Economía | Empresas

El informe forense de BBVA desmonta la teoría del espionaje masivo de Villarejo

La investigación, coordinada por Eduardo Torres-Dulce, revela que se rastrearon 15.000 llamadas entrantes y salientes de 4.000 teléfonos, pero no hubo grabaciones a gran escala

logo
El informe forense de BBVA desmonta la teoría del espionaje masivo de Villarejo

Resumen:

El informe forense -análisis de detección de fraude y corrupción- que encargó BBVA a PwC, con ayuda de los despachos Garrigues y Uría y Menéndez, para dilucidar el alcance del supuesto caso de espionaje masivo llevado a cabo por el comisario José Manuel Villarejo, con presunto conocimiento del expresidente del banco Francisco González, está a punto de concluirse.

A pesar de que Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, señaló hace unos días durante la junta de accionistas que informe tardará varios meses en concluirse, fuentes conocedoras la investigación aseguran que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón encargado de la causa ya ha recibido en torno a 20.000 folios, equivalentes al 70% del informe, y espera recibir el resto en los próximos días, según ha podido saber El Independiente.

La primera conclusión del avance de la investigación, coordinada por el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, actualmente abogado en el bufete Garrigues, es que no se ejecutaron pinchazos a 4.000 teléfonos para grabar 15.000 conversaciones. Lo que sí se le puede achacar a Villarejo, cerebro de la Operación Tándem, es el rastreo de las llamadas entrantes y salientes de los terminales. Así pues, se desmonta la trama del espionaje industrial, dado que todo indica que el número de grabaciones de conversaciones telefónicas fue significativamente inferior.

El informe forense -análisis de detección de fraude y corrupción- que encargó BBVA a PwC, con ayuda de los despachos Garrigues y Uría y Menéndez, para dilucidar el alcance del supuesto caso de espionaje masivo llevado a cabo por el comisario José Manuel Villarejo, con presunto conocimiento del expresidente del banco Francisco González, está a punto de concluirse.

A pesar de que Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, señaló hace unos días durante la junta de accionistas que informe tardará varios meses en concluirse, fuentes conocedoras de la investigación aseguran que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón encargado de la causa ya ha recibido en torno a 20.000 folios, equivalentes al 70% del informe, y espera recibir el resto en los próximos días, según ha podido saber El Independiente.

El magistrado que instruye el caso en la Audiencia ha recibido ya 20.000 folios, equivalentes al 70% del informe interno

La primera conclusión del avance de la investigación, coordinada por el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, actualmente abogado en el bufete Garrigues, es que no se ejecutaron pinchazos a 4.000 teléfonos para grabar 15.000 conversaciones. Lo que sí se le puede achacar a Villarejo, cerebro de la Operación Tándem, es el rastreo de las llamadas entrantes y salientes de los terminales. Así pues, se desmonta la trama del espionaje industrial, dado que todo indica que el número de grabaciones de conversaciones telefónicas fue significativamente inferior.

El propio Villarejo, no obstante, sí paso años registrando todas las conversaciones que mantenía a través de su móvil. Entre otras, serán elocuentes las mantenidas con el exjefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano ya que era el enlace entre Francisco González y el expolicía, en prisión desde finales de 2017. El comisario jubilado José Manuel Villarejo está acusado de delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la denominada Operación Tándem.

Otra de las primicias que revela el informe es que Villarejo, que siguió trabajando para el BBVA hasta poco antes de ser encarcelado, es que cobró un total de 11 millones de euros por su trabajos para el banco. Entre 2012 y 2017, percibió más de cinco millones, tal como publicó este medio. Sin embargo, la relación del expolicía con el banco se remontaba años atrás.

Villarejo percibió una remuneración total de 11 millones de euros por los trabajos realizados para BBVA

BBVA recurrió a los servicios de una empresa de Villarejo (V & V Development), que trabajaba a tiempo parcial para el Ministerio del Interior al tiempo que hacía trabajos de encargo para grandes empresas, en 2004. El objetivo: frustrar la operación de toma de control del banco por parte del constructor Luis del Rivero, presidente de Sacyr. Junto a éste, el empresario Juan Abelló, consejero del banco, y Miguel Sebastián, en aquellas fechas director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero y antiguo empleado del servicio de estudios de la entidad, también fueron supuestamente espiados, al formar parte de la trama. El exministro socialista ya ha anunciado acciones legales y ha acusado a BBVA de corrupción corporativa.

El informe forensic pone en evidencia que todos los controles internos del banco saltaron por los aires, al igual que el código ético de la entidad. FG habría violado recurrentemente el código ético que él mismo aprobó en el consejo de administración del 28 de mayo de 2005. La normativa en torno a política anticorrupción, el respeto a los derechos humanos, la conducta en el mercado de valores, la libre competencia, y la confidencialidad y protección de datos son algunos de los puntos clave que recoge el documento y que el entonces presidente habría vulnerado a la luz de las grabaciones publicadas durante las últimas semanas. Sólo los pagos efectuados por BBVA al comisario pueden constituir un delito de administración desleal que no habría prescrito.

Torres-Dulce, un nombre para prestigiar la investigación

La investigación interna impulsada por BBVA ha sido ampliamente cuestionada y ha despertado dudas entre algunos sectores, de ahí la importancia de colocar a un jurista con peso al frente de la misma.

Eduardo Torres-Dulce ha desarrollado su carrera profesional de manera continuada en el área fiscal. En septiembre de 1996 fue nombrado fiscal de sala del Tribunal Supremo y fiscal jefe de la secretaría técnica del Fiscal General del Estado. Ocupó este cargo hasta el año de 2000, en el que fue nombrado fiscal jefe de la sección de la sala de lo penal del Tribunal. En 2005 fue adscrito  de nuevo a la fiscalía ante el Constitucional y ahí permaneció hasta ser designado Fiscal General del Estado en enero de 2012. En diciembre de 2014 renunció al cargo y  regresó a su destino en la fiscalía del Constitucional.

En 2015 solicitó la excedencia voluntaria en la carrera fiscal y se incorporó a Garrigues para desempeñar funciones de Of Counsel en el despacho, adscrito al Departamento de Litigación y Arbitraje con especial desempeño en el área de penal.