España

Transparencia recibió en 2020 casi tres reclamaciones al día contra el Gobierno

El CTBG amparó más de la mitad de los expedientes resueltos el pasado año tras negarse diversos ministerios y empresas públicas a ofrecer la información requerida por los ciudadanos / Las reclamaciones (949) aumentan un 2,37 % respecto a 2019

Foto de familia del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tras la salida de Illa y la llegada de Iceta.

Foto de familia del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos tras la salida de Illa y la llegada de Iceta. EP

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) recibió el pasado año 949 reclamaciones contra el Gobierno por recurrir al silencio administrativo, invocar alguna de las causas de inadmisión que prevé la Ley de Transparencia u ofrecer información de forma parcial como respuesta a las solicitudes formuladas por la ciudadanía, lo que arroja un promedio de tres al día si se excluyen sábados y domingos. La cifra supone un incremento del 2,37 % respecto a 2019, cuando se contabilizaron 927.

De acuerdo con las estadísticas que difunde el CTBG, las dirigidas contra la Administración General del Estado representaron el 55,7 % de todas las reclamaciones que tuvieron entrada en este organismo el año pasado (1.704). Las 755 restantes corresponden a las de las administraciones territoriales con las que Transparencia tiene convenio, casos de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha (entre otras).

Desglosados los datos por meses, más de un tercio de las reclamaciones contra el Gobierno se recibieron entre junio y agosto (352), justo después de que se levantara la suspensión general de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público que se acordó en el real decreto por el que el Ejecutivo decretó el estado de alarma durante la pasada primavera.

De las 949 reclamaciones, el Consejo de Transparencia resolvió durante el año 680 (el 71,65 %), quedando 269 para el primer trimestre de 2021. En concreto, el CTBG estimó en 375 ocasiones las pretensiones de ciudadanos que habían intentado sin éxito que diversos ministerios y empresas públicas le aportasen una determinada información. Expresado de otra forma, más de la mitad de las reclamaciones contra el Gobierno encontraron amparo, desestimándose otras 298 y suspendiéndose otras seis.

Como ya informó El Independiente, fue el Ministerio del Interior un año más el que más resoluciones en contra recibió, seguido -por este orden- de Sanidad; Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Hacienda; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Justicia; Política Territorial y Función Pública; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Derechos Sociales y Agenda 2030.

2.305 reclamaciones en la ‘era Sánchez’

Desde que echó a andar en 2015, el Consejo de Transparencia ha recibido 4.262 reclamaciones contra la Administración del Estado, de las que exactamente 2.305 -equivalente al 54 % del total- se han registrado desde que Pedro Sánchez ocupa la Presidencia del Gobierno. Ello representa una media de 2,4 por día (sábados, domingos y festivos incluidos).

Desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018 tras prosperar la moción de censura contra Rajoy, el líder socialista está demostrando un extraordinario celo para no revelar detalles acerca del uso que está haciendo de medios del Estado en sus vacaciones y desplazamientos privados, lo que ha dado pie durante los dos últimos años y medio a la presentación de decenas de reclamaciones. De éstas, muchas terminaron siendo amparadas por el Consejo de Transparencia y, en algunas ocasiones, también por los propios tribunales de Justicia.

Actividad registrada por el Consejo de Transparencia durante el pasado año. FUENTE: CTBG

La pandemia provocada por el coronavirus provocó en 2020 que aumentaran de forma considerable las demandas de información al Ministerio de Sanidad. De acuerdo con las resoluciones consultadas por este diario, el CTBG estimó 47 reclamaciones formuladas contra el departamento que dirigía Salvador Illa, que en vísperas de que arrancara la campaña de las elecciones catalanas que se celebran este domingo cesó para concurrir a estos comicios como cabeza de cartel del PSC. En al menos cuatro casos, Sanidad recurrió a los tribunales.

Este departamento ministerial no fue el único. En total, el Gobierno interpuso el pasado año 42 recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones en las que Transparencia -donde se ha producido a principios de año la destitución de la funcionaria que se encontraba al frente de la Subdirección General de Reclamaciones desde los inicios- no había avalado su posición. Ello supone diez menos de las presentadas en 2019 y una cifra muy similar a la de 2018 (41).

El CTBG amparó más de la mitad de las reclamaciones contra el Gobierno que resolvió en 2020

En el caso de las administraciones territoriales con las que el Consejo de Transparencia tiene firmados convenios (Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla), las reclamaciones recibidas el pasado año ascendieron a 755, casi un centenar menos que las contabilizadas en 2019 (853). De las 536 resueltas, 387 fueron estimadas (el 72,2 %).

El incremento progresivo de la carga de trabajo que ha venido experimentando el Consejo de Transparencia desde su puesta en marcha no ha ido acompasado con un refuerzo de la plantilla, toda vez que hoy cuenta con tan sólo dos funcionarios más que cuando se creó en 2015. Sólo las reclamaciones se han triplicado en estos cinco años, al pasar de 517 a 1.704 (suma de las del Estado y las administraciones territoriales).

Cuando compareció el pasado 14 de octubre ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, que evaluó su idoneidad para el cargo como paso previo a su nombramiento, el hoy presidente del CTBG (José Luis Rodríguez Álvarez) llamó la atención sobre la escasez de medio que que sufre la institución y dijo que revertir esta situación sería su «principal fuente de preocupación». «Invertir en transparencia es invertir en calidad democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en confianza ciudadana; bienes y valores todos ellos que en los tiempos actuales, si cabe, son aún más necesarios», defendió.

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