El Gobierno de Pedro Sánchez estrecha el cerco en torno a las Sicav, las sociedades que utilizan los grandes patrimonios para administrar su capital, y grava con más impuestos a las Socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estade (PGE) presentado esta mañana incluye cambios en materia tributaria que afectan directamente a estas sociedades, en línea con lo pactado entre PSOE y Unimos Podemos el pasado mes de octubre. 

El Ejecutivo faculta a la Administración Tributaria para comprobar que el número de accionistas requerido a estas sociedades sea, como mínimo, 100. Hasta ahora era la CNMV la encargada de supervisar este requisito que se exige a las Sicav españolas. La medida ya ha generado malestar en el sector de la inversión que denuncia un peor tratamiento para las Sicav españolas que las de su entorno europeo.

Actualmente, estos vehículos tributan al 1%, frente al tipo general del Impuesto de Sociedades del 25%. El incumplimiento en torno a la obligatoridad de mantener 100 accionistas impide a las Sicav beneficiarse del tipo súper reducido.

Inverco señala que la medida pone en riesgo un sector que genera ingresos fiscales por 340 millones y 30.000 empleos

Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, ya ha mostrado su profundo desacuerdo. «La encomienda a la Administración Tributaria no hace sino alejar aún más a las SICAV españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias», considera la asociación.

Inverco recuerda que las Sicav españolas invierten en grueso de su patrimonio en España, concretamente, casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros), pese a que el peso de estos activos en los índices mundiales apenas supera el 2%.

Además, añade, las Sicav son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales.

La asociación, que representa a fondos, pensiones y Sicav, señala que estas sociedades contribuyen, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación.

El proyecto de Ley para los PGE  de 2019 recoge que Hacienda podrá comprobar, a los exclusivos efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido, que el número de accionistas ea 100. Si se incumple la cifra, Hacienda lo comunicará a la CNMV. Del mismo modo, la disposición indica que todas las revocaciones y suspensiones acordadas por la CNMV deberán ser comunicadas a la Administración tributaria, a través del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

Control al mercado inmobiliario

El citado pacto entre el Ejecutivo y Podemos golpea a las Socimis, ya que, tal como consta en los PGE, aplicarán un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

«Las Socimis tienen el régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión Colectiva. Por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) las Socimi tienen un tipo de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades, tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades», convinieron ambas formaciones.

Las Socimis están en el punto de mira por su vertiginoso crecimiento. Y, pese a que su peso todavía es discreto en el conjunto del sector inmobiliario, su evolución está en el punto de mira de instituciones como el Banco de España. En un reciente informe, el supervisor apuntaba a estos vehículos como fuente de inestabilidad para el sector financiero.