España

Moncloa descarta un pacto para el CGPJ tras el 4-M por la "radicalidad" de Casado

A líder del PP, dicen, "no le quedará más remedio que seguir la senda de Ayuso" incluso por propia supervivencia política

Pablo Casado, en el mitin de arranque de campaña del PP para el 4-M.

Pablo Casado, en el mitin de arranque de campaña del PP para el 4-M. EP

Sea cual sea el resultado de las elecciones el 4 de mayo, tanto si revalida el gobierno Isabel Díaz Ayuso como si suman las izquierdas para desbancarla de la Puerta del Sol, Moncloa ha perdido toda esperanza de poder abordar con Pablo Casado la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de dos años.

El origen de ese pesimismo reside en el convencimiento de que líder del PP «sólo puede optar por la senda de la radicalidad». Si continúa Díaz Ayuso «porque la presidenta de la Comunidad de Madrid habrá demostrado que la vía para ganar es la de la confrontación total con el Gobierno«, aducen las fuentes consultadas. Pero en caso contrario, el clima se enrarecería lo suficiente como para impedir que se abriera cualquier atisbo de negociación, con un Casado también «radicalizado» tras haberse visto desalojado de una de las joyas de la corona: la Comunidad de Madrid.

Por eso consideran que, entre otras cosas, estas elecciones autonómicas se producen en el peor de los momentos y alejan cualquier posibilidad de acercamiento y diálogo entre las dos grandes fuerzas políticas del país. A Casado «no le quedará más remedio que seguir la senda de Ayuso» incluso, aseguran, por propia supervivencia política.

Génova niega cualquier posición radicalizada

No puede permitirse aparecer como «más blando» que su baronesa territorial, la misma que puede verse tentada a mirar hacia la política nacional en caso de que alcance un éxito incontestable en Madrid, dicen. La baronesa territorial ha conseguido incluso, con ayuda del Tribunal Constitucional, imponerse a Génova y no llevar en sus listas al ex dirigente de Ciudadanos Toni Cantó.

En Génova niegan la mayor. Las negociaciones frustradas en torno a la renovación del órgano de gobierno de los jueces poco o nada tienen que ver con una supuesta radicalidad que según Moncloa se acentuaría tras el 4-M. Es más, si vuelven a sentarse «lo primero que haremos será contarlo en una rueda de prensa», tras considerar que ha habido mucha deslealtad por parte de sus interlocutores socialistas.

La primera vez se frustró, aducen, cuando la actual Fiscal General del Estado, entonces ministra de Justicia, «filtró» el nombre del juez Marchena, pactado para la presidencia del GCPJ y del Supremo. Corría noviembre de 20128. Obvian, sin embargo, el escándalo que se generó cuando Ignacio Cosidó, en aquel momento el portavoz del PP en el Senado, reenvió aquel mensaje de Whatsapp en el que hablaba de controlar la Sala Segunda del Supremo -donde se iba a juzgar el procés- «desde detrás».

Varios intentos fallidos

La convocatoria de legislativas en abril de 2019 y la posterior repetición electoral en noviembre de 2019, retrasaron las negociaciones, que volvieron a saltar por los aires el julio de 2020. Antes habían avanzado en el compromiso de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y se acordó que todas las decisiones se tomaran por mayorías de tres quintos -lo que rompía la división del Consejo en bloques- y que no pudieran entrar jueces por el turno de juristas.

«Estalla cuando Podemos exige estar presente en la negociación y tener representación cuando no se trata de un acuerdo con el Gobierno sino entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara», arguyen en el PP, aunque por parte socialista la negociación la lleva el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y es complicado desligar una condición de otra.

Y a la tercera tampoco fue la vencida. En febrero de este año, cuando apenas quedaban unos retoques, surgen, según la versión del PP, los nombres de Victoria Rosell y de José Ricardo de Prada. A la primera la vetan por su perfil político. Ha ido en dos ocasiones en las listas de Podemos y es la actual delegada para la Violencia de Género. El segundo porque a pesar de ser juez quiere entrar por el turno de juristas.

Aseguran a El Independiente de un lado y de otro que las negociaciones no se han reanudado, aunque lo cierto es que Campo y el responsable del área de Justicia del PP, además de consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, siempre mantienen una línea de interloción.

Carta de 2.500 jueces a la Comisión Europea

Mientras tanto, una reforma promovida por los partidos que conforman el Gobierno de coalición, esto es PSOE y Unidas Podemos, limitan el campo de actuación del CGPJ estando en funciones, al objeto de que se vea imposibilitado a hacer nombramientos. Esta circunstancia fue durísimamente criticada por tres de las cuatro asociaciones de jueces de España en una carta remitida a la Comisión Europea para denunciar lo que califican de «violación grave del Estado de Derecho».

Y nada permite aventurar que la renovación se desbloquee este año.

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