El CGPJ recuerda a Marlaska que todos los agentes se consideran Policía Judicial tras el desprecio de Interior al CENIF

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha respondido este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordándole que la función de Policía Judicial corresponde a "todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", "cualquiera que sea su naturaleza y dependencia". La respuesta llega después de que Interior marcara ayer distancias con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad que elaboró el informe sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta remitido a la Audiencia Nacional.

Perelló ha respondido así a la carta que Marlaska —magistrado y exjuez de la Audiencia Nacional— le envió para trasladarle su "preocupación" por la decisión de la jueza María Tardón de impedir que los agentes encargados de las pesquisas sobre Ceuta informen a sus superiores sobre la elaboración y el contenido del informe policial, tal y como avanzó El Independiente. El ministro defendía que, pese a la dependencia de la Policía Judicial de jueces, tribunales y Fiscalía, los agentes pudieran trasladar también al Gobierno información relevante para la gestión de una crisis que el Ejecutivo declaró de interés para la seguridad nacional.

En su escrito, la presidenta del CGPJ recuerda que la Constitución establece un deber general de colaboración con los órganos judiciales para todos los ciudadanos y uno específico para la Policía Judicial, según han trasladado este jueves fuentes judiciales a este periódico. Cita además la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y un Real Decreto —el 769/1987— para subrayar que esta función corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".

Obligación de guardar "rigurosa reserva"

En este punto, la normativa sobre Policía Judicial también establece límites a la difusión de la información obtenida durante una investigación. El artículo 15 del Real Decreto 769/1987 obliga a los funcionarios de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial a guardar "rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas, así como sobre las informaciones obtenidas a través de ellas. La infracción de este deber puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

La propia norma contempla una excepción para la coordinación interna: permite el intercambio de información dentro de la Unidad Orgánica para mejorar la eficacia de los servicios, salvo que exista una prohibición expresa del juez o fiscal competente.

Interior desacreditó al CENIF como unidad investigadora

La precisión de Perelló se produce un día después de que el Ministerio del Interior difundiera una nota destinada a explicar precisamente la "naturaleza" del CENIF. El departamento de Marlaska subrayó que este centro "no tiene la consideración de unidad investigadora con el carácter orgánico de Policía Judicial", como sí ocurre con otras unidades de las comisarías generales de Información, Policía Judicial y Extranjería y Fronteras.

Interior también señaló que el CENIF no tiene la consideración de unidad o servicio de Información, que no dispone de personal desplegado en Marruecos y que es "inusual" que desarrolle actividades bajo mandato de una autoridad fiscal o judicial. Sobre el informe remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio sostuvo que sus conclusiones se basan prioritariamente en la monitorización de aplicaciones de mensajería y redes sociales abiertas, así como en imágenes y vídeos difundidos por medios de comunicación.

Según Interior, estos elementos "no permiten determinar la implicación y autoría responsable, en su caso, de los movimientos de entrada en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio". El Ministerio añadió que la Comisaría General de Información, que tiene la consideración de servicio de Información de la Policía Nacional para investigar y neutralizar las principales amenazas contra la seguridad pública, "no ha determinado, hasta el momento, la autoría intelectual" de esos movimientos.

Sin embargo, el informe del CENIF —avanzado por El Español y al que accedió El Independiente—, apunta a que la entrada masiva no fue espontánea y atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes un "guiado activo" en el desarrollo de los acontecimientos. El documento analiza también la difusión de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería y sostiene que existió una planificación previa de la movilización.

La carta de Marlaska a la presidenta del CGPJ

La carta de Marlaska a Perelló se produjo en este contexto. El ministro comenzaba expresando su "respeto escrupuloso" a la independencia judicial y reconociendo que la Policía Judicial depende exclusivamente de jueces, tribunales y Fiscalía cuando actúa en esa condición. No obstante, defendía que esa dependencia no debería ser incompatible con que los agentes pudieran informar a sus superiores y a los responsables políticos de las circunstancias relevantes para la gestión de la crisis.

Marlaska recordaba que el Gobierno había declarado la situación de interés para la seguridad nacional y señalaba que la información obtenida por los investigadores podía ser "de gran interés" para Interior y para el Ejecutivo en el ejercicio de sus competencias constitucionales.

Perelló, además, recuerda al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen constitucional y legalmente vedado "aprobar, censurar o corregir" actuaciones judiciales, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. De este modo, la presidenta del CGPJ evita pronunciarse sobre el fondo de la decisión de Tardón, pero sí blinda su actuación y deja claro que la magistrada está actuando en el ejercicio de sus funciones.

"En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", concluye Perelló.

La respuesta se produce mientras continúa abierta en la Audiencia Nacional la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Tardón, que se encontraba de guardia durante los hechos, reclamó informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil para determinar si pudieran ser constitutivos de un delito cuya investigación correspondiera a la Audiencia Nacional y posteriormente pidió a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal. El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, ha asumido la investigación, y será el encargado de emitir el informe sobre la competencia.