La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat ha pedido esta semana a los ayuntamientos catalanes que "busquen soluciones" en sus cementerios para poder enterrar a difuntos de confesión musulmana durante el estado de alarma provocado por el coronavirus. La Generalitat recuerda que los servicios funerarios son competencia municipal, y subraya que todas las confesiones tienen ritos, prescripciones o tradiciones en el acompañamiento de cadáveres, protegidas legalmente.
La tradición entre los marroquíes residentes en Cataluña -la primera comunidad extranjera por número de residentes- es embalsamar los restos de sus familiares fallecidos en España para enterrarlos en sus localidades de origen en Marruecos. Una tradición que comparten la mayoría de las comunidades de religión musulmana, como la numerosa comunidad paquistaní. Todos ellos suelen suscribir pólizas de entierro para sufragar estos gastos.
Ni nichos ni cerca de los católicos
Pero este proceso es imposible ahora, con las fronteras cerradas y la prohibición de manipular los restos de los fallecidos a raíz de la pandemia de coronavirus, hayan muerto o no a causa del Covid-19. Y muy pocos cementerios catalanes están preparados para acoger restos humanos según la tradición musulmana.
"Tenemos esa dificultad, sí" reconoce Mohamed el Ghaidouni, portavoz de la Unión de Centros Islámicos de Cataluña. Según la doctrina islámica, el cuerpo de una persona al morir tiene que ser inhumado en tierra, las tumbas tienen que estar orientadas hacia la Meca tienen que estar separadas de aquellas que acogen personas de otras confesiones y no está permitida la incineración.
"En situaciones de fuerza mayor las familias pueden llegar a aceptar la incineración, pero difícilmente encontraremos un pronunciamiento público en este sentido", advierten desde la Generalitat.
Barcelona, sin acceso a la incineración
Pero ni siquiera esa opción es viable en Barcelona y su entorno metropolitano, donde los cuatro hornos de incineración están ya colapsados. El Ayuntamiento ha anunciado la compra de un horno portátil, pero no estará en funcionamiento antes de una semana. Mientras, el regidor Eloy Badia reconoció este lunes que el Consistorio tendrá que "desviar" a entierro forzoso parte de las peticiones de incineración.
Esos restos recibirán sepultura en los cementerios de Montjuïc o Collserola, los que tienen más disponibilidad, según anunció Badia. Pero sólo el segundo dispone de espacio adecuado para los fallecidos de religión musulmana.
Según el Idescat, la comunidad de origen marroquí es la mayor dentro de las comunidades extranjeras en Cataluña, con más de 223.000 personas, casi el 20% de la población extranjera residente en esta comunidad. Y una gran mayoría de ellos residen en Barcelona y su área metropolitana, donde vive también una numerosa comunidad paquistaní, también de religión musulmana.
En el caso de Barcelona, marroquís y paquistanís representan más del 10% de los extranjeros en la capital catalana y se acercan a los 35.000 vecinos de la Ciudad Condal. También representan un porcentaje importante de los vecinos de Hospitalet del Llobregat, y el resto del área metropolitana. De hecho, el 58% de los marroquís residentes en Cataluña viven en la provincia de Barcelona, donde reside también el 88% de la comunidad paquistaní.
La Generalitat reconoce que hay una "carencia generalizada" de parcelas islámicas en los cementerios o de espacios que sin ser privativos sean adecuados a sus prácticas funerarias. Y ha dejado claro que la opción de mantener los cuerpos en cámara frigorífica en el tanatorio "no es viable".
La situación temporal no tiene fecha límite actualmente, advierten desde de gobierno catalán. Además, no hay espacio, los costes son elevados y no está claro que el seguro se haga cargo un periodo tan largo, por lo que la situación planteada es que los cuerpos no se pueden trasladar y se tienen que inhumar en Cataluña.
Tampoco es posible un entierro provisional en Cataluña para después repatriar el cuerpo a Marruecos, ya que el cuerpo se tendría que embalsamar, pero este proceso está prohibido dentro de las medidas del estado de alarma por el coronavirus.
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