"La patria no es sólo hacer patrimonio, sino ser solidario y arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita". Con estas palabras, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lanzó una crítica directa al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, tras la decisión de la compañía de trasladar su sede social a Países Bajos. "Estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país y a la contribución de los españoles", abundó el jefe del Ejecutivo tres días después de que la operación fuese comunicada al mercado.

Aunque inicialmente guardó silencio, la CEOE presidida por Antonio Garamendi terminó saliendo el viernes a defender al empresario frente a los ataques directos lanzado de las filas del Gobierno en pleno escándalo del caso Mediador que implica a un diputado nacional del PSOE y con el conflicto abierto con sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno por la ley del 'solo sí es sí'. Todo, en plena precampaña electoral y con las elecciones generales ya en el horizonte.

Con el paso de la semana, el Gobierno fue subiendo el tono y el propio presidente del Gobierno aseguró públicamente que la marcha a Países Bajos no se debería tanto a motivos empresariales como a razones fiscales. "Eso es lo que está detrás de la decisión del señor Del Pino", sostuvo Sánchez, que ha impulsado un impuesto extraordinario para las grandes fortunas con el que neutralizar la bonificación de gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Garamendi le recriminó que señalar con nombres y apellidos al empresario genera "desconfianza" entre los inversores. "Se miran personas, se buscan personas y se intenta destrozar a las personas", sostuvo el presidente de la patronal. "Ojalá en España hubiera más Rafaeles del Pino, padre e hijo. (...) Imagina un Juan Roig o un Amancio Ortega en cada provincia de España, sería maravilloso", remató.

Precisamente, esos dos empresarios atesoran las principales fortunas de España. Y no es la primera vez que, desde su llegada a La Moncloa, el Gobierno lanza críticas con nombres y apellidos a los primeros espadas de las compañías más grandes del país. Sin ir más lejos, el último al que se puso en la diana fue a Juan Roig, a consecuencia de la subida del precio de los alimentos. En este caso, fue Podemos quien se encargó de calificar al empresario valenciano dueño de Mercadona de "capitalista despiadado".

El partido morado ha optado por personalizar en su figura un problema que las medidas adoptadas hasta ahora por el Consejo de Ministros -la bajada y supresión del IVA de alimentos básicos- no han sido capaces de atajar; la espiral de precios en los supermercados, que la gran distribución atribuye a la subida de costes a lo largo de la cadena agroalimentaria. Si se gana "9.000 millones en un año, no eres un empresario, eres un usurero", dijo la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que tachó este sábado a Ferrovial de "empresa pirata".

Aunque el gran señalado desde las filas moradas siempre ha sido el fundador de Inditex, Amancio Ortega. Al dueño de la matriz de Zara, Berskha o Stradivarius le criticaron por donar a la sanidad pública a través de su fundación maquinaria de última generación que sirve para el tratamiento de algunas graves enfermedades. "No es un filántropo, sino un evasor fiscal", dijo la secretaria de organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, en el marco de la última campaña electoral en Madrid.

"Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios para dotar su sistema sanitario, les hace pagar los impuestos que les corresponden y respetar los derechos de sus trabajadores", agregó también el exsecretario general del partido y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Distancia con Moncloa

Una decisión de la trascendencia de la que ha tomado Ferrovial habría sido habitual que se comunicase a altas instancias del Ejecutivo como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Pero no fue hasta un día después de que la constructora trasladase su decisión al mercado, cuando la ministra manutuvo una llamada telefónica con el propio Del Pino en la que le trasladó su rechazo y le mostró su profundo malestar por la mudanza a Países Bajos.

El distanciamiento entre La Moncloa y buena parte del Ibex va creciendo a medida que pasan los meses, sobre todo a raíz del impuesto a la banca y las energéticas que algunas están decididas a pelear en los tribunales.

La última instantánea con buena parte de los altos directivos reunidos con Sánchez fue en el foro de Davos. Estaban la presidenta del Santander, Ana Botín; Carlos Torres, del BBVA; Josu Jon Imaz, de Repsol; José María Álvarez Pallete, de Telefónica; y Francisco Reynés, de Naturgy. Se ausentó José Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola.

Precisamente, Sánchez se había congratulado tiempo atrás de las críticas recibidas por éste último y la presidenta del Santander a consecuencia del impuesto. "He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección", llegó a sostener el también líder del PSOE.

Las razones de la marcha

Ferrovial asegura en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su marcha a Países Bajos favorecerá sus costes de financiación, le dotará de mayor proyección internacional y facilitaría su salto a la bolsa de Estados Unidos. Sin embargo, dicen que apenas tiene efecto en lo que paga en impuestos en España ni tendrá consecuencias para el grueso de sus empleados.

"Hay ejemplos de grandes empresarios comprometidos con su país. No es el caso del señor Del Pino", había dicho ya Sánchez el jueves, en plena gira para preparar su próxima presidencia de la Unión Europea.

Desde el ala morada del Gobierno también se emplearon a fondo. Belarra avanzó que presentarán una iniciativa en el Congreso de los Diputados para "evitar la deslocalización de empresas" que "hayan recibido ayudas públicas" y que, si "finalmente se van", tengan que "devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles para mantenerlas a flote".

El propio consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, pidió que "nadie dude de la continuidad en España" de la compañía. "El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguir contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho", recalcó.

Pero tras la escalada verbal del jefe del Ejecutivo en la recta final de la semana y las amenazas de Podemos, el presidente de la patronal Seopan, Julián Núñez, aseguró el viernes a título personal que la organización estaría dispuesta a "ejercer cuantas acciones sean necesarias si se llega a vulnerar la legalidad vigente y se produce un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad en España".

Núñez recordó que el traslado responde a la internacionalización creciente de Ferrovial, que tiene el 82% de los ingresos en el exterior y cerca del 96% del valor de la compañía proceden de su actividad internacional. En este sentido, negó que haya un ánimo de beneficiarse de una menor carga impositiva. "Países Bajos, que no es un paraíso fiscal, tiene una tributación es muy similar a la española", argumentó.