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La AIReF urge al próximo gobierno andaluz a un recorte de casi 500 millones de gasto

La autoridad fiscal calcula que la comunidad autónoma debería ajustar sus gastos en torno a dos décimas de su PIB en 2018 y otra más en 2019

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La AIReF urge al próximo gobierno andaluz a un recorte de casi 500 millones de gasto
El presidente de AIReF, José Luis Escrivá.

El presidente de AIReF, José Luis Escrivá. EP

Resumen:

La pugna por hacerse con el control de la Junta de Andalucía tras el resultado de las pasadas elecciones autonómicas promete ser feroz. Ciudadanos y PP se asoman al abismo que supone pactar o no con Vox y dejar (o no) para la hemeroteca cuatro décadas de mandato socialista. Sin embargo, a la vuelta de la esquina espera la gestión diaria de una de las comunidades autónomas con mayor peso económico de España. Y la situación financiera que deja el ejecutivo de Susana Díaz (en funciones, de momento) a su paso se puede convertir en un complicado peaje para quien le suceda. Lo avisa nada menos que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe a propósito del Plan Económico-Financiero (PEF) 2018-2019 Andalucía, que la comunidad autónoma presentó a finales de noviembre y al que la organización presidida por José Luis Escrivá dio el visto bueno el pasado 30 de noviembre, días antes de las elecciones en la región, aunque su publicación se produjo poco después. La Junta de Andalucía dirigida por Susana Díaz tenía la obligación de elaborar este plan después de haber incumplido en 2017 la regla de gasto, entendida como el límite de gasto al que la Ley de Estabilidad Presupuestaria somete a las administraciones cada año en función de la previsión de crecimiento potencial a medio plazo para mantener a raya sus finanzas.

La pugna por hacerse con el control de la Junta de Andalucía tras el resultado de las pasadas elecciones autonómicas promete ser feroz. Ciudadanos y PP se asoman al abismo que supone pactar o no con Vox y dejar (o no) para la hemeroteca cuatro décadas de mandato socialista. Sin embargo, a la vuelta de la esquina espera la gestión diaria de una de las comunidades autónomas con mayor peso económico de España. Y la situación financiera que deja el ejecutivo de Susana Díaz (en funciones, de momento) a su paso se puede convertir en un complicado peaje para quien le suceda.

Lo avisa nada menos que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe a propósito del Plan Económico-Financiero (PEF) 2018-2019 Andalucía, que la comunidad autónoma presentó a finales de noviembre y al que la organización presidida por José Luis Escrivá dio el visto bueno el pasado 30 de noviembre, días antes de las elecciones en la región, aunque su publicación se produjo poco después.

La Junta de Andalucía dirigida por Susana Díaz tenía la obligación de elaborar este plan después de haber incumplido en 2017 la regla de gasto, entendida como el límite de gasto al que la Ley de Estabilidad Presupuestaria somete a las administraciones cada año en función de la previsión de crecimiento potencial a medio plazo para mantener a raya sus finanzas.

Y es que el pasado 15 de octubre, el Ministerio de Hacienda elaboró un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y de la regla de gasto el pasado ejercicio, en el que se reflejaba que Andalucía incumplió esta última, registrando un incremento de los desembolsos computables del 3,1%, por encima del límite del 2,1%.

Es decir, que el ministerio dirigido ahora por María Jesús Montero certificaba que la comunidad autónoma, cuya Consejería de Hacienda ostentaba la propia ministra el pasado año, no había hecho los deberes en términos de control del gasto.

Ahora bien, con el borrador del PEF remitido por la Junta de Andalucía en la mano, la autoridad fiscal asegura que, si bien es probable que Andalucía cumpla con los objetivo de déficit en 2018 (0,4% del PIB) y 2019 (-0,1%), no así lo hará con la regla de gasto, con igual resultado por tanto que en 2016 y 2017.

La AIReF toma como punto de partida la situación actual de las cuentas públicas andaluzas y una serie de supuestos. Entre ellos, la percepción de unos recursos procedentes del sistema de financiación autonómica en línea con los que Hacienda detalló en verano –una inyección de 102.920 millones en concepto de anticipos a cuenta para 2019, un 7,2% más– y unos ingresos derivados de la compensación por el efecto contable negativo de la aplicación el pasado año del sistema inmediato de información del IVA de 2.500 millones para el conjunto de las comunidades autónomas.

Pero también tiene en cuenta el organismo auditor el incremento del gasto que supondrá el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos de la comunidad, suscrito el pasado mes de marzo, en el que se incluyen, por ejemplo, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad en las 20 semanas en 2020, empezando por 10 semanas ya en 2019.

Pues bien, la AIReF ya veía un alto riesgo de incumplimiento de la regla de gasto este año cuando hizo una primera evaluación el pasado mes de julio. Sin embargo, en una nueva revisión ha incrementado la previsión de gastos a tenor de los últimos datos del cierre de 2017, la información sobre sentencias judiciales que impactan en este gasto –165 millones de euros por el ‘Caso Nevada’–, y la ejecución presupuestaria en lo que va de año.

«Las circunstancias han empeorado las perspectivas de la AIReF sobre el crecimiento del gasto y el déficit esperado en la comunidad en 2018, por lo que, aunque se considera prudente la previsión autonómica de ingresos, se estima que los gastos pueden crecer ligeramente por encima de las estimaciones de la comunidad», señala.

Este año la tasa de referencia para la regla de gasto se sitúa en el 2,4%, pero la autoridad fiscal cree que Andalucía sobrepasará otra vez este límite hasta acercarse al 4% y ya avisa de que «aunque pueda mitigarse en términos de gasto computable por la evolución de los gastos cofinanciados por fondos de la UE, las medidas de rebaja de impuestos adoptadas por la comunidad reducen el margen permitido de crecimiento de dicho gasto».

De resultas, la AIReF entiende que Andalucía no requiere realizar ajuste alguno en 2018 para alcanzar el déficit del 0,4% del PIB que permitiría el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Sin embargo, se estima que el cumplimiento de la regla de gasto, «bajo las estimaciones de ingresos actuales, exigiría realizar un ajuste de dos décimas». Esto, a razón de 161 millones de euros por décima, supone un recorte de 322 millones de euros.

Para 2019, la historia se repite. En este caso, la barrera de referencia es del 2,7% y, de nuevo se verá previsiblemente superada por el gasto público efectivo.

Señala que, partiendo del cierre presupuestario de 2018, «Andalucía necesitaría realizar en 2019 un ajuste aproximado de tres décimas para alcanzar el 0,1% del PIB regional y cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria», a lo que añade que, de acuerdo con las estimaciones de ingresos en un escenario central, «el cumplimiento de la regla de gasto puede requerir realizar un ajuste adicional de una décima y considera que la evolución prevista de ingresos y gastos no permitiría llevar a cabo el ajuste total necesario».

Para rematar la advertencia, el informe de la autoridad fiscal apunta que, «aun advirtiendo poca desviación respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, considera improbable alcanzar el saldo que permita el cumplimiento simultáneo de la regla de gasto sin correcciones adicionales».

Así es que sumando las dos décimas de ajuste de 2018 y la décima adicional de 2019, la autoridad fiscal insta a recalibrar el gasto en una proporción equivalente a 483 millones de euros en dos ejercicios.

El gasto dedicado a los funcionarios

El informe precisa que el PEF presentado por la Junta estima cifras de ingresos y gastos superiores a las previstas por la AIReF en 2019. Sin embargo, el organismo duda de la fiabilidad de los previsión sobre todo de los ingresos.

El PEF adelanta, por ejemplo, unos 350 millones de euros de ingresos por la puesta en valor de activos inmobiliarios de la Junta, frente a un incremento del gasto asociado al aumento de los gastos de personal de 126 millones de euros. Sin embargo, la AIReF directamente no considera el impacto de la enajenación de inversiones al no estar definida la naturaleza y el contenido de las operaciones que justifique su impacto. Además, anticipa una evolución más moderada de los ingresos a percibir de fondos de la UE.

Y precisamente, en estos últimos ingresos, descansa la previsión de la Junta de Andalucía de que podrá cumplir la regla de gasto. En tanto, que AIReF no hace la misma estimación, también cree que se producirá un nuevo incumplimiento en 2019.

La situación empeora sin Presupuesto

Además, la situación financiera de Andalucía podría empeorar si el Gobierno central no logra sacar adelante los nuevos Presupuestos para 2019. En tal caso, la consecución del objetivo de déficit para el año que viene también se vería comprometido.

Y es que, sin nuevas cuentas, la comunidad autónoma no se podría beneficiar de una inyección de ingresos procedentes del Estado que serían récord. En cambio, en un escenario de prórroga presupuestaria, la comunidad volvería a recibir la cantidad prevista para 2018.

Por todo ello, la Autoridad Fiscal señala que «el PEF no incluye medidas específicas dirigidas al cumplimiento de la regla de gasto en 2018 y 2019 entendiendo que la evolución esperada de los gastos y de la cofinanciación procedentes de los fondos de la UE permitirá el cumplimiento de la regla en ambos años».

Sin embargo, en contraposición, añade que los mecanismos de control del gasto descritos por la Junta «son útiles, pero no suficientes para hacer frente a desviaciones y que deben plasmarse, para 2018, en actuaciones concretas inmediatas y, para 2019, en medidas o instrumentos estables complementarios a los existentes».

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