España

Villarejo contraataca: se querella contra Iglesias por denuncia falsa en el 'caso Dina'

La denuncia se produce en vísperas de que el Tribunal Supremo determine si abre causa penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno, como le ha pedido el juez que instruye el 'caso Villarejo'

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso. EP

José Manuel Villarejo ha presentado una querella contra Pablo Iglesias por presunta acusación y denuncia falsa en el caso Dina, después de que el vicepresidente segundo lo situara tras el robo del teléfono móvil de su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y la filtración a la prensa de mensajes entre miembros de Podemos almacenados en su interior para perjudicarle electoralmente. La denuncia alcanza también a Bousselham y, en calidad de cooperadoras necesarias, a la vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo y a la abogada Marta Flor Núñez.

La querella, de 119 folios de extensión y a la que ha tenido acceso El Independiente, se ha presentado este lunes ante el Supremo dado que Iglesias goza de fuero por su condición de diputado y miembro del Gobierno. El comisario hoy preso pide al alto tribunal que la admita a trámite y le tenga por acusación particular.

La acción impulsada por Villarejo se produce en vísperas de que el Supremo decida si abre causa penal contra el líder de Podemos, como ha planteado el juez de la Audiencia Nacional que investiga la macrocausa Tándem. Se trata del procedimiento -desgajado en una treintena de piezas separadas- por el que el antiguo agente encubierto permanece en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017.

El magistrado Manuel García-Castellón elevó una exposición razonada el pasado 7 de octubre al reunir indicios que le llevan a acusar a Iglesias de la comisión de delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos. En opinión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el dirigente político instrumentalizó supuestamente la investigación del caso Dina -en el que se investiga el robo del móvil de su antigua asesora en el Parlamento Europeo, la filtración de mensajes contenidos en su interior publicados en prensa en julio de 2016 y la aparición de una copia del volcado de éste en casa del comisario tras su detención hace tres años- para presentarse como víctima de la trama policial de Villarejo y obtener «algún tipo de ventaja electoral».

La denuncia se produce en vísperas de que el Supremo decida si abre causa penal contra Iglesias, como le ha pedido el juez García-Castellón

El comisario se apoya en gran medida en el contenido de la exposición razonada y en la declaración como testigo del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, quien se reiteró en sede judicial en que fue un «montaje» la decisión de atribuir a las cloacas del Estado la filtración de los pantallazos que se publicaron en la prensa con información del teléfono robado a Bousselham.

Villarejo mantiene desde el principio que el caso Dina se abrió «de una manera espuria» y con la única intención de «ayudar electoralmente» a Podemos y a Pablo Iglesias, presentándose éste como perjudicado «cuando evidentemente no lo era». El instructor llegó a retirarle tal condición al secretario general de Podemos en una decisión que posteriormente fue corregida por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

En este sentido, el querellante llama la atención sobre el hecho de que esta pieza no se abriera hasta el 21 de marzo de 2019 -en vísperas de las elecciones generales del 28 de abril- a pesar de que la copia de la tarjeta SIM de la ex asistente de Iglesias permanecía desencriptada en poder de los investigadores policiales desde que registraron su vivienda en noviembre de 2017. Y que justo al día siguiente la Fiscalía ya pidiera al juez que citara como perjudicados tanto a Bousselham como a Pablo Iglesias, cuando éste «ni era titular del móvil ni de la tarjeta SIM supuestamente hurtados».

El mitin en vísperas del 28-A

El controvertido policía recuerda que no fue hasta el 26 de marzo de 2019 cuando el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional llamó al líder de Podemos para que declarara al día siguiente como testigo, si bien éste ya «insinuó» tres días antes durante el mitin inicial de precampaña ofrecido ante el Museo Reina Sofía de Madrid que sería citado.

En dicha comparecencia judicial, Iglesias atribuyó a una «trama» integrada por diversos policías que habrían filtrado información del móvil a un medio de comunicación concreto -en alusión a OKdiario– para perjudicarle a él cuando las encuestas situaban a la formación morada como segunda fuerza «casi en empate técnico con el Partido Popular».

El comisario retirado señala que el propio auto por el que el juez García-Castellón dio por cerrada la investigación del caso Diana limita su responsabilidad en los hechos a la «mera tenencia y acceso a parte del contenido de la tarjeta», pero «sin ninguna intervención en ninguna acción en la revelación de los hechos descubiertos».

Por contra, considera que la instrucción de la causa ha puesto de manifiesto la existencia de «múltiples indicios documentales» de que los querellados «eran conocedores de la falsedad de los hechos» y que Dina Bousselham «ocultó deliberadamente» al juez tanto que fue ella «la autora de las capturas del chat» como su difusión «a terceros». También lo «conocía» Iglesias, por cuanto «había podido acceder al contenido íntegro de la tarjeta original del móvil durante meses, sin el conocimiento ni el consentimiento de la propietaria de tales datos».

«Todo ello para poder atribuir al Sr. Villarejo, a las cloacas del estado, al Ministerio del Interior y a algunos periodistas y medios de comunicación el robo del móvil y el posterior descubrimiento y revelación de secretos», expone la querella.

El principal imputado del caso Tándem considera «útil» y «necesario» que se exhorte al Juzgado de Instrucción 32 de Madrid para que remita testimonio íntegro de los chats aportados por José Manuel Calvente en la causa por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones que interpuso Marta Flor Núñez contra él y que la juez Rosa María Freire archivó a finales de julio al no apreciar indicios de delito.

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