La UCO describe a Caba como un "psicópata de manual" en el juicio por el doble crimen de Manzanares

La Audiencia Provincial de Ciudad Real celebra estos días el juicio por el doble crimen de Manzanares, una causa que trata de esclarecer las muertes de dos empresarios desaparecidos con tres años de diferencia y la presunta participación de Antonio Caba Vázquez y Gaspar Rivera Escuderos en los hechos. La investigación sostiene que ambos casos podrían estar relacionados con un móvil económico, aunque las acusaciones atribuyen distintos grados de responsabilidad a los procesados.

Los restos de las víctimas fueron localizados años después de su desaparición en distintas propiedades, en circunstancias que, según los investigadores, podrían contribuir a esclarecer lo ocurrido; el primero de los empresarios en desaparecer fue Jesús María González Borrajo (54 años), vinculado al negocio de las máquinas recreativas. Según las investigaciones judiciales, la víctima viajó en junio de 2019 desde Vitoria hasta Manzanares para cerrar una operación relacionada con la compraventa de vehículos de lujo. Aquella habría sido la última ocasión en la que se le vio con vida.

Préstamos personales

De acuerdo con la investigación, a comienzos de ese año Antonio Caba entabló una relación de amistad con el empresario, que le permitió guardar varios vehículos en una nave alquilada en Manzanares. Fuentes judiciales sostienen que el acusado atravesaba entonces dificultades económicas y que habría recibido de la víctima dos préstamos personales, de 10.000 y 14.380 euros, que presuntamente no devolvió.

El detonante de los hechos se produciría pocos días antes del 19 de junio de 2019, cuando Caba habría mediado en la venta de un Mercedes propiedad de González Borrajo por 14.000 euros. Según la investigación, el comprador entregó el dinero en efectivo al acusado para que se lo hiciera llegar al vendedor.

La tarde del 19 de junio, Caba y González Borrajo se citaron en la nave para efectuar la entrega del dinero. Según la tesis de la Fiscalía, el acusado habría acabado violentamente con la vida del empresario para apoderarse de los 14.000 euros. La acusación particular sostiene, basándose en la información incorporada a la causa, que la víctima recibió dos disparos, extremo que, según la documentación citada a la que ha tenido acceso El Independiente, habría relatado posteriormente el otro procesado. La investigación también apunta a que Caba entregó a Rivera una cantidad indeterminada de dinero por su presunta colaboración.

Durante años, la desaparición de González Borrajo permaneció sin resolver. La investigación de un segundo caso, ocurrido tres años después, llevó a los agentes a revisar los hechos de aquella primera y a explorar una posible conexión entre ambas.

La desaparición de Juan Miguel Isla

En julio de 2022 desapareció Juan Miguel Isla (58 años), después de una operación inmobiliaria en la que, según la investigación, Caba habría actuado como intermediario a cambio de una comisión de una operación por la que Isla percibió un primer pago de 400.000 euros mediante transferencia bancaria y tras lo cual se acordarían varios pagos parciales de 50.000 euros en efectivo.

La investigación sitúa a Caba entre las últimas personas que estuvieron con Isla y plantea la hipótesis de que podría haberlo matado para apoderarse del dinero. En este sentido, las citadas fuentes sostienen que el acusado realizó búsquedas en internet sobre la situación empresarial de la víctima e intentó evitar que los datos de posicionamiento tecnológico lo situaran en el lugar de los hechos.

Según la reconstrucción recogida en las actuaciones, después de recibir uno de los pagos de 50.000 euros, ambos regresaron, presuntamente a Manzanares y se dirigieron a una finca propiedad de Isla que era explotada por Caba. La Fiscalía y las acusaciones sostienen que el empresario fue asesinado allí para sustraer el dinero en efectivo.

La acusación particular encabezada por los hijos de Isla y respaldada por el reputado penalista Juan Manuel Medina, mantiene, además, que el crimen podría tener como finalidad facilitar la apropiación de la finca mediante la falsificación de un contrato de compraventa simulado a favor del acusado y de un tercero. Esa misma acusación relaciona una de las heridas de la víctima con un supuesto intento de reproducir el procedimiento que, según su tesis, se habría empleado en el caso del primer asesinato.

La posible conexión entre ambas desapariciones se convirtió en una de las principales líneas de la investigación. Las pesquisas sobre la desaparición de Isla llevaron a los agentes a revisar el caso de González Borrajo, que continuaba sin resolverse. La investigación, apoyada en intervenciones telefónicas, dispositivos de seguimiento y micrófonos instalados con autorización judicial en el vehículo de Caba, permitieron localizar el coche de Isla en Albacete. Gracias a esto, los agentes detectaron presuntos viajes que hacían las veces de vigilancia en una finca de Valdepeñas donde podría estar oculto el cadáver. Las grabaciones también permitieron captar conversaciones de Caba en las que aludía a la intervención de su teléfono y a la responsabilidad de Rivera.

Declaraciones de la Unidad Central Operativa

Por su parte, la declaración de Rivera ante la Fiscalía resultó determinante, según los investigadores, para localizar los restos de González Borrajo. El acusado, que declaró voluntariamente, facilitó información que permitió registrar una finca de Manzanares. Una colaboración que llevó a la Fiscalía a solicitar que se le aplicara una atenuante por confesión.

Durante la quinta sesión del juicio, celebrada el 13 de octubre, uno de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) calificó a Caba como un "psicópata de manual", al considerar que habría actuado con "falta de empatía" y un "desprecio absoluto hacia la vida de las personas". El agente sostuvo ante el jurado que el acusado habría planificado la muerte de Isla y que después habría intentado presentar lo ocurrido como una desaparición voluntaria. Además, los investigadores también señalaron las presuntas deudas y dificultades económicas de Caba como posible móvil de los crímenes.

Las acusaciones discrepan sobre el grado de participación que habría tenido Gaspar Rivera en los crímenes. El Ministerio Fiscal considera a Antonio Caba presunto autor material de ambos asesinatos y solicita para él 46 años de prisión, mientras que atribuye a Rivera una presunta complicidad y reclama 19 años, con la aplicación de la atenuante de confesión. Por su parte, la acusación particular considera que Rivera habría sido cooperador necesario y pide 50 años de cárcel para cada acusado,–25 por asesinato– sin reconocerle dicho atenuante.

La Fiscalía también ha solicitado el sobreseimiento provisional para otros dos investigados por falta de pruebas, mientras que la pareja de Isla ha pedido incorporar una acusación contra un tercero por un presunto delito de encubrimiento.