Economía

700.000 personas tendrán que pagar impuestos por el retraso de Hacienda para saldar sus deudas

La Agencia Tributaria ha acumulado 1.123,353 millones de euros pendientes de pagar con interés de demora a los contribuyentes por las rentas de 2020 y 2021

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de enero fijó que los intereses de demora percibidos por los contribuyentes de la Agencia Tributaria están sujetos a retención de IRPF al ser una ganancia patrimonial que constituye renta general. El veredicto ha sentado un precedente que establece una nueva doctrina en la que los beneficiados por un pago de Hacienda tendrán que pagar impuestos si la Agencia Tributaria ha saldado su deuda con demora. Es decir, el 3,75% extra por año que reciban los contribuyentes como consecuencia de la tardanza del fisco en ajustar sus cuentas estará sujeto a la retención del IRPF.

Según ha comunicado la Agencia Tributaria, está pendiente de ejecutar 677.140 devoluciones con demoras de los ejercicios de las rentas de 2020 y de 2021; por tanto, cuando los beneficiados ingresen un dinero que les pertenece desde hace más de un año tendrán que pagar impuestos por el retraso de Hacienda para saldar sus deudas, siempre y cuando la justicia mantenga el criterio marcado recientemente por el Supremo.

Expertos en la materia deslizan en conversación con El Independiente que este tipo de decisiones judiciales pueden atender a razones financieras o políticas y no estrictamente jurídicas. Ignacio Abad, abogado especializado en Derecho Financiero y Tributario de Fuster-Fabra Abogados, alude a que el cambio de escenario que implica retenciones de IRPF en los intereses de las deudas con demora "va a amortiguar el impacto financiero en las arcas públicas con la recuperación de parte de esa deuda vía impuestos".

El Alto Tribunal considera que el interés recibido como consecuencia de la tardanza de Hacienda en efectuar sus pagos a los contribuyentes es una ganancia patrimonial, por lo que debe ser imputada como un ingreso adicional del contribuyente. "Va a la base imponible general y por tanto va a tributar al tipo de IRPF que le corresponda por renta al contribuyente. Del 19% al 47%", apunta Abad. El debe acumulado por la Agencia Tributaria en los dos últimos ejercicios de la renta asciende a 1.123,353 millones de euros, de los cuáles la mayor parte -601,109 millones de euros- son de la renta del 2020, por lo que el interés de demora será mayor.

Control fiscal a los intereses de demora

Si Hacienda tiene una deuda de 10.000 euros y la paga con un año de retraso ingresará al contribuyente 10.375 euros, de los cuales 375 euros serán sometidos al IRPF que le corresponda al beneficiario según sus ingresos. En caso de que la persona con la que el Estado haya contraído la deuda forme parte del tramo máximo, se le aplicará un tipo del 47%. Es decir, que de los 375 euros otorgados para compensar la demora Hacienda retendrá 176,25 euros de vuelta.

La maniobra busca amortiguar el efecto financiero sobre las arcas públicas

ignacio abad, fiscalista de fuster-fabra abogados

"Con la decisión del Supremo se puede ver incrementada la carga tributaria del contribuyente. Hacer tributar a los intereses de demora es cuanto menos cuestionable. Lo que busca el interés de demora es compensar el daño económico y financiero que ha experimentado el contribuyente durante el tiempo que le ha sido causado el perjuicio económico hasta que le ha devuelto el dinero hacienda", sentencia Abad, que entiende que el gravamen a los intereses de demora su finalidad. "Normalmente las indemnizaciones están exentas de impuestos hasta 180.000 euros".

Seguridad jurídica a debate

El giro de 180 grados del Tribunal Supremo respecto al tratamiento fiscal de los intereses de demora ha desconcertado a expertos en derecho tributario como Abad: "Lo cierto es que genera inseguridad jurídica cuando en dos años se cambia totalmente de postura. En un Estado de Derecho como España, donde consideramos que hay una seguridad jurídica muy alta y un ecosistema de ganrantías para todos los operadores, este tipo de decisiones hace que se cuestione la seguridad jurídica".

La nueva doctrina fijada por el Alto Tribunal sienta un precedente más que relevante, aunque no es definitiva. "Si ahora se produce un cambio en la composición de la sala puede volver a mutar la decisión y acrecentaría el debate sobre la seguridad jurídica de España", apunta Abad.

El agujero del 'modelo 720'

La Agencia Tributaria ha anunciado el pasado 4 de enero que ha devuelto más de 9.600 millones de euros a cierre de año a 13.534.000 contribuyentes, lo que supone haber correspondido sin demora el 97,5% de las devoluciones solicitadas, un 94,9% del importe de esas solicitudes.

Sin embargo, para finiquitar sus obligaciones con el ejercicio de la renta 2021 ha de pagar los 522,244 millones restantes a 348.544 personas, deuda que se suma a los 601,109 millones pendientes de la renta 2020 a 328.596. "El origen de la deuda puede ser muy diverso, aunque un caso muy relevante y con importes elevadísimos a pagar de por parte de la Administración a los contribuyentes es el del 'modelo 720' ", comenta Abad.

El modelo tributario 720 es una declaración de bienes y derechos en el extranjero por la que "se sancionaron por grandes cantidades a muchos contribuyentes". "Hubo numerosos casos donde los perjudicados sufrieron multas económicas y fueron obligada a regularizar su situación, lo que costó cantidades ingentes de dinero", puntualiza el fiscalista.

La Justicia europea declaró ilegal el 'modelo 720' español y por tanto anulaba todos los procedimientos sancionadores que se habían puesto en marcha. "Los contribuyentes están reclamando ahora la devolución de esas sanciones que eran muy elevadas. Estamos hablando de sanciones del 150% de la cuota tributaria regularizada, por lo que si la cantidad regularizada fueron 500.000 euros las sanciones alcanzaron los 750.000 euros. Esas cifras las ha de devolver Hacienda y hay que añadirle intereses de demora, de ahí que puede que con este impuesto estén buscando amortiguar el impacto de este agujero", concluye el abogado especializado en Derecho Financiero y Tributario.

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