Las penas impuestas a Blesa, Rato y el resto de acusados por las tarjetas black pone punto final a un macrojuicio de 26 largas sesiones, 120 horas de interrogatorios e intervenciones ante el tribunal de la Audiencia Nacional. En sentido estricto, sólo sirvieron para juzgar el comportamiento de 65 personas, pero que representa en verdad el juicio a toda una época.

En sentido estricto, el proceso sólo ha servido para juzgar a 65 consejeros y directivos de banca, pero en verdad es el juicio a toda una época

La época del derroche, la de la mano abierta con según qué reglas -éticas y legales- en las cúpulas directivas, la del desenfreno de un sistema financiero que tuvo en las cajas de ahorros su cara más fea, al estar controladas por las Administraciones y, por tanto, por tener una responsabilidad particularmente exigente en sus comportamientos. Una época que se frenó bruscamente con la crisis y que concluyó con los rescates públicos de algunas entidades.

Desde el 26 de septiembre, cuando la jueza Ángela Murillo decretara el inicio de la vista oral, las defensas de los acusados trataron de desmontar el caso. Primero intentando directamente pararlo: solicitaron que se anulara la principal prueba –el famoso Excel en el que se recogen todos los gastos realizados con las tarjetas- y que no se reconociera a Bankia y Frob como acusaciones particulares. Nones. Petición rechazada.

Y después, durante las sesiones posteriores, repitiendo machaconamente argumentos compartidos por casi todos los acusados en busca de su exoneración. A saber: el Excel con los gastos no es un documento mercantil ni bancario y no puede aceptarse por su posible manipulación; los gastos realizados con las tarjetas formaban parte de su retribución como consejeros o como directivos; el origen del sistema de tarjetas se aprobó en los ochenta, bajo la presidencia de la caja de Jaime Terceiro; los acusados estaban convencidos de que no había nada irregular y de que las entidades tributaban por las cantidades entregadas.

La Fiscalía y las acusaciones particulares (de Bankia, de BFA y el Estado a través del FROB, a la postre el pagano de la fiesta) y populares (la Confederación Intersindical de Crédito y el sindicato CGT) intentaron durante todo este tiempo desmontar el argumentario de las defensas y afear sus contradicciones con pruebas documentales, testigos y peritos. La batalla dialéctica fue constante durante más de cuatro meses.

Las dudas sobre Excel. Los acusados repitieron hasta la saciedad su queja de que la tabla de los gastos estaba llena de errores y que no era un documento bancario ni mercantil; y el fiscal insistió en que el Excel se trataba sólo de un formato ofimático en el que se extrajo la información bancaria. “La información que está en los Excel es la misma que figura exactamente en los sistemas de la entidad. (…) Los datos no han sido ni manipulados ni alterados, sólo extraídos”, sentenció Iñaki Azaola, director de Auditoría Interna de Bankia y responsable de la elaboración del Excel, en su declaración como testigo.

¿Retribución o gastos de representación? La Fiscalía sostenía que los acusados se apuntaron casi al unísono a defender que los gastos con sus black formaban parte de su retribución, porque algunos abonos realizados no soportan el escrutinio de ser considerados gastos de representación (lencería, armas, viajes familiares…) y porque nadie presentaba justificantes.

Pero fiscal y acusaciones explicaron por qué los pagos no pueden considerarse tampoco como retribución: porque no se contabilizaban como tal por parte de la Caja, porque no se declaraban como tal a Hacienda, porque se ocultaban en cuentas que no eran para salarios ni remuneraciones, porque los consejeros sólo podían recibir dietas e indemnizaciones pero no retribuciones…

Y además, si era una retribución, ¿por qué no se ingresaba directamente en una cuenta y se daba la posibilidad al beneficiario de disfrutarlo libremente?, ¿por qué algunos acusados han reconocido que se les advertía de gastos impropios o se les recomendaba que fueran prudentes?, ¿por qué algunos acusados no agotaban el saldo y no hacían uso de su remuneración por entero? “El dinero que no gastaban de esa supuesta retribución ha de considerarse una donación a la Caja entonces”, llegó a bromear una de las acusaciones.

¿Cuándo se crearon las tarjetas opacas? Caja Madrid creó el sistema de tarjetas de empresa para sus consejeros en 1988, y a ello se han agarrado los procesados –sobre todo Miguel Blesa, al que se le acusa de crear el modelo de pagos opacos- para defender que los pagos se trataban de una práctica habitual durante décadas. En cambio, el presidente de la caja en 1988, Jaime Terceiro, subrayó en su testimonio que entonces las tarjetas sólo era para gastos de representación, sobre ellas existía un control absoluto y ninguna tenía pin porque no se podía sacar efectivo (aunque al menos algunas de ellas sí tuvieron ese número secreto, como acredita la documentación interna desvelada por El Independiente).

Para el fiscal, Blesa aprovechó el sistema de gastos de empresa para “pervertirlo y convertirlo en manifiestamente ilegal”, ocultando esta suerte de sobresueldos a los consejeros en la contabilidad de la Caja en la cuenta de gastos de representación y en una cuenta para ajustar fraudes y quebrantos en el caso de los pagos de los directivos. Y posteriormente Rodrigo Rato mantuvo un tiempo ese sistema y repartió en paralelo tarjetas a su cúpula directiva para compensar la rebaja salarial impuesta por el Gobierno.

En cualquier caso, según insistió la Fiscalía y las acusaciones, el hecho de que el sistema de tarjetas opaco hubiera estado vigente desde los ochenta no tiene ninguna incidencia procesal en el juicio, dado que en caso de ser así los hechos habrían prescrito y no libra de culpa a los consejeros y directivos que utilizaron las black en los años posteriores.

Confianza ciega en que la Caja no haría nada ilegal. Casi todos los acusados esgrimieron estar convencidos de que Caja Madrid tributaba por las cantidades gastadas. Su confianza era ciega en la entidad y no tenían ninguna sospecha de que la Caja pudiera cometer ninguna ilegalidad.  “No pueden escudarse en la Caja porque la Caja eran ellos”, les reprendió el fiscal Luzón. “¿Quién les iba a llamar la atención por tener una tarjeta y el uso que hacían? ¿El Consejo de Administración, la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones, el director financiero….? Pero si todos ellos tenían tarjeta también, ¿quién les tenía que advertir? ¿El empleado que metía los datos de los gastos? ¿El que imprimía la tarjeta?”.

Con la sentencia, concluye el juicio. Pero casi seguro que el caso está lejos de quedar cerrado. El caso tendrá muy probablemente su siguiente episodio en el Tribunal Supremo.