Los planes del Gobierno para levantar 184.000 viviendas en los próximos años y el impulso general que vive el sector por la creciente demanda y creación de hogares han desbordado los cálculos que hacían las constructoras sobre la necesidad de mano de obra para ejecutar los fondos europeos. Si hace un par de años cifraban las necesidades de España en unos 700.000 profesionales, ahora esa cifra podría doblarse.
Así lo señaló este martes el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, durante un encuentro con periodistas. "Si haciendo un cálculo bruto ponemos que cuatro trabajadores ejecutan una vivienda, estaríamos hablando que nos hacen falta otros 700.000", remarcó. No se trata solo de la vivienda pública que están impulsando las administraciones sino también de los grandes desarrollos urbanísticos en los que trabajan promotoras privadas.
Para paliar la falta de profesionales, la organización no solo está promoviendo la incorporación de mujeres al sector, sino que "estamos viendo si somos capaces de traer inmigrantes". Por un lado, propone "regularizar a los de aquí dándoles formación suficiente para que se considere que tienen arraigo aquí". Eso, según Fernández Alén, sería una forma de "luchar contra la economía sumergida" que además permitiría incrementar la mano de obra y, por ende, sumar "muchos más cotizantes a la Seguridad Social".
Y, en segundo lugar, también propone "buscar traer inmigrantes de fuera". De momento las empresas del sector están usando de manera privada dos convenios de los años sesenta firmados con Chile y Perú. En base a los mismos, no necesitan justificar la carencia o necesidad de mano de obra urgente para traer profesionales. Algo que, por los cauces administrativos habituales, es un trámite "muy complejo". "Estamos intentando firmar más convenios o que se generalicen convenios de ese tipo, porque con ese tipo sí podemos tener mano de obra", enfatizó.
Según destacó, "está llegando un momento en el que la licitación de obra pública está muy intensa y se quiere poner una política de vivienda muy activa de manera inmediata". El presidente de la patronal dio por hecho que las grandes obras públicas que licita los organismos dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no se van a parar porque las empresas centran ahí sus esfuerzos. "Pero en obras privadas ya te están dando para muy lejos", sostuvo.
Tampoco ve que la construcción industrializada pueda suponer una solución para la situación que atraviesa el sector "Va a ser una solución que agilice la ejecución de las obras, pero no va a ser la panacea para la mano de obra", opinó. Antes de la crisis inmobiliaria había 2,7 millones de trabajadores en el sector frente a los 1,4 millones con los que cuenta ahora. Esto es insuficiente para lograr "el ritmo óptimo de 150.000 viviendas al año".
Récord de licitación
En el primer semestre de este año se batió récord de licitación pública y hasta agosto se incremento más de un 7% interanual. Su previsión es que hasta 2026 siga habiendo un volumen "enorme de licitación". "El sector de la construcción puede con todo, está yendo a todas las licitaciones y ejecutando todo lo que puede. Pero de lo que se dan cuenta las empresas es que en muchos casos, los números no salen", remató Fernández Alén.
La patronal asegura que las nuevas exigencias laborales y medioambientales han disparado en torno al 50% los gastos generales para las constructoras durante los últimos 20 años.
"Obligaciones en materia laboral -como la implantación de sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias-, el incremento de ciertas cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos de los sucesivos incrementos del Salario Mínimo hacen que el actual porcentaje del 13% que, salvo alguna excepción, pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación resulte a todas luces insuficiente", explica.
CNC recuerda que la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración.
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hace 1 mes
Menos paguitas a vagos y que se pongan a trabajar
hace 1 mes
Traiganlos Uds con contrato y encárguense de formarlos.
hace 1 mes
Lo que tendrian que hacer,no las constructoras sino un gobierno decente,es actuar como en todos los paises de nuestro entorno.
Habiendo cientos de miles de trabajadores de la construcción cobrando el subsidio de desempleo cualquier oferta de este trabajo ha de ser aplicada a los parados que lleven mas tiempo en esa situacion.Y si alguien,reuniendo las condiciones para ello,no la acepta pierde automáticamente el derecho a cobrar ningún tipo de subsidio.Porque hay que acabar con tanto vago y tanto sinvergüenza que están en paro para cobrar el subsidio pero luego trabajan en el mercado negro,cobrando así doblemente.
hace 1 mes
Aquí otra consecuencia del proceso descontrolado de la inmigración, sin orden ni concierto, tenemos inmigrantes en exceso pero no capacitados. Grave error y graves consecuencias, además de no resolver nada.