Ataques de Marruecos a la soberanía española que el Gobierno se empeña en negar o encubrir

A finales de julio, concretamente los días 30 y 31, una avalancha humana de cerca de 80.000 personas desbordó por completo la frontera marítima de Ceuta en un asalto masivo a nado. Este ataque, perpetrado por Marruecos contra la soberanía española, no es un hecho aislado: es el cuarto de una serie de agresiones directas a la integridad territorial de España que se remontan a los albores del reinado de Juan Carlos I y los umbrales de la Transición. Todo ello se enmarca en una guerra híbrida que el Majzén comenzó contra España mucho antes de que se tipificara formalmente esta modalidad de hostigamiento, y cuya amplitud depende de las oscilaciones de una onda que tiene su epicentro en la última colonia de África.

Sáhara Español, otoño de 1975

El 16 de octubre de 1975, mientras Franco agonizaba en su lecho de muerte, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) emitió su histórico dictamen resolviendo, por un lado, que el Sáhara Occidental no era una tierra sin amo (terra nullius) en el momento de la colonización por el Reino de España y, por el otro, la inexistencia de vínculos de soberanía territorial con el Reino de Marruecos o con el Conjunto Mauritano.

Hasan II, viendo que había perdido la batalla jurídica, decidió tomarse la justicia por su mano. Ese mismo día, con la ayuda de EEUU y Arabia Saudí, inició los preparativos para invadir el Sáhara Occidental con una ingente multitud de 350.000 personas. El objetivo era coaccionar a España y obligarla a abandonar su provincia 53, dejando inconclusa la descolonización de un territorio que Madrid había administrado a lo largo de más de noventa años.

Durante doce días, los integrantes de esta marabunta –en su mayoría campesinos pobres reclutados a lo largo y ancho del reino– fueron transportados en diez trenes diarios hasta Marrakech. Desde allí se les trasladó en 7.813 camiones, primero a Agadir y posteriormente a Tarfaya, localidad colindante con la frontera saharaui. Esta marea de desposeídos (en la que se habían camuflado fuerzas regulares y agentes del coronel Ahmed Dlimi), golpeada por el infortunio y enardecida por las soflamas de su rey, se adentró en territorio saharaui el 6 de noviembre.

La tensión en la frontera era máxima. Los soldados españoles apostados en la misma estaban en posición de combate y, exaltados, ansiaban que sus mandos les dieran la orden de intervenir. Una orden que no llegaría nunca, sencillamente porque, desde hacía semanas, el Gobierno de Arias Navarro, confabulado con Hasan II y a espaldas del pueblo saharaui, del ejército destacado en el Sáhara y del embajador de España ante la ONU, Jaime de Piniés, negociaba en secreto la entrega del Sáhara Español a Marruecos.

Mientras el mundo, estupefacto, centraba su atención en el avance de la Marcha Verde por poniente en dirección a Tah, unidades acorazadas y regimientos del Ejército marroquí traspasaban paralelamente (el 31 de octubre) la frontera oriental, con la finalidad de ocupar las localidades de Echedeiria, Hauza y Farsía que España había desalojado. El incipiente Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) se enfrentaba en solitario al invasor en durísimos combates en defensa del territorio y también –en cierto modo– de España, cuya bandera aún ondeaba en la capital del Sáhara Español.

La Marcha Verde fue denominada inicialmente por su ideólogo y promotor, Henry Kissinger, como la “Marcha Blanca”. Hasan II le cambió el nombre para adornarla con el color del islam. Los saharauis la llamarían la “Marcha Negra”, el color que verdaderamente la define.

Aquel primer ataque a la soberanía de España, además de suponer una traición y conllevar una responsabilidad ineludible pendiente de asumir, deshonró al país y quebró el orgullo de sus soldados, a quienes se engañó y se impidió cumplir con su deber; amén de representar una muestra de debilidad que el Majzén continúa explotando hasta nuestros días

Isla de Perejil, julio de 2002

El 11 de julio de 2002, veintisiete años después de la claudicación en el Sáhara, Marruecos –que siempre ha tenido en vilo a España y, por extensión, a Europa con la amenaza del narcotráfico y la inmigración irregular– sucumbió a la tentación de imponerse en el Estrecho en un intento de hacer patentes sus reclamaciones veladas sobre las posesiones españolas en el área. Con este propósito, una dotación de la gendarmería real, relevada más tarde por infantes de la marina marroquí, desembarcó en el islote de Perejil, un peñasco deshabitado bajo soberanía española situado a escasos doscientos metros de la costa marroquí. Allí plantó su bandera y levantó un campamento provisional en torno a la misma. Aquella agresión, disfrazada de burda operación rutinaria contra el narcotráfico y la inmigración ilegal (que el propio régimen alienta), constituía en realidad un test geopolítico diseñado por el Majzén para calibrar los reflejos del Gobierno de turno, encabezado por José María Aznar, y medir con ello la consistencia y solidez de la democracia española.

A diferencia de la parálisis y connivencia gubernamental de 1975, la respuesta del Ejecutivo español no se hizo esperar. Tras obtener el respaldo diplomático explícito de la Unión Europea y de la OTAN, exigió el inmediato retorno al status quo previo a la intrusión. Sin embargo, ante la enconada negativa de Marruecos a retirar a sus infantes de marina, la diplomacia dio paso a la resolución militar. En la madrugada del 18 de julio, las Fuerzas Armadas españolas ejecutaron con precisión milimétrica la Operación Romeo-Sierra.

En una intervención fulminante, comandos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) asaltaron el islote a bordo de helicópteros Cougar, neutralizando y capturando a la guarnición marroquí sin efectuar un solo disparo, lo que evidenció una superioridad táctica incontestable. Tras asegurar el perímetro y evacuar a los prisioneros para la posterior devolución a su país a través de la frontera de Ceuta, unidades de La Legión izaron la bandera nacional y asumieron la custodia de la plaza.

Aquella incursión frustrada terminó en un auténtico ultraje tanto para el ejército marroquí como para el propio Mohamed VI, quien, irónicamente, celebraba esos días el tercer aniversario de su coronación saboreando esta humillante derrota. Sería la primera y única vez en la era democrática en que un Gobierno español impuso respeto a la soberanía nacional ante las reiteradas provocaciones del vecino del sur.

Pese a la controvertida personalidad de José María Aznar –que hoy adquiere tintes siniestros al identificarse plenamente con el régimen genocida de Netanyahu–, es de justicia reconocer que estuvo a la altura de las circunstancias y, en un momento de crisis, supo tomar la decisión correcta y valiente que se espera de un hombre de Estado.

Ceuta y Melilla, verano de 2021

Con la llegada de Zapatero a la Moncloa en 2004, coincidiendo con los trágicos atentados del 11-M, el rédito político cosechado en Perejil se diluyó en los despachos de Madrid. La victoria operativa no se tradujo en una reafirmación jurídica contundente sobre las plazas del norte de África, lo que propició que el relato oficial minimizara el choque y perpetuara una vulnerabilidad fronteriza que el país vecino exprimiría en los años venideros.

Así, casi dos décadas después, en mayo de 2021, el régimen alauí mudó sus tácticas de corte militar –terreno en el que se sabía inferior– por una ofensiva de carácter demográfico, abriendo deliberadamente los pasos fronterizos de Benzú y El Tarajal para permitir la entrada descontrolada de más de diez mil personas en Ceuta. Con esta invasión, orquestada como una represalia explícita por la acogida humanitaria del líder saharaui, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño, el Majzén daba a entender que nadie podía pisar suelo español, fuese quien fuese y viniese de donde viniese, sin su plácet expreso. Al igual que hizo en el Sáhara con la “Marcha Negra” de Hasán II, instrumentalizó a la población civil indefensa y necesitada como un arma de extorsión masiva.

Por si esto fuera poco, simultáneamente, mediante el software espía Pegasus, hackeó el teléfono móvil de Pedro Sánchez, del cual sustrajo, primeramente, 2,6 gigabytes de información y, luego, 130 megabytes. Los terminales de varios de sus ministros corrieron la misma suerte. La afrenta marroquí no terminó aquí: simulando ser él el agraviado, Mohamed VI llamó a consultas a su embajadora en España, Karima Benyaich, que abandonó Madrid airada y profiriendo amenazas: “Hay actos que tienen consecuencias”. A partir de aquí, se puede afirmar que Sánchez quedó prácticamente a merced del Majzén. En lo sucesivo, no se atreverá a contradecirlo y atenderá sus reclamos y peticiones con celeridad y sin objeción alguna. Apenas dos meses después de la transgresión a la frontera, le entregó en bandeja de plata la cabeza de la titular de Exteriores, Arancha González Laya. 

En marzo de 2022, Mohamed VI hizo pública una nota, atribuida a Sánchez, en la que este se alineaba con el régimen alauí en su ocupación ilegal del Sáhara, apoyando la farsa de la “autonomía marroquí” promovida por Zapatero en la octava RAN España-Marruecos, celebrada en Rabat en marzo de 2007. Este posicionamiento personal promarroquí del presidente, anunciado desde Rabat y no desde la Moncloa, modificaba radicalmente la postura tradicional de neutralidad relativa que los distintos gobiernos –independientemente de su color– habían mantenido a lo largo de los 47 años precedentes en la cuestión del Sáhara. A la vez, excluía a España como actor necesario que pudiera contribuir a traer la paz a la región del Magreb, y dinamitaba las relaciones con Argelia, socio energético clave para Madrid durante décadas.

Con la inauguración, en abril de 2022, de la nueva etapa de relaciones con Marruecos a la que Sánchez denominó “partenariado del siglo XXI”, se impartió una orden tajante a los agentes del CNI desplegados en Marruecos: debían abandonar el país de inmediato y desmontar, de la noche a la mañana, toda la infraestructura que les daba soporte. El esfuerzo, recursos y tiempo que requirió su implementación, así como su relevancia estratégica para la seguridad nacional, no contaron para nada. Su presencia en el país vecino pasó a ser meramente testimonial y se centró fundamentalmente en tareas de carácter administrativo y no de inteligencia. España se quedó sin ojos en un país donde miles de ojos avizores son pocos.

De este repliegue del CNI –negado oficialmente– nadie sabía nada hasta que, a principios de abril de 2025, el diario El Mundo lo destapó. A pesar de los cantos de sirena del Majzén que encandilaron a algunos, todavía quedan en España medios y periodistas que hacen honor a su profesión y a su nombre. Mohamed VI recibió con los brazos abiertos a Sánchez y, al mismo tiempo, desterró al CNI del reino; un testigo incómodo que no tiene cabida en el recién estrenado marco bilateral. No olvidemos que, en 2020, el servicio secreto marroquí, por mediación de Zapatero, reclutó al conocido traidor saharaui Hach Ahmed para fundar un movimiento fantasma –carente de base militante– con el fin de reforzar la intensa actividad de propaganda y desinformación que el expresidente y miembros de su antiguo gabinete (José Bono, Miguel Ángel Moratinos, Juan Fernando López Aguilar…) tratan de colar, de forma insistente e impúdica, en foros y eventos internacionales. El CNI, al tener la valentía de desenmascarar esta vil maniobra, se convirtió en el enemigo público número uno de la dictadura alauí.

Ceuta, verano de 2026

La constatación definitiva del peaje de la sumisión geopolítica de Pedro Sánchez se escenificó en el allanamiento de la frontera marítima de Ceuta mencionado al principio del presente artículo. A un lustro del ataque anterior a la ciudad, el último jueves de julio, Mohamed VI no dudó en lanzar al mar a sus propios ciudadanos –que prefieren perecer ahogados antes que malvivir en la olla a presión que supone el régimen majzeniano– contra la localidad española, registrando un éxodo masivo equivalente en número a la población total de la ciudad y similar a la tercera parte de la “Marcha Negra” de Hasan II.

La tragedia adquirió proporciones dantescas. Mientras las autoridades de España certificaban 141 víctimas mortales en el mar, Marruecos minimizó cínicamente la matanza, reconociendo tan solo once fallecidos y atribuyendo falsamente diez de ellos a ahogamientos fortuitos y uno a un accidente por caída. La perfidia del ataque híbrido quedó al descubierto mediante explícitas imágenes y filmaciones que demostraban cómo la policía marroquí trasladaba a centenares de jóvenes, en su mayoría menores, en flotas de camiones procedentes de diversas provincias para conducirlos deliberadamente a las playas de lanzamiento. La deshumanización del Majzen se hizo patente posteriormente, cuando los forenses españoles identificaron los cuerpos sin vida de seis de las víctimas y el régimen alauí se negó a su repatriación, por más que sus familias en Marruecos los reclamasen desesperadamente.

Al tiempo que el mundo entero era testigo de la tragedia, el monarca alauí celebraba obscenamente a bombo y platillo el vigésimo séptimo aniversario de su coronación, presumiendo de “bienestar social” y “bonanza económica”. En un ejercicio de surrealismo diplomático y rendición descarnada, Pedro Sánchez no solo exculpó al régimen de Mohamed VI señalando de forma exclusiva a las “mafias”, sino que paradójicamente agradeció la supuesta colaboración de Rabat, consolidando así la impunidad del chantaje y sellando el doloroso abandono de la integridad territorial.

Aunque las provocaciones y los intentos del Majzén por retorcerle el pulso al Estado español, de facto, se han normalizado y aquel ya no necesita motivar sus agresiones, la reciente invasión de Ceuta tiene como trasfondo dos factores clave: por un lado, la concesión de la nacionalidad española a los saharauis y, por otro, la visita de Sánchez a Argel diez días antes. Marruecos pretendía frustrar ambos actos, competencias exclusivas del poder legislativo –el primero, por fundamentarse en una ley– y del poder ejecutivo, el segundo, al tratarse de una visita oficial de Estado.  El régimen alauí tiene la osadía de atentar contra dos de los pilares en los que se cimenta el Estado de derecho, simplemente porque cree que el presidente y su partido (el PSOE) pueden influir en ellos. Esperemos que el poder judicial, el único que se mantiene a salvo de la telaraña del Majzén, cumpla con su cometido y ponga a cada cual en su sitio.

A día de hoy, Ceuta vive en un estado de excepción. Los millares de inmigrantes –niños, mujeres y jóvenes– han rebasado con creces los límites de capacidad de acogida de la ciudad. Decenas de asentamientos insalubres ocupan las playas y los barrios, y las reyertas, peleas y agresiones se multiplican. Este clima de inseguridad ha derivado en una severa crisis sociosanitaria que las autoridades locales y las fuerzas del orden tratan, a duras penas, de contener.

A pesar de todo esto, Sánchez continúa exculpando a Marruecos y calificándolo de “socio fiable”. Enfangado en su habitual incoherencia, y acorralado por la opinión pública y los medios, el presidente afirma que “no existen pruebas que impliquen a Marruecos” o señala al CNI, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. ¿Acaso ochenta mil “pruebas” y 141 muertes no son suficientes? Y en cuanto al CNI, ¿a quién vamos a creer? ¿Al servicio de inteligencia o a Sánchez, que lo retiró de Marruecos en 2022 para complacer a Mohamed VI? La negación de lo evidente es la mayor prueba que involucra no solo a Marruecos como sujeto planificador y ejecutor, sino al propio Sánchez como encubridor y cómplice por omisión.

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Abderrahman Buhaia es intérprete y educador saharaui.