España

Moncloa ralentiza la negociación del alquiler y la ley trans para no interferir en la campaña

Podemos advierte que sin control del precio del alquiler "no habrá ley o no, al menos con nosotros"

Pedro Sánchez junto a Ángel Gabilondo en u acto de campaña

Pedro Sánchez junto a Ángel Gabilondo en u acto de campaña EFE

La campaña a la presidencia de la Comunidad de Madrid está ralentizando las negociaciones entre los socios de Gobierno, sobre todo en aquellas cuestiones que están resultando controvertidas. Moncloa está volcada en las elecciones autonómicas en apoyo de su candidato, Ángel Gabilondo, y a eso dedica todos sus esfuerzos salvo en aquellos asuntos en los que no marca los tiempos, como es el caso del Plan de Recuperación que aprueba el próximo martes el Consejo de Ministros.

El sector socialista y morado del gobierno siguen negociando la nueva ley de Vivienda pero con pocas esperanzas de alcanzar un acuerdo antes del 4 de mayo. Este jueves hubo una nueva reunión técnica del Ministerio de Derechos Sociales y del de Transportes al objeto de acercar posiciones en el que se ha convertido en el gran caballo de batalla: el control del precio del alquiler. La semana que viene se volverán a sentar la ahora ministra, Ione Belarra, y el director general de vivienda, David Lucas.

Belarra había llevado estas negociaciones como secretaria de Estado de la Agenda 2030 y ha decidido continuar al frente por entender que «es más operativo que pasarle el tema a alguien para que empiece de cero», afirman fuentes de su departamento.

Podemos advierte que sin control del alquiler no habrá ley «o no, al menos con nosotros»

Estos mismos medios se muestran bastante pesimistas respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Creen que el Ministerio de José Luis Ábalos «no se baja de la burra» de controlar el precio del alquiler mediante incentivos fiscales, lo que, a su juicio, es una vía condenada al fracaso. Los morados quieren una intervención directa, marcando precios máximos, en las zonas más tensionadas de las grandes ciudades.

Y en caso contrario «no habría nueva ley de vivienda o no la habría, al menos con Unidas Podemos», según han advertido a sus interlocutores socialistas. Insisten los morados en la literalidad del acuerdo del pacto de coalición «y son ellos los que se están saliendo del pacto». El punto 2.9.3 del mismo, reza que «se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado».

Asimismo, habilita a las comunidades y ayuntamientos «para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas Comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha». Es a esos índices de Referencia de Precios al que se aferra Unidas Podemos.

Derechos Sociales encargó un informe al Injuve para reforzar sus argumentos

Precisamente, el Ministerio de Derechos Sociales encargó al Injuve una Consulta Pública a la Juventud para reforzar sus argumentos en la negociación de la ley de Vivienda. Destaca, como una de sus principales conclusiones, el apoyo mayoritario de los jóvenes -un 90 por ciento- a la necesidad de «una regulación de los precios del alquiler”. Además, es el alto precio de los alquileres, después de la inestabilidad laboral y de la insuficiencia de ingresos, la tercera causa que dificulta la emancipación de la vivienda familiar, según arroja el el informe cuyo contenido se conoció este miércoles.

La directora general del Injuve, María Teresa Pérez, que fuera asesora y diputada de Podemos, defendió que la consulta «pone de manifiesto la enorme preocupación de los jóvenes por no poder emanciparse y la urgencia de garantizar el derecho a la vivienda, sin más retrasos ni hipocresías”.

Desde el Ministerio de José Luis Ábalos explican que «seguimos trabajando», de momento, sin novedades. Resulta harto improbable que haya un acuerdo y, mucho menos, antes de la fecha de las elecciones madrileñas por tratarse de una iniciativa controvertida para presentar en mitad de una campaña.

La misma suerte corre la ley trans, que enfrenta a la vicepresidencia primera con el Ministerio de Igualdad. Carmen Calvo e Irene Montero siguen sin avanzar sobre una cuestión que provoca un intenso debate social y divide a sus electorados. No hay fecha para su paso por el Consejo de Ministros. Desde el departamento de Calvo insisten en que lo conocido «es un borrador de Podemos, no del Gobierno», mientras que desde Igualdad se siguen quejando de la ausencia de una propuesta alternativa, salvo bloquear el texto de Montero. Curiosamente, emplean en Igualdad el mismo término que en Derechos sociales, esto es, «encallado».

En Moncloa no ocultan que su principal interés ahora son los comicios madrileños

En Moncloa no ocultan que su principal interés ahora son los comicios madrileños. Y del mismo modo que el gabinete del presidente del Gobierno se volcó con la campaña de Salvador Illa para el 14-F, lo está haciendo con la de Gabilondo. De nuevo, Iván Redondo es uno de los hacedores de la estrategia electoral.

Sin embargo, Moncloa no pude soslayar una fecha en el calendario. El próximo día 30 debe presentar a Bruselas el Plan de Recuperación para empezar a percibir los 140.000 millones comprometidos a España al objeto de superar con nuevas inversiones, planes y proyectos la crisis sanitaria, económica y social del Covid. Por eso pasará el próximo martes por el Consejo de Ministros y Sánchez lo presentará en el Congreso de los Diputados un día después. Lo más conflictivo queda en barbecho hasta que se aclare cómo queda el mapa político madrileño.

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