Ha sido una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, se adoptó en su primer Consejo de Ministros y se ha convertido también en uno de los primeros 'incendios' territoriales del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros acordó llevar al Tribunal Constitucional parte del Código Civil navarro que en abril pasado aprobó por unanimidad el Parlamento foral, incluidos los cuatro partidos integrantes del Gobierno cuatripartito de María Chivite. Tras meses de contactos y diálogo para evitar el conflicto constitucional, finalmente no se ha logrado el acuerdo y la constitucionalidad de ocho de los preceptos se dirimirá, salvo retirada de última hora, en el Alto Tribunal.

La decisión de llevar al TC la actualización que de la Compilación del Derechos Civil Foral de Navarra o 'Fuero Nuevo' ha provocado rechazo incluso en las filas del Gobierno foral que ha reconocido que "no es una buena noticia". También de algunos de sus socios, como Geroa Bai, que lo ha tildado de "un intento de limitar la capacidad de la Cámara foral de legislar" o de la oposición, como EH Bildu, que lo considera "un ataque al autogobierno" navarro.

El recurso aprobado por el Consejo de Ministros hace referencia a ocho de los 596 preceptos que incluye esta norma que contiene disposiciones relativas a la regulación civil de aspectos que afectan a las relaciones entre personsa, familias, sucesiones, propiedades y contratos. El 'Fuero Nuevo' no había sido actualizado dede 1973 y en abril del año pasado, durante el último pleno de la legislatura autonómica, su renovación fue respaldada por todos los partidos. El Gobierno de Pedro Sánchez considera ahora que los preceptos cuestionados suponen una invasión de competencias exclusivas del Estado. Se trata de preceptos referidos a cuestiones como la ordenación de los registros, la capacidad para resolver conflictos legales u otros aspectos relativos a las bases de contratación.

"Desdramatizar"

El vicepresidente del Gobierno de María Chivite, Javier Remírez, ha reconocido que no se trata de "una buena noticia" pero ha confiado en que se pueda reconducir el recurso antes de que sea firme. Ha apuntado que habría que "desdramatizar" la cuestión al tratarse de un recurso que afecta a una parte muy pequeña de la norma. Remírez cree que la diferencia que se esconde tras el recurso no es de carácter político sino de meramente "técnica" por lo que confía en que pueda ser reconducida mediante el diálogo. Sí se ha comprometido a defender el "autogobierno" de la Comunidad foral.

Su socio de Gobierno, Geroa Bai, formación donde se encuentra ubicado el PNV, ha emitido una nota en la que asegura que el recurso contra la Ley Foral 21/2019 de 4 de abril es "una injerencia" contra el autogobierno navarro. Reprocha al Gobierno no haber agotado las vías de diálogo para poder llegar a un acuerdo que impidiera "judicializar las discrepancias". Para Geroa Bai, que ésta sea una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo supone "un mal estreno del Gobierno de Sánchez" y una colisión frontal con "el mensaje de diálogo, de respeto al autogobierno y de no judicialización del que ha hecho gala".

También desde EH Bildu, coalición que facilitó la investidura de Chivite y del propio Sánchez, se ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo central. Su portavoz, Bakartxo Ruiz, ha señalado que se trata de "una nueva ofensiva" contra la "soberanía navarra". Critica que una vez más se recurra a la Constitución como una herramienta "uniformizadora" y dirigida a recortar la capacidad de Navarra "a la hora de legislar y decidir nuestro marco jurídico".