España

Podemos intenta torpedear el próximo acuerdo entre el Gobierno y el PP para el CGPJ

En plena crisis de la coalición, se abre otro frente entre los socios de Gobierno tras sus peleas por la Ley Trans y Pablo Hasél

Pedro Sánchez y Pablo Casado, con mascarillas, se saludan chocando el codo en una entrevista que mantuvieron en Moncloa

Pedro Sánchez y Pablo Casado en una imagen de archivo EFE

Conforme se acerca la posibilidad de un pacto entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, más crece el nerviosismo en Unidas Podemos. La formación de Pablo Iglesias confiaba en que dicha parálisis se mantuviera más allá de las elecciones catalanas para poder acelerar la reforma de las mayorías parlamentarias que pactó con los socialistas. Sin embargo, Pedro Sánchez aparcó esa proposición de ley conjunta para facilitar un acuerdo con el primer partido de la oposición.

Todo apunta a que el proceso de renovación del CGPJ puede ir rápido. Gobierno y PSOE confirman que el pacto está prácticamente cerrado y que sólo lo retiene una cuestión de oportunidad política para Pablo Casado, que no quería escenificar ningún acuerdo en la antesala de las elecciones catalanas. Una mala noticia para Podemos, convencida de que aumentaría su representación en el órgano de gobierno de los jueces si se modificara la mayoría parlamentaria cualificada de tres quintos por otra simple si la primera se demuestra inviable, además de poder dar entrada a algún nombre a propuesta de ERC.

Reparto el 50 por ciento

Los términos del acuerdo que se alcanzó en julio pasado y se retomaron en octubre pasaba por un reparto de vocales al 50 por ciento, esto es, 10 a propuesta del PSOE y otro tanto del PP, más un presidente de consenso pero también propuesto por los socialistas. De su «cuota», el PSOE cedería un asiento del CGPJ al PNV y dos más de perfil muy progresista para dar satisfacción al socio gubernamental.

Los morados señalan que «cuesta mucho ver cómo se pacta la renovación del CGPJ con el partido más corrupto de Europa» en alusión al PP. No han sido pocas las veces que han presionado la ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, incluso desde la tribuna del Congreso, para que activara la reforma en el sistema de elección. Lo único que han conseguido es tramitar por la vía de urgencia una propuesta para limitar el ámbito de decisión del Consejo mientras está en funciones.

Esa es, en realidad, la única concesión que han hecho los socialistas y con la mente puesta en sentar de nuevo a Casado en la mesa de negociación. De hecho, hasta esa reforma podría quedar en nada si se procede a los nuevos nombramientos del Consejo en breve.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó el pasado martes en Moncloa que «si de forma inmediata, de forma urgente, no se llega al acuerdo para la renovación del órgano, que es la voluntad que tiene este Ejecutivo, procedería, como siempre hemos dicho, a tramitar esa limitación que permita, efectivamente, que se puedan desarrollar las funciones de este órgano en el momento en que se encuentra».

Interrogada sobre si en algún momento tenía el Gobierno la intención de retomar la reforma que dejó en suspenso Sánchez, fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que respondía que «nosotros estamos en este momento en eso, exclusivamente en eso», en alusión a las palabras de su compañera de Gobierno, desechando una posibilidad que los socios del Gobierno quieren revitalizar antes de que se llegue a un acuerdo con los populares.

No ocultan en Podemos que prefieren ir de la mano de ERC y de Bildu ante un Consejo que reivindica su independencia y se revela contra los intentos de limitar sus funciones. A fin de cuentas, el relevo de sus vocales no depende de ellos mismos, sino de que los partidos representados en el Congreso de los Diputados alcancen una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, 210 diputados de una cámara formada por 350 escaños.

Pero PSOE y PP «no suman tampoco esa cantidad», advierten los socios morados y no sin razón. Sin embargo sólo necesitan dos votos más para sacarlo adelante, con lo que bastaría con el respaldo de los seis parlamentarios del PNV y, si van a tener a uno de los suyos sentado en el Consejo, con mayor motivo. Eso sí, las consecuencias de una nueva ruptura parlamentaria entre los aliados gubernamentales, de producirse, destrozaría aún más las maltrechas relaciones entre ellos.

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