Fue hace escasas semanas cuando la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial para detener a Koldo García y al resto de implicados en la trama de cohecho, blanqueo de capitales, entre otras causas por la compra y venta de mascarillas para diversos ministerios del Gobierno durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus.
Las operaciones de las diferentes sociedades con las que facturaron los implicados se remontan a principios de 2020, con el inicio de la crisis sanitaria. Fue también en esas fechas cuando la Agencia Tributaria comenzó una labor de inspección sobre la fiscalidad de las empresas utilizadas en la trama. Dos años después de la venta de mascarillas al Ministerio de Fomento y Transportes dirigido por José Luis Ábalos, Hacienda detectó irregularidades en la facturación de las mismas.
En concreto, la empresa que se investigó fue Soluciones de Gestión SL, controlada por Víctor De Aldama, el conseguidor de contratos y de condiciones ventajosas en los vuelos que transportaban las mascarillas. El empresario, amigo personal de Koldo García, está considerado por la Guardia Civil y por Hacienda como uno de los cabecillas de la trama.
El foco en el que trabajó Hacienda, a partir de 2022, radica en tres contratos que suman 40 millones de euros: uno por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros, otra por suministro de estos cubrebocas para ADIF por un total de 12,5 millones de euros y una tercera adquisición de material de protección sanitario cuyo destinatario era la Secretaría de Estado de Seguridad por un total de 3,4 millones de euros. No se descarta que la cuantía pueda ser mayor, ya que la empresa suscribió contratos por 13 millones de euros con Canarias y las Baleares que investiga la Fiscalía Europea.
Durante este período la sociedad que controlaba De Aldama experimentó una importante subida en sus ingresos y sus beneficios durante los trimestres de la pandemia. Sin embargo, las cuentas de Soluciones de Gestión se desplomaron tras la salida de Ábalos del ministerio, en 2021.
En concreto, la empresa facturó apenas dos millones de euros, lejos de los 53 del ejercicio contable inmediatamente anterior. Los beneficios también cayeron en picado y Soluciones de Gestión apenas obtuvo 200.000 euros de ganancias.
Hacienda, por tanto, detectó irregularidades durante ese tiempo por lo que exigió a De Aldama información acerca del estado financiero de Soluciones. El conseguidor recibió una notificación de la Agencia Tributaria y comenzó a sospechar, algo que compartió con sus compañeros de negocio a través del grupo de Whatsapp ‘Los cuatro mosqueteros’.
Según se desprende de la investigación de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso El Independiente, Víctor de Aldama mandó un audio alertando de que Hacienda podría sospechar de la actividad de varias de sus sociedades.
“Ya os explico cuando os vea en persona, pero estos hijos de puta van a tocarnos los cojones, eh. Voy a necesitar de vuestra ayuda, así que cuando os vea os cuento, ¿vale?”, explica ante sus compañeros.
En dicho grupo, en el que figuraban Víctor De Aldama, César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Tapia, uno de los integrantes indica “qué hijos de puta”, en referencia a lo contado por el conseguidor de contratos.
Investigación anterior
Sin embargo, aunque a los implicados les preocupase más la investigación relativa a los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas, no era la primera vez que De Aldama y Juan Carlos Cueto eran requeridos por el fisco para proporcionar más información sobre sus obligaciones tributarias. En relación a Soluciones de Gestión, la documentación de Hacienda llega a afirmar que “esta sociedad tenía un historial importante de comprobaciones”.
De hecho, en un informe relativo a la investigación, la Agencia Tributaria explica que fue debido a la solicitud de unas devoluciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se inicia la labor inspectora, a raíz de la cual, se detectaron hasta tres delitos de fraude fiscal vinculados a las empresas utilizadas por la trama.
El más cuantioso, como adelantó este periódico, ascendería a más de 1,8 millones de euros y lo habría cometido Víctor De Aldama. La AEAT le acusa de no haber devengado el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) -desde 2015- y de haber utilizado dos sociedades para evitar el pago de este impuesto.
Este es un delito habitual en materia fiscal, la utilización de una empresa “para realizar servicios personalísimos, que no requieren estructura empresarial” y evitar así el pago del impuesto sobre la renta. “Es una de las formas más comunes de defraudación”, afirma la Agencia Tributaria. Esta es la operativa que la Delegación Especial de Aragón de la AEAT detectó en 2020 y que ha sido incorporada a la causa que se investiga ahora. La empresa utilizada por De Aldama sería Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de numerosos contratos públicos por un valor superior a los 50 millones de euros.
El informe hace referencia a que se incluían gastos deducibles en las declaraciones de ejercicios previos a 2020, en los que la actividad económica era mínima. Esto llevó a la Agencia Tributaria a ampliar la investigación a años anteriores, en relación al IVA declarado por Soluciones.
A través de Deluxe Fortune, otra de las empresas de De Aldama, que fue contratada por Huawei como publicó este periódico para lograr adjudicaciones favorables para la compañía china, el empresario defraudó 318.358,59 euros, según consta en la documentación. En este caso, el acusado habría incorporado gastos personales como gastos correspondientes a la compañía para deducirlos fiscalmente. Sin embargo, la AEAT detectó que se trataban de gastos “personales del señor De Aldama”.
Por otra parte, Hacienda le acusa de crear una “ficticia situación creada de insolvencia para dejar de pagar los importes reseñados y declarados por el propio obligado”. Cabe señalar que De Aldama se declaró en concurso de acreedores a finales del pasado año y que la compañía se liquidó en febrero de 2024, coincidiendo con la detención de Koldo García.
También bajo Soluciones de Gestión se habría cometido un tercer fraude al fisco por 200.000 euros. La investigación imputa este delito a Juan Carlos Cueto, así como a Daniel Sierra, José Ángel Escorial, Íñigo Rotaeche y Luisa Presa, todos vinculados a las empresas a través de las que operaba la trama. El informe cita que la sociedad “dejó de ingresar 200.000 € sobre Sociedades de 2020 como consecuencia de un ajuste fiscal por deterioro de crédito en 2019 en el que hay que valorar su finalidad defraudatoria”.
Mensajes de alerta
Pero ese mensaje de 2022 no es el único momento en el que los detenidos por la Guardia Civil comienzan a sospechar y exponen sus inquietudes a través del chat de Whatsapp. Es en noviembre de 2020 cuando Javier Serrano manda un enlace de una noticia de un medio de comunicación en el que se afirma que el ministro José Luis Ábalos adjudica a “su proveedor de confianza” la compraventa de mascarillas.
En julio de 2020 y en junio de 2022, la Agencia Tributaria comunicó a Víctor De Aldama y a sus dos sociedades MTM 180 Capital y Deluxe Fortune que se ampliaba la actuación inspectora sobre su actividad.
“Ojo a lo que acaba de saltar”, alerta Javier. “Mira esto, Nacho”, vuelve a insistir uno de los empresarios que están detrás de la trama. No obstante, el resto de miembros prefieren pasar por alto las alertas y no hacen ningún tipo de comentario a la noticia enviada por Serrano.
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