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El Gobierno pone fin a los permisos para buscar petróleo y gas en la Costa del Sol

El Ejecutivo decreta la extinción de las autorizaciones en aguas frente a Mijas y Fuengirola. Repsol renunció a seguir con los trabajos en 2015, pero los permisos seguían formalmente vigentes.

Plataforma de Repsol.

Plataforma de Repsol. repsol

Quince años después oficialmente se da por finiquitado el intento de encontrar petróleo o gas en aguas de la Costa del Sol. El Gobierno formaliza ahora la extinción de los permisos de investigación para la búsqueda hidrocarburos en el mar frente a los municipios malagueños de Fuengirola y Mijas.

El Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pone con la publicación de una orden ministerial en el BOE punto y final administrativo a la exploración de hidrocarburos en la cuatro áreas del litoral malagueño, denominadas Siroco A, B, C y D. El final administrativo, porque el final operativo se produjo hace casi cuatro años.

Repsol renunció expresamente a continuar con los permisos y con la actividad de investigación en la zona en 2015, una década después de obtener las autorizaciones y tras cuatro prórrogas para mantener vivo el proyecto. El objetivo fundamental había sido encontrar un yacimiento de gas que, se calculaba, podría alcanzar los 5.000 millones de metros cúbicos.

El proyecto Siroco se enfrentó durante todo ese tiempo al rechazo de los ayuntamientos de la zona, de los grupos ecologistas, de pescadores y del sector turístico. En cualquier caso, Repsol justificó su decisión en cuestiones estrictamente empresariales, ya que acababa de cerrar la compra de la canadiense Talisman y se volcó en proyectos más avanzados y con mayores garantías de éxito que el de la Costa del Sol.

Desde que Repsol renunció a los permisos éstos se han mantenido administrativamente vigentes hasta la que se alcanzar su fecha de expiración. Ninguna otra compañía ha optado durante este tiempo a hacerse con esos derechos y continuar con los trabajos.

El plan del Gobierno para que no haya nuevos pozos

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó in extremis un anteproyecto de Ley de Cambio Climático. El texto se quedó en declaración de intenciones, ya que la disolución de las Cortes hacía que el documento naciera muerto al no poder iniciarse su tramitación parlamentaria.

Pero en esa declaración de intención anticipaba que la intención del Ejecutivo socialista es –si en algún momento entrara en vigor esa ley- no otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en España.  Ni en tierra ni en mar habría nuevos pozos de petróleo o de gas, y ni siquiera se buscarían.

España cuenta actualmente con varios yacimientos de hidrocarburos en activo. Los pozos operativos de petróleo que quedan están todos en el mar, frente a las costas de Tarragona, con la única excepción de la pequeña explotación riojana de Viura; mientras que las instalaciones que extraen gas natural se reparten también entre La Rioja, la cuenca del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz.

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