España

Casado torpedea a Sánchez y negocia con sus socios una alternativa al estado de alarma

El PP no podrá llevar su 'plan b' jurídico al Congreso hasta la semana del 10 al 14 de mayo

El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso.

El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso. EFE

La reiterada negativa de Moncloa a ampliar el estado de alarma más allá del 9 de mayo desembocó en un ‘todos contra Sánchez’ que se verbalizó la pasada semana en el Congreso de los Diputados, donde incluso los socios habituales del Gobierno cargaron contra la «irresponsabilidad» del presidente por dejar sin paraguas jurídico a las comunidades autónomas en mitad de la cuarta ola del virus. Mientras tanto, y a pesar de la presión, el jefe del Ejecutivo negaba la mayor y sostenía que las regiones contaban con instrumentos jurídicos suficientes para mantener a raya el virus, pero sin especificar cómo podrían utilizarse exactamente esas herramientas previstas en el ordenamiento jurídico ordinario para limitar derechos fundamentales.

Esta semana, el descontento entre las distintas fuerzas políticas -a excepción de Vox, que se posiciona en contra de cualquier marco jurídico que implique recortar las libertades individuales porque España «no puede pararse»- ha subido un nuevo escalón. La contestación política contra el Gobierno se ha trasladado, no obstante, al ámbito privado: fuentes del PP confirman que el partido ha abierto esta semana contactos con distintas fuerzas políticas, entre ellas ERC y otros socios políticos de la confianza del Gobierno de coalición, como Más País, Compromís o el PNV, para negociar el ‘plan B’ jurídico que los de Pablo Casado registraron en la Cámara Baja la semana pasada en una versión simplificada respecto a la última propuesta que los populares llevaron al Congreso el pasado mes de noviembre.

El PP parte en esta ocasión de una posición de ventaja respecto a la última vez que intentó llevar su alternativa jurídica ante sus señorías. Entonces, Casado abandonó el Congreso con la cabeza baja tras una demoledora votación en la que sólo recibió el apoyo del PNV, Coalición Canaria y sus formaciones ‘satélite’, Foro Asturias y UPN. Ciudadanos se desmarcó de Casado. Vox, también. Éstos últimos llegaron incluso a calificar la propuesta de los populares de «conjunto de tonterías».

Pero ahora, el equipo del principal partido de la oposición ha constatado la indignación política existente frente al «pasotismo» del Gobierno y han comprobado cómo algunas fuerzas políticas de signo contrario se han abierto por vez primera a apoyar la propuesta jurídica del PP, que consiste en líneas generales en una modificación de la Ley de Salud Pública de 1986 para, entre otras cuestiones, dar cobertura legal a las autonomías para que puedan limitar la libertad de circulación de los ciudadanos después del 9 de mayo. Los populares ha intensificado en los últimos días la interlocución con el resto de fuerzas, y todos los grupos parlamentarios tienen ya en su haber el mencionado documento. «Aún lo estamos estudiando», confirman por ejemplo fuentes de ERC, que ven en la iniciativa del PP un «buen intento» al menos para intentar que el Gobierno «se mueva» en este sentido.

Así, mientras Moncloa sigue dando un paso atrás en esta cuestión pese a que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se comprometió a tener lista una alternativa jurídica a la alarma el pasado verano, el PP trata de adelantarse a Sánchez y torpedear la posibilidad de que el Gobierno recule tras las elecciones del 4 de mayo y plantee una prórroga del estado de alarma una vez haya finalizado la contienda madrileña. Es un escenario que no descartan ni en las filas populares ni voces de diversas formaciones políticas, que ven cómo Sánchez puede justificar un cambio de opinión de esas características por la insistencia de los diferentes grupos políticos y de las comunidades autónomas, así como por la propia evolución epidemiológica del país.

Aún en el hipotético caso de que el PP lograse esta vez recabar los apoyos suficientes a su alternativa al estado de alarma, en el partido dan por descontado que no podrán llevarlo al Congreso antes de que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, de modo que al menos habrá un par de días en que el país experimente las bondades e inconvenientes del fin de la legislación extraordinaria, que pondría punto y final por ejemplo al toque de queda. Ni la próxima semana ni la siguiente, con motivo de las elecciones en la Comunidad de Madrid, habrá pleno ordinario en la Cámara Baja, por lo que la tramitación de la proposición de ley del PP no se debatirá y votará al menos hasta la semana del 10 al 14 de mayo. Sólo hay una posibilidad de que llegue antes al Congreso: que el Gobierno, de la mano de Meritxell Batet, dé conformidad al registro de la iniciativa sin agotar el plazo de un mes con el que cuenta para admitirlo y convoque de forma extraordinaria a la Mesa del Congreso para su aprobación en la Cámara Baja. Pero en el PP ya han constatado que esa posibilidad no entra en los cálculos del Gobierno.

Gabriel Rufián (ERC), Íñigo Errejón (Más País), Ferrán Bel (PDeCat) y Joan Baldoví (Compromís), ya han afirmado en las últimas horas que están dispuestos a abrir la puerta a la medida «aunque venga del PP», como defendió este último en sede parlamentaria. Por su parte, el PNV opta directamente por insistir para que Sánchez prorrogue el estado de alarma a pesar de su negativa inicial, aunque sería un socio relativamente fácil de convencer para los populares, puesto que los de Aitor Esteban ya dieron su ‘sí’ en el Congreso en la anterior ocasión. Quien también ha admitido conversaciones con Pablo Casado, pese a que su relación no pasa por el mejor momento, es Inés Arrimadas, quien ha reafirmado su compromiso de dar una alternativa a la ciudadanía después del 9 de mayo. «Debemos dejarnos de peleas estériles», suscribía.

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