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El juez de 'Kitchen' desacredita la tesis de Fernández Díaz y da plena validez a los SMS con su 'número dos'

El magistrado García-Castellón rechaza que el cierre de la instrucción haya sido precipitado e insiste en que hay sólidos indicios de la "participación" del ex ministro del Interior en el operativo policial bajo sospecha

El ex ministro Fernández Díaz (i) acude a declarar a la Audiencia Nacional junto a su abogado.

El ex ministro Fernández Díaz (i) acude a declarar a la Audiencia Nacional junto a su abogado. EP

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Kitchen desacredita la tesis exculpatoria de Jorge Fernández Díaz y otorga plena validez a los mensajes SMS que se cruzó con su número dos al inicio del operativo policial, el principal indicio en el que se sustenta su imputación en la causa al evidenciar presuntamente su participación en el dispositivo bajo sospecha.

En un auto notificado este miércoles a las partes, el Juzgado Central de Instrucción 6 desestima el recurso de reforma que el ex ministro del Interior interpuso contra el auto por el que el magistrado Manuel García-Castellón dio por concluida la investigación y acordó transformar las diligencias previas a procedimiento abreviado. Dicha resolución ha sido impugnada directamente en apelación por la Fiscalía Anticorrupción, que acusa al juez de haber dado por terminadas las pesquisas de manera precipitada.

El principal elemento incriminatorio que ha reunido la instrucción contra Fernández Díaz son varios mensajes enviados a Francisco Martínez -entonces secretario de Estado de Seguridad y también imputado en el caso- en los que éste le daba instrucciones sobre el operativo en pleno desarrollo del mismo, impulsado supuestamente por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora para altos cargos del PP en poder del ex tesorero Luis Bárcenas. Martínez protocolizó dichos SMS ante notario y constan en las actuaciones.

En uno de los mensajes le daba el nombre de Sergio Ríos -chófer de la familia Bárcenas Iglesias- como la persona que había sido captado como confidente policial para tratar de acceder a los documentos y lápices de memoria que escondía el ex tesorero del PP. En esa secuencia, Fernández Díaz también indicaba a su subordinado que al término de la reunión del Consejo de Ministros del 3 de agosto de 2013 le daría un contacto con los cecilios, término que se utiliza en el argot policial para referirse a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Meses después, en octubre de ese mismo año, el entonces titular de Interior volvió a dejar por escrito en conversación mantenida con Francisco Martínez: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B [Bárcenas] a los abogados para poder obtener de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para preparar su defensa jurídica…».

El juez niega insiste en que hay sólidos indicios de la participación del ex ministro en la operación policial bajo sospecha

Uno de los pilares de la estrategia de defensa del ex ministro -dirigida por el abogado Jesús Mandri- ha sido cuestionar la autenticidad de esos SMS, motivo por el que pidió al juez que practicara una prueba pericial a fin de determinar si los envió realmente su representado. Según mantuvo, los mensajes cortos de móvil son «perfectamente manipulables», al tiempo que aseguró que los notarios «no comprobaron ni pudieron comprobar técnicamente la realidad de las comunicaciones que se les exhibieron».

En la resolución del recurso de reforma, el magistrado García-Castellón desacredita esa tesis y da total veracidad a los SMS. «Las diligencias practicadas confirman plenamente su autenticidad, pudiendo racionalmente excluir cualquier otra versión alternativa a la que reflejan los protocolos, ratificados por los dos notarios actuantes en sede judicial, sin olvidar que la pericia practicada a instancia de la propia defensa estuvo muy lejos de acreditar la tesis de la no autoría de los mensajes de chat patrocinada por el investigado ahora recurrente, como se puso de manifiesto en la diligencia de ratificación judicial del informe por parte del ingeniero Javier Rubio Alamillo», razona el juez.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional también rebate que el cierre de la investigación haya sido prematuro, como le han reprochado tanto Fernández Díaz como los fiscales Anticorrupción. Lejos de aceptar dicha versión, el juez considera que esa decisión «dinamiza» el procedimiento al acercarlo a la fase del juicio y que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

«Círculo de los investigados»

«La vista es el destino necesario de todos aquellos hechos que revisten apariencia delictiva y es el lugar en el que las partes pueden acusar o defenderse con todas las garantías, donde se practican las pruebas con sujeción a los principios de inmediación, publicidad, contradicción y defensa, las únicas capaces de enervar la inicial presunción de inocencia de los acusados y cuya valoración servirá para que el tribunal dicte su sentencia conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», argumenta.

García-Castellón considera que la petición del ex ministro de alargar la instrucción «carece de lógica alguna», por cuanto la decisión de prolongar las pesquisas «en ningún caso hubiera podido alterar ni la decisión sobre la que se sustenta su imputación ni los indicios que determinaron su incursión en el círculo de los investigados».

En su recurso, el ex titular de Interior sostenía que el instructor estaba vulnerando su presunción de inocencia al no inferirse indicios suficientes de su participación en los hechos. Esta alegación también es rebatida: «Este magistrado, contrariamente a lo alegado por el recurrente, considera que existen indicios suficientes que permiten sustentar su participación en la llamada Operación Kitchen«.

En concreto, el instructor sostiene que Fernández Díaz mantuvo «comunicaciones» con Francisco Martínez a raíz de que el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, le entregara a éste el volcado de la información que contenían varios teléfonos móviles de Luis Bárcenas que su chófer -remunerado con fondos reservados- puso a disposición de los agentes. Esta circunstancia es la que lleva al magistrado a sostener que el operativo desarrollado «logró obtener una parte de la documentación comprometedora que se buscaba».

Reproduciendo en parte los mismos argumentos, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional también desestima los recursos de reforma interpuestos por otros investigados, entre ellos Francisco Martínez. El magistrado manifiesta que existe soporte documental suficiente para acreditar la participación en los hechos del ex número dos de Interior, niega precipitación en el cierre de la investigación y considera innecesarias la práctica de más diligencias.

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