Sánchez abandona la gran reforma pendiente: el tamaño de la empresa

El Gobierno de Pedro Sánchez, ante la necesidad de obtener ingresos adicionales para pagar las pensiones y también de sacar adelante un mínima agenda social (también por Unidos Podemos) en medio de una aritmética parlamentaria especialmente terca, ha desplegado en casi medio año de mandato una serie de promesas económicas (aún no se han materializado) que, sin entrar en su beneficio para los ciudadanos en el corto plazo, en realidad podrían volverse en contra del Gobierno.

Para entender este efecto hace falta volver a la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, del pasado 10 de julio en el Congreso de los Diputados. Ese día planteó una revolución económica que consistía en centrar los esfuerzos en el crecimiento de la economía para conjurar el déficit público, en lugar de priorizar como hasta entonces la consolidación fiscal sacrificando por el camino el crecimiento económico con sucesivos recortes del gasto.

Ello permitiría, en su opinión, cumplir con los mandatos de consolidación fiscal de Bruselas y, al mismo tiempo, desplegar una agenda social que redujera la desigualdad y mejorara las condiciones de empleo y salarios para preparar a España para un futuro de crecimiento sostenible e inclusivo.

Eso mismo que la OCDE respaldaba esta semana. Sin embargo, su secretario general, Ángel Gurría, también avanzaba que "el consumo es la economía de hoy y la inversión la economía de mañana".

En cambio, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un Plan Presupuestario para 2019 concentrado básicamente en la última de sus premisas, la agenda social, el incremento de rentas medias y bajas (a través de la remuneración de los funcionarios o la subida de pensiones), y en la obtención de ingresos adicionales; y menos en la inversión productiva o la innovación.

Esto se antoja peligroso, puesto que en ausencia de equilibrio entre ambos vectores, España podría acabar por penalizar su capacidad de crecimiento y ver frustrados los deseos de justicia social de Sánchez.

La clave, la desaceleración

La clave la ofrece la actual desaceleración económica. ¿Cómo es que si Calviño hablaba de crecimiento, España se desacelera? Sencillamente porque, como la ministra explicó en su intervención, los vientos de cola que han permitido la recuperación económica desde 2014 --precios del petróleo favorables, fortaleza del sector exterior o política expansiva del BCE-- se frenan y la economía aún no ha encendido sus propios motores.

Y entre tanto, la virtud de las empresas para salir al exterior durante la crisis, hoy se paga con una mayor exposición a la batalla del comercio mundial que están provocando los populismos que se extienden desde Estados Unidos a Suecia.

Esos motores que España debería encender no tienen tanto que ver con el crecimiento real como con el potencial. Es decir, España puede seguir creciendo, como seguro ocurrirá, pero lo importante es que aumente en paralelo su capacidad de crecimiento.

¿Por qué? España está llegando al tope de actual crecimiento potencial, al climax del ciclo alcista. Es por ello que tanto el Plan Presupuestario como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevean que este año se cerrará lo que se conoce brecha de producto.

Este concepto económico refleja la diferencia entre el crecimiento económico y su potencial. De modo que si la brecha es negativa (el avance real inferior al potencial), la economía no avanza como podría, los recursos productivos están infrautilizados y, por ejemplo, las presiones inflacionistas habitualmente son inexistentes.

En cambio, si la brecha es positiva, la demanda supera la capacidad de producción, puede escasear el empleo o ciertos bienes y servicios, llevando a un incremento de los salarios no alineado con la productividad o de las importaciones. Es decir, se puede crecer más, pero se crecería peor y lo importante es seguir creciendo en línea con las capacidades para que no aparezcan desequilibrios.

La clave, por tanto, es ese crecimiento potencial al que se refería la ministra Calviño.

Lo que ocurre es que en aquellos días, en los que la desaceleración no estaba en los titulares, sus palabras sonaban a proyecto a largo plazo. Sin embargo, los últimos datos hablan de urgencia. Una capacidad industrial casi al límite, unas familias que se vuelven a endeudar para consumir, un freno cada vez más evidente del empleo...todo ello habla de que la economía esta llegando a un punto en el que es preciso frenar o, en todo caso, ampliar el margen de crecimiento.

¿Qué es necesario para ganar tracción?

Todos los analistas consultados coinciden en que para aumentar el crecimiento potencial es necesario aumentar la productividad de la economía, más aún cuando el empleo se desacelera. Porque aumentar la productividad "permite producir más con lo mismo sin generar desequilibrios", como señala el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso.

En cambios, la productividad está cayendo. Los datos de Contabilidad Nacional correspondientes al tercer trimestre que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que, mientras que las remuneraciones y los costes laborales aceleran su crecimiento, con avances que superan el 1,1%, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se encuentra estancada, y la productividad por hora efectiva trabajada ha caído un 0,4% en los dos últimos trimestres, por primera vez desde el inicio de 2016.

¿Por qué esta caída? Por lo mismo por lo que la productividad comenzó a crecer con la crisis, a medida que el paro se cebaba con los empleos temporales y de menor valor añadido y estadísticamente ganaban peso los empleos más productivos.

Con la creación de empleo entra en juego, según confirma la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, la ley de rendimientos descendentes, por la cual, mayor número de empleados disminuyen la productividad de cada uno si no aumentan en paralelo los factores del capital de las empresas.

Así es que es necesario remontar el vuelo, hacer que por cada trabajador se produzca más. Esto tiene que ver con políticas de educación, por ejemplo; y, en el caso de la empresa como tal, con inversión (para aumentar los factores de producción), esa inversión que desde el sector público apenas crece.

La pelota queda en el tejado de las empresas y, en última instancia, mucho de todo ello cristaliza en una reforma que el anterior Ministro de Economía, Luis de Guindos, se dejó en el cajón y que también la OCDE, mientras repartía zanahorias, ponía encima de la mesa a modo de palo: el tamaño de las empresas.

¿Por qué el tamaño de las empresas? Porque las empresas grandes tienen mayor capacidad de inversión, son más innovadoras, generan empleo de mayor calidad, son más productivas y, por ello, pagan mejores salarios. Porque ninguna empresa eficiente paga más a un trabajador de lo que produce.

Pero en España, el 95% de las empresas son pymes. Así lo atestigua un informe elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que comandaba Guindos, y que, sorprendentemente, aún se encuentra colgado en la página principal de la web del actual Ministerio de Economía. En dicho trabajo, se refleja que el tamaño medio de las empresas españolas (con datos de 2014) era de menos de cinco trabajadores.

De hecho, casi el 90% de las sociedades españolas son microempresas, frente a menos del 75% en países como Estados Unidos o Noruega. Más aún, las empresas con hasta nueve trabajadores contribuyen al 25,7% del valor añadido total frente a la contribución cercana al 15,6% que tienen en Alemania. En su conjunto, las PYMEs en España generan entorno al 62% del valor añadido total frente al 54,1% que generan en Alemania.

Con estas credenciales, el Ministerio de Economía advertía de que la reducida dimensión empresarial crea dificultades para acometer proyectos de internacionalización y revelaba una menor capacidad inversora, especialmente en ámbitos tan importantes como la I+D+i.

Asimismo, proseguía, "la escala se relaciona con otras variables determinantes de la productividad, como el acceso a la financiación o el mejor gobierno corporativo y cualificación de los equipos gestores". Es decir, con el crecimiento potencial en último término.

Si España fuera Alemania

De hecho, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad llevaba a cabo una simulación del impacto que se produciría si, partiendo de los niveles de productividad actuales de las empresas españolas, se convergiera hacia distribuciones por tamaño alternativas, similares a las existentes en otros países de la UE.

Las conclusiones del estudio establecían resultados muy llamativos que se resumen en que si la estructura empresarial en España fuera equivalente a la de la media de la UE, el PIB podría aumentar cerca de un 3 y medio por ciento. Si fuera equivalente a la británica, el PIB sería un 7,5% superior.

Estas diferencias tienen que ver con cierto déficit de tejido industrial en España. Es cierto que las empresas pueden crecer en cualquier sector. Sin ir más lejos, las plataformas de reparto a domicilio (Deliveroo o Glovo) están protagonizando una auténtica revolución.

Sin embargo, como señalaba el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su toma de posesión el pasado miércoles, es el sector industrial el que más capacidad de innovar, exportar y crear empleo de calidad presume.

"Hace mucha falta una política industrial con mayor peso tecnológico. Hace falta formación, porque más de la mitad de los parados no tienen cualificación y no van a encontrar empleo, de modo que ahora si les queremos emplear tenemos que aumentar el empleo en los sectores de baja cualificación. Hacen falta técnicos. Se nos va el tren de la cuarta revolución", ahonda Fernández.

¿Cómo se puede incrementar el tamaño de la empresa?

Según el secretario general del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, en realidad, "a las empresas no se les ayuda a crecer, sino que no se les debe impedir. Crecen si pueden". Es decir, que la gran reforma pendiente tiene que ver más de eliminación de trabas que de construir incentivos.

En su opinión, lo más importante es abordar las barreras regulatorias. Y en este marco, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad llevó a cabo una revisión de la normativa estatal de tipo horizontal con el fin de identificar umbrales regulatorios. El ejercicio se centró en la normativa fiscal, laboral, contable, financiera, de seguros y de competencia e identificó más de 130 regulaciones vinculadas al tamaño.

Por ejemplo, tomando como referencia la variable del número de trabajadores, se observó una concentración de regulaciones en torno a 250, 50 y 10 trabajadores. En el caso de la facturación, los umbrales más repetidos fueron los 10, 6 y 2 millones de euros.

A modo de ejemplo, cuando una mediana empresa se plantea dar un salto de tamaño se encuentra con que si rebasa esos seis millones de facturación debe integrarse en la Unidad de Grandes Contribuyentes, lo que conlleva un control fiscal más férreo, mayores obligaciones con la administración y mayor burocracia. Eso, en la práctica se refleja en una aglomeración de empresas con facturación de alrededor de 5,5 millones de euros.

A simple vista, una de las soluciones más sencillas pasaría por incrementar los umbrales para definir lo que es una gran empresa. Por ejemplo, en el caso de los tributos, en el Círculo de Empresarios se recomienda aumentar el límite de los seis millones de euros de facturación, un tope que “es de otra época”, hasta los 20 millones.

Por otro lado, el Estatuto de los Trabajadores establece que en las empresas de menos de seis trabajadores no hay delegado de personal, pero en las de 50 o más empleados, a decisión de éstos, se puede crear un comité de empresa. Esto hace que la actividad de la empresa esté mucho más fiscalizada y que la toma de decisiones en muchos casos se haga con menos celeridad.

Otra cuestión a tratar, tiene que ver con la asfixia financiera que sufren las pequeñas empresas por parte de las grandes en muchas ocasiones. La ausencia de un régimen sancionador en la Ley de Morosidad abre la puerta a la impunidad, de forma que son las grandes empresas las que a menudo pagan más tarde a las pymes y autónomos, lo que limita su circulante y su capacidad de crecimiento.

A ello se suma que el 70% de la financiación de las empresas proviene de la banca, que es más proclive a prestar dinero a las grandes corporaciones y no a las pymes, que lo necesitan para ampliar sus negocios.

Cardoso considera otros factores limitantes, como son la propia cultura de la empresa española, entre la que abunda la empresa familiar. Esta modalidad hace que en muchos casos las empresas se resistan a fusiones o a profesionalizar más sus cúpulas (lo que les llevaría a mejorar, por ejemplo, sus fuentes de financiación) por miedo a perder el control de la compañía.

También señala Cardoso que existe una serie de sectores regulados en los que la ausencia de competencia ahoga la iniciativa para crecer. Un ejemplo son los pequeños comercio en los centros de las ciudades, que se cierran a las grandes empresas.

¿Y qué ha hecho el Gobierno?

Es ahí donde entra en juego el efecto de las políticas económicas de Sánchez. El Plan Presupuestario es un conglomerado de medidas que elevan el gasto social del Estado (como la subida de las pensiones, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la eliminación de parte del copago farmacéutico, etc), y en todo caso, se introducen tímidas medidas de gasto productivo.

De hecho, el Plan Presupuestario refleja un cierto estancamiento de las inversiones y ello incluso contabilizando dentro de esta partida el rescate de las autopistas de peaje. Esto quiere decir que el esfuerzo presupuestario no se dirige prioritariamente a la ganancia de tracción de la economía.

En ese contexto, algunas medidas anunciadas por el Gobierno se antojan contrarias a lo que debería ser un clima de negocios propicio para el crecimiento de las empresas,. Y eso podría llevar a congelar aún más el tamaño de ciertas sociedades, su productividad, el empleo, los salarios...

Bonet pone como ejemplo la rebaja del Impuesto de Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros al año. En su opinión, con el ánimo de proteger a la pequeña y mediana empresa se establece un nuevo umbral que podría desincentivar a sobrepasarlo. Al otro lado, hay un tipo de Sociedades más alto.

Por no hablar de la fijación de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15% o las tasas 'Tobin' o 'Google'.

También cree que si el Gobierno pretende dotar de más preminencia a los convenios colectivos sectoriales, estos "no deberían llegar hasta el último detalle" para dejar más capacidad a las empresas para poder adaptarse a las necesidades de su actividad con flexibilidad.

Al respecto, Cardoso coincide en que la carga fiscal de boceto de Presupuesto se focaliza en las empresas grandes y que, en cambio, "se trata de suavizar la transición de las pymes a las grandes empresas".

Fuentes del Ministerio de Economía lo confirman, de momento, no hay previsto relanzar el plan para propiciar que España se parezca, en lo que a las empresas se refiere, un poco más a Alemania. España seguirá produciendo y cobrando los salarios españoles a la espera de que la economía entre o no en una nueva fase de calentamiento.