La Audiencia Nacional investigará la entrada en Ceuta como una "violación masiva de la soberanía" de España

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha declarado la competencia de este tribunal para investigar la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, al considerar que los hechos podrían constituir presuntos delitos contra la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros —en conexión con posibles homicidios imprudentes—, así como un posible delito de organización criminal.

En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada considera que los hechos supusieron un "grave ataque" a la integridad territorial de España y que no puede ser analizada como una sucesión de entradas irregulares aisladas. Así, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sostiene que se trata de un fenómeno "complejo, organizado y de carácter claramente supraterritorial", con un "antes, durante y después", y concluye que los hechos implicaron una "violación masiva de la soberanía territorial de España". Tardón encuadra provisionalmente la conducta en un delito que compromete la paz o independencia del Estado y la vincula con los métodos de la denominada "guerra híbrida" o "zona gris".

"En este momento procesal, nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", señala la jueza, que recuerda que este principio está garantizado por el artículo 2 de la Constitución. La magistrada añade que para ello se habría utilizado la entrada masiva de personas en territorio español, a la que se unieron unos flujos migratorios irregulares que "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

La decisión de Tardón permite así que las diligencias permanezcan en la Audiencia Nacional, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunciara la pasada semana a favor de que este tribunal continuara con la investigación. El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, remitió el pasado viernes su informe a la magistrada, que le había pedido que se pronunciara sobre la competencia una vez incorporado a la causa el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Este último documento situaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes en el centro de la planificación de la entrada masiva y apuntaba a una actuación coordinada desde el otro lado de la frontera.

La postura de la Fiscalía

Alonso consideraba que esta conexión permite atribuir la competencia a la Audiencia Nacional, fundamentando su posición en el principio de territorialidad recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también en las normas que permiten a los tribunales españoles perseguir conductas desarrolladas fuera de sus fronteras cuando existen elementos de conexión suficientes y se ven afectados intereses protegidos por el ordenamiento español.

El informe sostiene que, de acuerdo con los indicios incorporados a las actuaciones, una parte sustancial de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de la acción se habría desarrollado en territorio marroquí. La ejecución y el resultado perseguido, sin embargo, se produjeron en territorio español.

La Fiscalía entiende que la conexión con España resulta especialmente clara porque el principal resultado de la acción investigada se produjo en territorio nacional. El pronunciamiento de Alonso permitiría así que las diligencias permanezcan en la Audiencia Nacional, después de que el propio fiscal jefe asumiera el asunto por la "singularidad y trascendencia" de los hechos. Hasta entonces, las diligencias estaban en manos del fiscal José Perals.

La investigación trata de determinar qué ocurrió durante la entrada masiva registrada en Ceuta y, especialmente, quién organizó y coordinó la operación y desde dónde se planificó. La Fiscalía apunta como una de las principales hipótesis a un posible delito de favorecimiento de la inmigración irregular, que podría agravarse si se acredita la intervención de una organización y la puesta en peligro de la vida o integridad física de los migrantes.

El Ministerio Público plantea además investigar la posible comisión de homicidio o lesiones por imprudencia grave, así como la existencia de un posible delito de organización o grupo criminal. También deja abierta la posibilidad de que los hechos puedan guardar relación con otros delitos vinculados al orden público o a bienes jurídicos colectivos, como la paz o la independencia del Estado.