Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid

Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid I.E.

España ENTREVISTA AL CONSEJERO DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Enrique López: "Que el PSOE pacte con los herederos de ETA es una mala noticia para la democracia"

Enrique López (Cacabelos, 1963) es una pieza clave no sólo en la Puerta del Sol, donde ejerce de consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, sino también en Génova, 13, como pilar fundamental de la estrategia jurídica del PP. Su influencia ha crecido tanto en el partido que se le mira ya como futuro ministro de Justicia si Pablo Casado logra hacerse con el sillón presidencial. Todos los ojos están puestos ahora en este ex magistrado del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional por la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para la que prefiere no poner límites temporales pese a las prisas del Gobierno. López atiende a El Independiente el mismo día que se aprueba la polémica Ley Celaá en el Congreso, y denuncia con especial fervor los tics de «autoritarismo» de Sánchez y la «suma torpeza» de Illa, al que exige que pida perdón a los madrileños o que dimita.

Pregunta.- ¿Habrá acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de fin de año?

Respuesta.- No me planteo límites temporales. Nuestro escenario es que se eliminen todos los obstáculos que han generado el Gobierno y Sánchez.

P.- Pero, ¿mantiene el contacto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo sobre esta cuestión? ¿O están las negociaciones paradas?

R.- Hablo con él, pero por otros muchos temas. Como consejero y ministro tenemos muchos temas en común en lo que se refiere al servicio público, y tenemos un contacto muy fluido en lo que afecta a la Justicia de Madrid. Respecto al CGPJ, seguimos a la espera de que por parte del Gobierno se remuevan los obstáculos que hemos planteado bajo la nomenclatura de tres condiciones muy asumibles.

La reforma que plantea el Gobierno es un error que nos acerca a justicias como la polaca o la venezolana

La primera es retirar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reduce el cuórum necesario para elegir los vocales del CGPJ, que ha asumido el presidente del Gobierno como propia, como si dependiera de él; la segunda es que Podemos no esté en la negociación, de ninguna manera, como ha ocurrido con la fusión de Bankia y CaixaBank o con los presupuestos que afectan al Ministerio de Defensa, lo cual pone de manifiesto que con las cosas de comer no se juega. Y la tercera, que cuando haya acuerdo, se trabaje en la despolitización del órgano. ¿Cómo lo conseguimos? Buscando perfiles profesionales, independientes, alejados de la actividad política.

P.- Moncloa ya ha deslizado que, si no hay acuerdo antes del 6 de diciembre, reactivarán la reforma exprés para renovar el CGPJ sin el PP.

R.- Pues espero que reflexionen. Esta proposición limita la independencia del Poder Judicial, nos colocaría muy cerca de justicias como la polaca o la venezolana y nos alejaría de los requerimientos de la Unión Europea. Utilizar esta propuesta como elemento de negociación o de coacción es un error. Esta reforma hay que eliminarla del Congreso, sí o sí, porque en sí misma es perjudicial y claramente inconstitucional, al margen de lo que ocurra con el CGPJ. Es que no se puede vincular una cosa con la otra.

P.- ¿No cree que el PP, como principal partido de la oposición, tiene la responsabilidad de evitar que esto suceda?

R.- Si el Gobierno asume nuestras condiciones, estaremos en disposición de renovar el órgano, y ello a pesar de los múltiples obstáculos que día a día y semana a semana plantean.

El PSOE se ha convertido en aliado de los que quieren tumbar el orden constitucional español

P.- ¿El pacto entre Moncloa y Bildu de cara a la aprobación de los Presupuestos supone una cuarta línea roja para la renovación?

R.- El pacto del PSOE con Bildu es, en sí mismo, una mala noticia que dificulta cualquier acuerdo de Estado. Pactar con los herederos de ETA cualquier cosa es malo para la democracia. Y es un obstáculo que hace difícil el entendimiento entre el PP y el PSOE, que se ha convertido en un partido que se ha aliado con aquellos que quieren volar el Estado, tumbar el orden constitucional español.

P.- ¿Quién marca la agenda en el Gobierno? ¿Sánchez o Iglesias?

R.- Sánchez utiliza el Estado como combustible para mantenerse en el poder. Actúa con más prepotencia que cualquier líder de un partido político con mayoría absoluta. Tenemos un Gobierno que está en manos de un partido anacrónico, comunista y radical para satisfacer las pretensiones de batasunos e independentistas irredentos.

P.- Y sobre la crisis migratoria en Canarias, ¿considera también necesaria la dimisión de Fernando Grande-Marlaska?

R.- Estamos ante una crisis migratoria sin precedentes en la historia de España, lo que pone de manifiesto el alto grado de descoordinación en el Gobierno y la ausencia de una política migratoria e internacional clara. Y es muy grave esta descoordinación. Estamos ante un Gobierno dañino para España, para los ciudadanos y para la imagen internacional, que ha quedado muy comprometida. Marlaska debería asumir, al menos, sus responsabilidades.

P.- ¿Ve a Canarias en riesgo de que se convierta en la próxima Lesbos o Lampedusa?

Estamos ante una crisis migratoria sin precedentes en la historia de España

R.- Es responsabilidad de Marlaska evitarlo. Se necesitan políticas serias, eficaces e inteligentes, que es quizá lo que está faltando en este Gobierno.

P.- El Gobierno pretende aprobar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que busca, en última instancia, dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas judiciales.

R.- No he leído aún el anteproyecto, pero la reforma nace con un pecado original, que es que tenemos como máxima responsable del Ministerio Fiscal a la ex ministra y diputada del PSOE, Dolores Delgado. Es muy difícil entender la investigación de la Fiscalía bajo el principio de jerarquía y coordinación cuando quien manda es una persona claramente partidista. En mi opinión, ella está absolutamente inhabilitada para ejercer semejante responsabilidad. En un estado democrático es inadmisible.

P.- ¿Cree que Sánchez ha intentado evadir su responsabilidad durante la segunda ola de la pandemia?

R.- El último estado de alarma revela tres notas de este Gobierno: un grado de autoritarismo importante, al imponerlo sin ningún tipo de diálogo con la oposición; una suerte de escapismo, por lavarse las manos en la gestión de la segunda ola; y un fracaso de un Gobierno que no ha sabido impulsar una reforma legal para que las administraciones puedan limitar derechos fundamentales bajo los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En una democracia lo ordinario es lo que nace de una ley orgánica. Y lo extraordinario lo que nace de un estado de alarma.

P.- ¿Y por qué mantenerlo seis meses?

R.- Sánchez se ha enrocado en el mantenimiento de un estado de alarma innecesario como consecuencia de su pereza legislativa. Un estado de alarma que además va en contra del texto constitucional, que establece la posibilidad de que cada 15 días sea renovado en el Congreso. Es la interpretación más literal de la Constitución. Una prórroga de seis meses crea un nuevo plazo diferente al que constitucionalmente se puede crear. Además, la disposición final primera del decreto de estado de alarma contiene una aberración jurídica, al conceder al Gobierno la facultad de modificarlo únicamente comunicándolo al Congreso.

Sánchez se ha lavado las manos en la gestión de la segunda ola

P.- Pero el ‘plan B’ jurídico del PP ya ha sido rechazado en el Parlamento. Se opusieron incluso Ciudadanos y Vox. Un representante de esta última formación cuestionó incluso la inteligencia de la portavoz, Cuca Gamarra, por defender lo que calificó de «tontería».

R.- Ciudadanos no apoya el ‘plan B’ jurídico porque apoyó el estado de alarma del Gobierno. Y la postura de Vox no la entiendo. Además de la mala educación del representane de Vox que participó en el debate con una intervención impropia de un Parlamento del siglo XXI.

P.- Usted fue uno de los que más criticó la declaración del estado de alarma en Madrid. Lo tachó de «atropello constitucional». ¿Por qué cree que el Gobierno no ha intervenido, hasta la fecha, ninguna otra comunidad?

R.- Porque la declaración del estado de alarma sólo en Madrid fue una reacción, una pataleta frente a una resolución judicial que no ratificaba la petición de restricción del derecho fundamental de movilidad. Se decretó pretextando unas cifras de incidencia de coronavirus muy similares a las de otras comunidades autónomas donde no se adoptó esa medida. La prueba está en las ruedas de prensa impulsivas y compulsivas que realizó el ministro Illa ese mismo fin de semana, requiriendo a la Comunidad de Madrid unas medidas que no pedía en otras autonomías. En ese momento teníamos limitada la movilidad a más de un millón de personas, para los que dicen que no se adoptaron medidas restrictivas.

P.- ¿Cree que al ministro Illa le ha superado el cargo?

R.- Aquello fue un error torpe de un Gobierno guiado por un ministro que actúa con suma torpeza. El ministro Illa, como mínimo, debería pedir perdón a los madrileños o dimitir.

El ministro Illa, como mínimo, debería pedir perdón a los madrileños o dimitir

P.- Ha llegado a afirmar que la guerra política entre Sánchez y Ayuso la inició el PSOE. ¿Con qué interés?

R.- La izquierda en general, pero concretamente el PSOE, acarició el Gobierno de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones, y no ha digerido que estén gobernando PP y Ciudadanos. Se dedican a cuestionar permanentemente la legitimación de este Gobierno con el fantasma de una moción de censura permanente. Y este Gobierno va a agotar la legislatura, porque tenemos dos partidos que se entienden, que funcionan con objetivos comunes. Y esto ha derivado desde el principio en un cuestionamiento permanente sobre todo de Isabel Díaz Ayuso, con una campaña de deslegitimización.

P.- ¿Se puede decir que estamos ante una tregua entre Moncloa y Madrid?

R.- Creo que no había una guerra, con lo cual, no hay tregua. Lo que hubo fue un permanente cuestionamiento a las decisiones que se tomaban en Madrid ya los propios datos, lo que implicaba cuestionar a los propios sanitarios.

P.- El vicepresidente, Ignacio Aguado, también se posicionó en varias ocasiones con los dictados del Gobierno.

R.- Él siempre ha querido ayudar ofreciendo alternativas a la Consejería de Sanidad. Pero quien marca la política sanitaria es el consejero de Sanidad y su equipo. Todo lo que dice el vicepresidente, incluso cuando ha podido cuestionar algo, lo hacía con el fin de ayudar.

P.- ¿No cree que el Gobierno ya ha reconocido algunos de sus aciertos? Han aceptado hacer PCR en los aeropuertos, estudiarán la realización de test en las farmacias… .

Madrid alertó sobre la peligrosidad del virus y despertamos a España

R.- Espero que el Gobierno por fin haya entendido que el enemigo es el virus, no Isabel Díaz Ayuso. Nosotros alertamos sobre la peligrosidad del virus y despertamos a España. Cerramos la educación y paramos la actividad antes de la declaración del estado de alarma, mientras miembros del Gobierno nos calificaban de alarmistas. Cuando recomendábamos las mascarillas, el Gobierno entendía que no era necesario; cuando pedíamos PCR en los aeropuertos, lo mismo; cuando realizábamos pruebas de antígenos, el Gobierno no lo reconocía y, al final, ha visto que es una buena práctica. Cuando restringimos la movilidad solo en zonas de alta incidencia, el Gobierno nos criticó y al final se demostró que eran buenas medidas. Hemos ido siempre por delante con medidas marcadas por un buen equipo de expertos, con nombre y apellidos. Pero no somos triunfalistas. El virus sigue ahí, es irreductible hasta que haya vacuna. Y debemos mantener esa pulsión.

P.- ¿Alguna vez ha sido testigo de tensiones internas en la dirección del PP por el modo de actuar de Díaz Ayuso, en contra muchas veces de las decisiones del resto de barones?

R.- Nunca. Al revés. La coordinación entre la presidenta y Génova es plena, eficaz y satisfactoria. Cuestiono siquiera que haya habido algún tipo de fricción interna.

P.- ¿Isabel Díaz Ayuso busca la polémica o la polémica busca a Isabel Díaz Ayuso?

R.- Ni una ni otra. El problema no está en la presidenta ni en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El problema está en Moncloa, donde hay miembros que tienen una obsesión con ella. Todos los ataques que se produzcan desde Moncloa aquí se verán como un ataque a los madrileños.

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