España

El Gobierno tiene en el cajón desde hace un mes el 'plan B' del PP al estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige al líder de la oposición, Pablo Casado, en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige al líder de la oposición, Pablo Casado, en el Congreso. EUROPA PRESS

A la segunda parece que tampoco irá la vencida. El Partido Popular registró el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados un nuevo ‘plan B’ jurídico con la idea de que se solventase por la vía de urgencia para modificar la Ley de Medidas Especiales en Materia Sanitaria de 1986 antes de que decayese el estado de alarma en toda España. Incluso abrió contactos con el resto de fuerzas parlamentarias, incluidos los socios del Gobierno, para negociar y matizar esta modificación legal a fin de arrinconar a Sánchez en su negativa de abrirse a pactar una reforma legal ni a prorrogar el estado de alarma. Pero la iniciativa no sólo no ha llegado a tiempo al 9 de mayo, sino que aún pueden restar varias semanas hasta que comience su tramitación en la Cámara Baja.

Una vez registrada y calificada por la Mesa, el Gobierno goza de un mes de plazo para manifestar su criterio respecto a la iniciativa y dar o no su conformidad para que se inicien los trámites y comience la toma en consideración, debate y votación del denominado ‘plan B’ jurídico en la Cámara Baja. En el momento de su registro, el PP pidió al Gobierno «celeridad» a la hora de informar de la iniciativa, pero fuentes del grupo parlamentario consultadas por El Independiente dan por sentado que el Ejecutivo «agotará los plazos», es decir, que esperará a la fecha tope con la que cuenta para pronunciarse: el 1 de junio.

El Reglamento del Congreso establece que, «transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración». Como ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando se debatió en el Congreso una propuesta muy similar a la que ahora ha vuelto a registrar el PP para aportar un «paraguas jurídico» a las comunidades autónomas en sustitución del estado de alarma, no se contempla que el Gobierno no dé su conformidad a la iniciativa -en cuyo caso se abriría la posibilidad de presentar recurso-, aunque sí apuestan a que se producirá lo que se conoce como «silencio positivo»: que Sánchez simplemente no vete la iniciativa. En suma, la decisión del jefe del Ejecutivo de guardar la propuesta de los populares en un cajón provocará necesariamente que Pablo Casado no pueda llevar su proposición de ley al Pleno de la Cámara aproximadamente hasta mediados del mes de junio.

Esto da más margen de maniobra a la oposición para negociar el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias, pero resta también importancia a una iniciativa que llegaría, en el hipotético caso de que resultase aprobada, semanas después del fin del estado de alarma. Se prevé que, como máximo, la próxima semana se pronuncie el Tribunal Supremo sobre si las regiones pueden mantener legalmente el toque de queda sin el paraguas de la alarma, después de que Canarias recurriese el rechazo de la Justicia autonómica a la implantación de esta restricción. Los populares sostienen que, si el alto tribunal no avala la alternativa del Gobierno, su propuesta cobrará fuerza, si bien la iniciativa del PP no contempla la aplicación del toque de queda.

No obstante, la negativa de Sánchez a negociar una modificación de la legislación con el PP permanece intacta. El ministro de Justicia abrió la puerta ayer a esta oportunidad, pero tardó pocas horas en rectificar y cerrarla por completo. «Estamos a 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y la inmunidad de grupo. Las comunidades autónomas tienen amplios instrumentos. El estado de alarma es el pasado», reiteró ayer el presidente del Gobierno desde la Moncloa. La afirmación de Sánchez entra en contradicción, no obstante, con lo que mantuvo ayer mismo Juan Carlos Campo, que ofreció la posibilidad a las comunidades autónomas de solicitar estados de alarma a la carta e individualizados si son incapaces de controlar los contagios con las herramientas legales ordinarias.

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