Una cosa será el relato que finalmente se imponga o la escenografía en el Congreso de los Diputados, pero el sector morado del Gobierno no ha puesto ni una sola objeción al plan de José Luis Escrivá de reforma de las pensiones, que busca, entre otras cosas, incentivar a los trabajadores para que retrasen el momento de su jubilación con un cheque de hasta 12.000 euros.

Ni en la comisión delegada de Asuntos Económicos, ni en la de secretarios y subsecretarios, ni en la comisión ministerial respectiva, los morados han expresado ninguna crítica ni de forma ni de fondo a la propuesta, aseguran fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Contrasta vivamente esta versión con la actitud de las dos representantes de Unidas Podemos en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo, donde compareció este lunes el ministro.

La portavoz de En Comú Podem Aina Vidal le acusó de "enturbiar el acuerdo que ya existe" a través de "una fórmula extraña, que no acabamos de entender y puede terminar de ser además injusto", al tiempo que exigió una reforma integral que blinde el poder adquisitivo de las pensiones. Además defendió que esos 11.000 euros de incentivo se dediquen a contratos relevo "que garanticen la entrada de los jóvenes al mercado laboral" y dijo preocuparle que los trabajadores tengan que alargar su vida laboral "no porque les apetezca, sino porque no tienen otra opción".

Conversaciones entre los socios

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en la misma comisión, Meri Pita, invitó a Escrivá a que "escuche a la naturaleza. Hasta las arañas mueren en su tela de araña, tenga cuidado. Tengo la impresión de que va entreteniendo al Pacto de Toledo, pero luego hace lo que le interesa".

Las críticas sorprendieron al ministro, que ha hablado, entre otros, con la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras que su secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha hecho lo propio con su homólogo de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, dependiente del Ministerio que encabeza Ione Belarra.

No es la primera vez que el sector morado del Gobierno se enfrenta al ministro Escrivá, pero los socialistas aseguran que se trata muchas veces más de "construir un relato" que de la realidad que se vive dentro del Ejecutivo. Apuntan no sólo a Pablo Iglesias como pergeñador de esta estrategia, sino fundamentalmente a Juanma del Olmo, Director de Estrategia y Comunicación de vicepresidencia segunda del Gobierno.

El Ministerio de Seguridad Social, que lleva desde finales del año pasado en contacto con las autoridades europeas, con las que ha intercambiado numerosos borradores, confía en que Unidas Podemos no acabe convirtiendo también este asunto en motivo de enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición.

La que ha estado muy prudente ha sido Yolanda Díaz. Si bien se enfrentó a su compañero de Consejo de Ministros a cuenta de la ampliación de 25 a 35 años en el cálculo de las pensiones -que Escrivá negó que fuera más allá de una mera proyección de un borrador de trabajo y que incluso sentó mal en el PSOE- no ha entrado a polemizar. La ministra estará vigilante en todo caso a que cualquier reforma vaya en la línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo y se termine de acordar en el marco del diálogo social, que a ella le ha dando tan buenos resultados. Sin embargo, la estrategia de los morados en el Congreso parece distinta.

Nueva reunión fallida de la ley de vivienda

Donde se confirma una vez más el enfrentamiento entre los aliados gubernamentales es en la Ley de Vivienda. La iniciativa sigue encallada en el mismo punto, esto es, el control de los precios del alquiler aunque se ha avanzado en al penalización, vía IBI, de la vivienda vacía, aún a falta de determinar su cuantía y qué es lo que se entiende por vivienda vacía. Este martes se volvieron a reunir Ione Belarra y el director general de Vivienda, David Lucas. Acordaron además una reunión técnica este miércoles con Justicia para abordar el tema de los desahucios.

En cuanto a la regulación del alquiler, "aún no se ha alcanzado ningún acuerdo y las posiciones se encuentran alejadas. Ocurre lo mimo respecto a la responsabilidad de los grandes propietarios, ya que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30 por ciento de su parque", según fuentes moradas conocedoras del contenido de la reunión.

"Hay voluntad inequívoca por llegar a un acuerdo y seguir negociando", dicen desde el ministerio de José Luis Ábalos. Febrero fue la fecha tope que se marcó el Gobierno para sacar adelante esta ley. Más tarde, Iglesias confió en poder culminarla antes de dejar el Gobierno en marzo. Ahora pocos dan un duro porque esté antes del 4 de mayo, día de las elecciones autonómicas madrileñas.