones, porque en Westminster la que cuenta, la que puede derribar a un Gobierno con una moción de confianza, es una sola.

Y si la urgencia lo exige, ni siquiera hace falta esperar a que un comité fije fecha: cualquier diputado puede pedir al Speaker una Urgent Question y, si se concede, el ministro debe subir a la tribuna esa misma tarde a explicarse, sin cartas cruzadas, sin plazos de dos semanas, sin debate sobre cuál es la cámara prevalente. Eso es, en el fondo, lo inconcebible. No que un ministro británico jamás falte a una cita, ya ha ocurrido, sino que el choque se resuelva en horas y no en semanas, y que nunca dependa de una discusión sobre qué cámara tiene preferencia constitucional para pedir cuentas.

Hay otra comparación, más incómoda todavía, que tiene que ver con quien preside la Cámara y no con quien se sienta en el banco azul. En Westminster, el Speaker de los Comunes renuncia a su partido en el momento de ser elegido y no vuelve a la política partidista ni siquiera después de dejar el cargo; se presenta sin oposición de los grandes partidos en las siguientes elecciones, y su sueldo se paga al margen del presupuesto anual de la Cámara, precisamente para blindar esa neutralidad. La sola sospecha de parcialidad basta para desatar una crisis: en 2024, Lindsay Hoyle estuvo a un paso de la dimisión por alterar una convención centenaria del procedimiento y facilitar un voto que, según sus críticos, beneficiaba al Partido Laborista, la oposición, no al Gobierno. Un solo gesto, y todo Westminster pidiendo explicaciones.

En el Congreso de los Diputados, Francina Armengol lleva desde agosto de 2023 señalada por el PP y Vox por falta de imparcialidad, sin que ello haya comprometido un solo día su continuidad. El PP sostiene que mantiene bloqueadas treinta y seis proposiciones de ley remitidas por el Senado, cuatro de ellas paralizadas desde hace más de dos años, entre ellas la derogación del Impuesto sobre Sucesiones y la reforma del Registro Civil, y ha llevado ese bloqueo ante el Tribunal Constitucional. Ningún Speaker británico sobreviviría un año a una acusación semejante. En España, forma parte del paisaje.