España

Vacunas Covid en España: la polémica de Extremadura destapa otro lío autonómico

El escándalo de las decenas de políticos vacunados y las escasas dimisiones vienen a demostrar la interpretación subjetiva que hace cada ejecutivo regional del protocolo del Ministerio de Sanidad

Un sanitario prepara una segunda dosis de la vacuna de Pfizer. EFE

Más que esperanza, el comienzo del proceso de vacunación en España ha traído consigo irregularidades, escándalos, caos y, ahora, además, retrasos en los suministros. Y la última polémica, en este caso en el seno del ejecutivo extremeño con la modificación del protocolo nacional para abrir la puerta a la inmunización de altos cargos de Salud Pública que no estén necesariamente en contacto directo con el virus, ha puesto en evidencia el caos autonómico imperante a la hora de interpretar lo dictado por el denominado Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación Covid-19, dentro de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, o lo que es lo mismo, un equipo de trabajo encargado de dictar las líneas maestras del proceso y compuesto por profesionales de Salud Pública de las distintas autonomías y del Ministerio de Sanidad.

Al escándalo de las decenas de políticos y altos cargos sanitarios que, valiéndose de su puesto, han recibido la primera dosis de la vacuna cuando no les correspondía, este miércoles saltaba otra polémica, destapada por COPE, y relacionada de nuevo con el lío autonómico a la hora de interpretar las líneas maestras del protocolo nacional de vacunación.

En la última actualización de la trasposición autonómica del protocolo del Ministerio -con fecha a 18 de enero-, la Consejería de Sanidad de Extremadura establece en el «personal de primera línea» que puede recibir una dosis dentro del ‘Grupo 2’ de vacunación a profesionales sanitarios «que trabajan en la gestión de la pandemia», eliminando la referencia a la «gestión directa» -es decir, en contacto directo con el virus- y el criterio del «riesgo de exposición» al virus. En otras palabras: se abre la puerta a igualar en el proceso de vacunación a gestores políticos y directivos sanitarios con profesionales en primera línea y con mayor riesgo de contagio.

Estrategia Nacional de Vacunación del Ministerio de Sanidad

Actualización del protocolo de vacunación del SES

Con esta actualización del protocolo de vacunación extremeño, se da cierto margen para esquivar la dimisión a posibles nuevos cargos políticos que hayan recibido la vacuna sin estar en primera línea de lucha contra el virus, aunque el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ya expresó en rueda de prensa este miércoles que no había sido una modificación «deliberada» para evitar «nada» y que si se conocían nuevos casos se «tomarían medidas» pertinentes. Lo dijo no sin antes cargar duramente contra los medios de comunicación por haber filtrado un documento que entiende de circulación «interna» y sacar de contexto una «interpretación» que no hace sino «robar a la ciudadanía la esperanza de la vacunación».

En teoría, las comunidades autónomas deben trasponer las conclusiones de las direrentes reuniones de la Ponencia Nacional a sus respectivos protocolos adaptándolas a sus características particulares, pero sin modificar lo esencial, sobre todo en mitad del acalorado debate por el largo listado de cargos públicos vacunados que siguen sin dimitir, y de cuyos escándalos Extremadura tampoco se ha librado.

Pero hasta en este proceso existen divergencias entre las autonomías: así, mientras regiones como Extremadura, Madrid, Andalucía o Galicia cuentan con su propia versión -de acceso público- del documento general, otras como Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana se remiten a la Estrategia Nacional y aseguran no disponer de un documento particular. De hecho, el único protocolo de vacunación que aparece colgado en los sitios web de los respectivos Servicios de Salud de estas regiones es el del Ministerio de Sanidad. Eso sí, todas las autonomías consultadas niegan haber introducido modificación alguna del calibre de la de la Consejería de Sanidad de Extremadura.

Sin ir más lejos, en el ‘Programa de Vacunación Covid-19 en Andalucía’ actualizado a 25 de enero, a diferencia del polémico protocolo de Extremadura, aparece la frase en cuestión de la misma forma que en el documento de Estrategia Nacional: entra en el ‘Grupo 2’ el «personal sanitario de salud pública que trabaja en gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición». Sin embargo, el ‘Plan Gallego de Vacunación’ con última actualización a 14 de enero aparece publicado en gallego y establece las directrices de vacunación de forma diferente al resto, aunque sí subraya dentro del segundo grupo de vacunación aquel personal de primera línea que «tenga mayor riesgo de exposición».

Actualización del protocolo de vacunación de la Junta de Andalucía

Caos autonómico con el protocolo

De Murcia a Cantabria, pasando por Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura o País Vasco. Apenas hay comunidad que se libre de la lista de territorios en que se han producido vacunaciones irregulares de altos cargos políticos y sanitarios, independientemente de la casa ideológica. Y apenas hay día en que no se conozca un nuevo caso de estas características, mientras que la lista de dimisiones sigue siendo bastante corta. ¿Por qué? Porque la mayoría entiende que su interpretación de los protocolos es correcta y que, sobre todo en el caso de directivos y gestores de Salud Pública, su contacto con hospitales, centros de salud o residencias les exime de cualquier culpa.

Un ejemplo evidente de esta cuestión es el de la alcaldesa de Tossa de Mar, Imma Colom (JxCat), que aprovechó que el Departamento de Salud administró la vacuna a los usuarios del geriátrico municipal para acudir a ponérsela. Pero no lo ocultó: de hecho, afirmó que estaba «muy contenta» y que no había hecho «ninguna trampa». Incluso se publicaron las imágenes en las redes sociales del propio Ayuntamiento (cuarta fotografía). Colom es médico de profesión, aunque en excedencia para ocupar el cargo de alcaldesa, de modo que no le correspondería aún inmunizarse.

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, fue quien abrió la caja de la polémica tras conocerse que tanto él como otros 400 funcionarios de su departamento se habían vacunado. Presentó su renuncia, no sin antes justificar su decisión en el «cumplimiento del protocolo» y considerar que formaban «parte esencial dentro de la gestión de la pandemia», por lo que entendieron que «la mejor decisión para proteger al personal que trabaja directa o indirectamente» contra la pandemia era su vacunación.

Incluso hubo quien alzó la voz en defensa de inmunizar cuanto antes a los altos cargos del estado, justo cuando la polémica salpicó también al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, que también presentó su dimisión. Quien partió una lanza en ese momento a favor del Ministerio de Defensa no fue ningún cargo del PSOE, sino el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien consideró que tanto el Gobierno como el JEMAD «deberían vacunarse lo ante posible» porque son quienes toman las «decisiones fundamentales para el futuro» del país y España no puede quedar «descabezada».

La polémica y el debate que se ha generado en torno a la cuestión no parece que vaya a desaparecer en el corto plazo y exhibe tanto la falta de control respecto al cumplimiento de la definición original de «personal de primera línea» y la necesidad, quizá, de definir unas líneas más concretas para no dar lugar a más equívocos, a más interpretaciones y, en suma, a más caos.

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