Nuevos vehículos de la Guardia Civil.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado la hoja de ruta para luchar contra el cambio climático con objetivos y medidas que deben desarrollarse desde ya y durante las próximas dos décadas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética pretende sentar las bases para alcanzar un nuevo modelo de economía descarbonizada en 2050.
La ley diseñada por el Ejecutivo socialista –que quedará en manos del siguiente Gobierno y de las siguientes Cortes, porque con el adelanto electoral no se tramitará- incluye, entre otras, iniciativas para impulsar los coches eléctricos, para acabar prohibiendo la venta de vehículos diésel y gasolina a largo plazo, para que los aviones utilicen biocarburantes, para que los barcos reduzcan las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles, se establecen requisitos de mejora del 3% de eficiencia energética para edificios públicos…
Unas medidas de las que quedarán exentos las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad. En el texto del anteproyecto de ley, el Gobierno incluye una disposición adicional con la que libra de cumplir los objetivos de la norma al Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías autonómicas y locales, así como los servicios de vigilancia aduanera y los agentes forestales.
“Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los equipos, sistemas de armas, instalaciones y actividades cuyo propósito sea la protección de los intereses esenciales de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública”, se recoge en el anteproyecto que ha estudiado este viernes el Consejo de Ministros. El parque móvil (por tierra, mar y aire) de ejércitos y cuerpos de seguridad quedarían fuera de las obligaciones, como también todos sus edificios e instalaciones varias.
La Ley de Cambio Climático es un paraguas para desarrollar la estrategia nacional contra el calentamiento global y para una economía sostenible. Sirve para preparar el terreno y dar amparo legal a las decenas de nuevas leyes y reglamentos que desarrollarán los objetivos. Y las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, gracias a esa disposición adicional, contarían con el amparo legal para no estar obligados a cumplir los requisitos.
“No obstante, los Ministerios de Defensa y de Interior se esforzarán por garantizar que la actuación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se lleve a cabo, en la medida de lo posible, de forma compatible con los objetivos de la ley”, se indica en el anteproyecto. Según fuentes ministeriales, se incluye esta salvedad para dar más flexibilidad en el cumplimiento de las medidas sin comprometer la defensa nacional y la seguridad.
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