El Gobierno desoye a Transparencia y elude enseñar el contrato de 'Radar Covid'

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha desoído al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y ha eludido facilitar una copia del contrato por el que adjudicó a Indra Soluciones Tecnologías de la Información SAU el diseño y desarrollo de Radar Covid, la aplicación que permite al usuario conocer su nivel de exposición al coronavirus y notificar anónimamente un eventual positivo. El montante inicial del encargo, tramitado por el procedimiento de emergencia, ascendió a 330.537,52 euros (impuestos incluidos).

Como informó El Independiente, el CTBG amparó parcialmente el pasado 3 de febrero la reclamación presentada por este redactor después de que el departamento que dirige Nadia Calviño se hubiera negado a facilitar el expediente administrativo que sustentó esta contratación con el argumento de que la difusión de la documentación comprometería la garantía de confidencialidad exigida y podría dañar los intereses económicos y comerciales del proveedor.

Lejos de avalar esa posición, Transparencia otorgó a Asuntos Económicos y Transformación Digital un plazo de diez días hábiles para que facilitara "copia de la memoria justificativa, pliego de condiciones y contrato relativo a la aplicación Radar Covid", si bien le daba la posibilidad de excluir los documentos cuya difusión pudiera generarle un perjuicio al contratista.

Entre la documentación aportada a regañadientes no consta el contrato, pese a ser uno de los elementos citados de forma expresa por el CTBG en su resolución. Según se detalla en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el acuerdo y la formalización tuvieron lugar el pasado 15 de junio, si bien no se le dio publicidad hasta casi dos meses después (el 11 de agosto concretamente).

Sí se proporcionan otros documentos que integran el expediente, pero no de forma íntegra. Del pliego de condiciones, firmado por el subdirector general de Impulso de la Digitalización de la Administración (Santiago Graña), llama la atención el hecho de que se omitan tres epígrafes -concretamente los numerados como 3, 4 y 5- sin que se avise de esta circunstancia. Ello supone un incumplimiento de la Ley de Transparencia, que, en su artículo 16, establece que cuando se conceda el acceso parcial "deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida".

No es el único aspecto llamativo. Se ha tapado la fecha y, pese a faltar tres epígrafes, la numeración de las páginas no ofrece ningún salto, por lo que cabe inferir que la versión ofrecida tras el pronunciamiento del Consejo de Transparencia ha sido rehecha para atender el requerimiento. Que la información proporcionada haya sido mutilada impide conocer cuál fue la garantía definitiva exigida al contratista y las penalidades que la Administración puede imponerle en caso de incumplimiento, como impone la Ley de Contratos del Sector Público en los artículos 107.1 y 192.2. 

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De la memoria justificativa se ha excluido la última página (la número 12), si bien en este caso sí se advierte de que ha sido "suprimida". Igualmente se ha tapado el código seguro de verificación y el nombre del funcionario o alto cargo que lo firmó electrónicamente el 10 de junio, justo al día siguiente de que se hubiera contabilizado el documento de retención de un crédito por importe de 330.537,52 euros con cargo a la aplicación presupuestaria ‘Inversión inmaterial’.

En cuanto a la oferta técnica, se trata de una presentación en formato Powerpoint formada por 60 diapositivas, apareciendo en blanco 20 de ellas. En concreto, son las foliadas como 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 33, 34, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57 y 58. Según se detalla en la portada, el documento está fechado en Madrid en "mayo 2020" y está elaborado por Minsait, unidad de negocio de Indra especializada en soluciones de transformación digital.

"Presentar un posible enfoque de colaboración con la Administración para gestionar la crisis sanitaria causada por el Covid-19 mediante una aplicación de contact tracing que: rastree las cadenas de contagio al tiempo que cuida la privacidad de los ciudadanos, permita el reporte de casos positivos y optimice el aprendizaje sobre los datos generados para una gestión efectiva", se lee en la presentación.

La Secretaría General de Administración Digital también ha facilitado el documento por el que el proveedor acepta las condiciones económicas y de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea. Nuevamente aparece oculta la fecha, así como la identidad de los firmantes.

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La tramitación de esta adjudicación a Indra se hizo con máxima celeridad. El 9 de junio se contabilizó el documento de retención de un crédito, dando el visto bueno la Dirección General de Racionalización y Centralización de la contratación dos días después al encargo que se pretendía llevar a cabo.

Tramitación de emergencia

El 12 de junio, nueve días antes de que se levantara el primer estado de alarma, están fechados tres hitos: el informe favorable de la Abogacía del Estado, el acuerdo del órgano de contratación para la tramitación de emergencia del expediente y la aceptación por parte de Indra del pliego de condiciones. El contrato se firmó electrónicamente el 15 de junio.

Tras superar la fase de pruebas, ‘Radar Covid’ empezó a funcionar a mediados del pasado mes de septiembre en 12 comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La Rioja y Murcia) y en la ciudad autónoma de Melilla, sumándose posteriormente el resto de regiones y Ceuta.

Esta aplicación permite al usuario conocer al usuario su nivel de exposición al virus, notificar anónimamente un eventual positivo y comunicar el resultado a sus contactos sin revelar su identidad ni la de su teléfono móvil, si bien su tasa de penetración no ha pasado aún del 17 %. De acuerdo con las estadísticas que se difunden en la web oficial, el número de descargas a fecha de 14 de febrero ascendía a 7.033.536. El número total de códigos introducidos en la aplicación es de 50.503, menos de un 2 % de todos los casos confirmados desde el pasado 1 de septiembre.

Además del diseño y desarrollo de la aplicación, la Secretaría General de Administración Digital acordó el pasado 16 de noviembre contratarle a Indra los servicios para el mantenimiento, soporte y evolución del sistema de rastreo durante dos años por otros 1.740.101 euros, lo que eleva la cuantía del encargo a 2.070.638,52 euros (impuestos incluidos).