Las patronales de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) quieren llevar a Bruselas el decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes para blindar al sector del taxi tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbaba la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

"Estudiaremos el contenido del Decreto y lo pondremos en conocimiento de la Comisión Europea, ya que entendemos que esta regulación contraviene la sentencia del TJUE, y solicitaremos que la Comisión abra un procedimiento contra el Gobierno de España", advierten desde Feneval, la patronal en la que se enmarca Cabify, y también desde Unauto tras conocer las medidas adoptadas en plena campaña electoral para las generales del 23 de julio.

El Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha introducido en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Lott) nuevos criterios medioambientales y de gestión del transporte y el tráfico para otorgar y explotar las licencias VTC que usan las plataformas como Uber, Cabify y Bolt. Aunque la norma se refiere a las licencias interurbanas y no a las urbanas, que dependen de las comunidades autónomas.

Para las patronales del sector, estas modificaciones van en contra de la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo "al establecer restricciones que aplican unilateralmente al sector VTC y definir al taxi como un servicio de interés público de interés general". "Esta definición contradice expresamente la reciente sentencia del TJUE, que establece claramente que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el interés general y que éste no es en ningún caso 'la viabilidad económica del sector del taxi'", expresan.

Desde el Ministerio rebaten que la nueva regulación "está alineada con el marco de la Unión Europea y, por lo tanto, centrada en la proporcionalidad, la competencia leal, la lucha contra las malas prácticas y la protección del interés general, aportando seguridad jurídica al mercado".

Una de las asociaciones que promovía las protestas, Elite Taxi, coincide en que la modificación legal realizada "es positiva dado que contribuirá a dar seguridad jurídica al sector del transporte con vehículo de viajeros, el cual había quedado en una situación de impasse tras la sentencia del Tribunal Europeo".

Las citadas patronales subrayan, en cambio, que "todas las regulaciones aprobadas deben ser proporcionales y no discriminar entre taxis y VTC". Pero en su opinión, el Gobierno español estaría contradiciendo el principio de proporcionalidad que establece que cualquier regulación sobre el transporte urbano de interés general no pueden ser discriminatorias.

Acusan además al departamento que dirige Raquel Sánchez de haber promovido una "regulación exprés" y le acusan de haberla "negociado con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular". En este sentido, reprochan que no se les haya "consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros".

El cambio normativo llega en plena campaña electoral y tras las amenazas de los taxistas de convocar movilizaciones masivas si el Gobierno no tomaba cartas en el asunto inmediatamente y ponía un coto preventivo a una posible concesión masiva de miles de licencias de VTC que permanecen bloqueadas en los tribunales. Las patronales de las VTC llegan a asegurar que "el objetivo indisimulado" el Gobierno es "ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas" a las puertas del 23-J.

Ambas patronales de VTC ya remitieron una carta a la comisaria europea de Transporte, Alina Valean, en la que denunciaban la intención del Ejecutivo español de burlar en un nuevo decreto ley la sentencia del TJUE y "favorecer nuevamente al taxi". Ahora, le acusan también de haber incumplido la propia Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), "que obliga a consultar previamente sobre cualquier modificación de la regulación de este sector a las comunidades autónomas, las cuales han sido ignoradas, como también lo han sido los usuarios y consumidores".

El nuevo texto también incluye unas disposiciones transitorias que señalan que en todos los procedimientos sobre autorizaciones VTC pendientes de otorgamiento a la entrada en vigor del Real Decreto-ley se aplicarán los criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones de CO2, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público previstos con la modificación de la Ley.

Según el Ministerio, si por aplicación de estos criterios no se otorgara la autorización, se suspenderá el procedimiento, que podrá reanudarse en cualquier momento, previa solicitud del interesado que acredite el cumplimiento de dichos criterios, en el plazo de tres años desde la notificación inicial del incumplimiento.

La norma establece que la autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio de la autorización, de conformidad con el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, los gobiernos regionales podrán establecer, para las autorizaciones que se domicilien en su territorio, otros criterios de mejora de la calidad del aire en el marco de lo previsto en el Derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud.