En la Real Casa de Correos reina la tesis de que Isabel Díaz Ayuso ha tomado la decisión de confinar Madrid por días, en contra del criterio imperante en el resto de autonomías, por pura convicción de que la protección de la salud debe convivir con la de la economía. Y eso, a su juicio, se consigue únicamente con la estrategia desarrollada hasta el momento por la Comunidad de Madrid: "medidas quirúrgicas" por áreas sanitarias; realización de test masivos y control de fronteras exteriores, sin necesidad de cierres largos.

Se trata de un criterio que choca con las recomendaciones -algunas en forma de órdago- que han deslizado en la últimas horas tanto Salvador Illa como Fernando Simón. "Un confinamiento corto no es suficiente", advertía este último tras informar que España había superado el récord histórico de contagios al sumar 23.580 nuevos casos de coronavirus. "Los datos nos avalan", sentencian por su parte las autoridades sanitarias madrileñas. Son estas medidas -y no el estado de alarma que "impuso" el Gobierno, según sostienen- las que han permitido reducir la incidencia acumulada al entorno de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, según datos del Ministerio de Sanidad.

Pese a las críticas y a la nueva guerra política y jurídica abierta entre Madrid y Moncloa, la presidenta regional seguirá adelante con el cierre perimetral sólo los días que corresponden al puente de Todos los Santos y el de La Almudena. Cuenta la presidenta con el aval del jefe del Ejecutivo central quien, a través de una conversación formal "pero válida" que mantuvieron en la tarde del jueves ambas administraciones, dio el 'ok' al plan de confinamiento propuesto por la líder regional, que sorprendió a propios y ajenos.

Entienden en el gabinete de Isabel Díaz Ayuso que las advertencias deslizadas por el Gobierno -primero Salvador Illa y después Carmen Calvo- contra la medida no tenían "razón de ser". Cuentan que se esperaban el aval del Ejecutivo porque, de recurrir la orden de Ayuso con la "excusa" de que no sigue a rajatabla el Decreto de estado de alarma -que establece que las medidas que resuelvan los presidentes autonómicos han de tener efecto durante un mínimo de siete días-, Sánchez se habría visto obligado a intervenir Ceuta o Cataluña, cuyas medidas "no han ocupado ni un sólo titular" ni "han sido criticadas" por el Ejecutivo como "sí se ha hecho con Madrid y con Ayuso".

Cataluña ya contaba con el aval del Estado

Recuerdan las mismas fuentes que la ciudad autónoma, sin ir más lejos, ya decretó la misma medida que anunció ayer la presidenta regional en la rueda de prensa conjunta con García Page y Mañueco, la del cierre perimetral sólo los fines de semana; y Cataluña ha decretado esto mismo pero no a nivel autonómico, sino municipal. "Si recurren la orden de Madrid tienen que hacerlo también con el resto", se tranquilizaban en la Puerta del Sol.

De hecho, el confinamiento por días ya llevaba tiempo encima de la mesa de la Generalitat aunque la polémica haya explotado ahora por la intención de la Comunidad de Madrid de decretar, con matices, esta misma medida. Fue la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, quien trasladó a los medios hace días la posibilidad de un confinamiento perimetral sólo los fines de semana por ser cuando "se produce una mayor interacción social". "Hemos de evitar el confinamiento de marzo" por lo que "debemos explorar diferentes escenarios y uno de ellos podría ser este", indicaba. Reconocía entonces Budó, como hizo ayer Ayuso, que el decreto de alarma del Gobierno limitaba la que podía ser una "medida efectiva".

En la mañana del jueves, cuando la polémica con Ayuso continuaba en ebullición, el president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, confirmaba las nuevas restricciones entre las que, además del cierre perimetral por 15 días, se encontraba la del confinamiento municipal los fines de semana que ya contaba, según trasladó el líder catalán, con el aval del Estado.

Las críticas del Gobierno

La primera en abrir la veda de forma contundente contra el nuevo pulso abierto por la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aunque Salvador Illa ya había deslizado un órdago desde la tribuna del Congreso horas antes, advirtiendo sobre la ausencia de cobertura jurídica de una medida que, finalmente, saldrá adelante.

En concreto, Calvo arremetía duramente contra la líder regional por crear "inseguridad" y "confusión" a la ciudadanía, al tiempo que le acusaba de "romper el acuerdo" que habían alcanzado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP); y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE). Fuentes del ejecutivo madrileño desmienten esta última afirmación, y aseguran que Ayuso ya tenía meditada la decisión tiempo antes de su reunión con sendos barones autonómicos.

Y no se quedó ahí la embestida de Carmen Calvo. Tras acusar a la dirigente madrileña de actuar de forma "lamentable" y "calculada", cuestionó los criterios sanitarios por los que había tomado tal decisión y aseguró que su objetivo se basa siempre en buscar la "confrontación" política y "hacer todo lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y otras comunidades autónomas".