España Anticipación del ciclo electoral

Vox se juega en Castilla y León y Andalucía el futuro de su relación con el PP

Los de Abascal aspiran a fortalecer su poder territorial de cara a las generales, entrando en los gobiernos autonómicos que defienden suprimir

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una sesión plenaria en el Congreso.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una sesión plenaria en el Congreso. EP

Aunque la reivindicación de suprimir el Estado de las Autonomías es una de las principales bazas electorales de Vox, porque, afirman, “sostiene el bienestar de la clase política”, las alusiones a este punto programático han perdido fuelle en los últimos meses. Apenas se ha utilizado, recientemente, en contraposición a la actuación del Govern de Cataluña en materia de educación e inmersión lingüística, tras la sentencia del Tribunal Supremo para garantizar un mínimo del 25% del castellano en las aulas.

El nuevo ciclo electoral lo iniciará el 13 de febrero Castilla y León, después del adelanto de comicios anunciado por el ya presidente en funciones Alfonso Fernández Mañueco. Una convocatoria que desplaza la expectación fijada en la región de Andalucía, que, salvo sorpresa –se especula sobre un llamamiento anticipado a las urnas de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana-, sucederán a la cita castellanoleonesa en primavera u otoño. Con todo, ambas elecciones tendrán un significado especial para la formación de Santiago Abascal.

Por un lado, las andaluzas, si acaba materializándose la predicción del Barómetro Andaluz (CENTRA) en las urnas, cerrarían el círculo de progresión política: desde el salto a las instituciones en el Parlamento de Andalucía en 2018 al mismo escenario cuatro años más tarde, pero con bancadas en el gobierno de la Junta. Y es que, a consecuencia del desplome de Ciudadanos, a Juan Manuel Moreno, solo le quedaría optar por la vía Vox al no serles suficiente los 4 o 5 representantes que se le asignan a los de Juan Marín. El PP, al borde de la mayoría absoluta, solo la conseguiría repetir en la Junta con los 12-13 escaños estimados a los verdes; que mantendrían los números de la anterior convocatoria electoral.

Por otro lado, las elecciones de Castilla y León podrían dar lugar a un doble éxito: multiplicar considerablemente el número de procuradores, teniendo ahora sólo un representante; y abrir el camino a una sucesión de pactos gubernamentales -más allá de determinados acuerdos puntuales- entre Vox y PP que, tras Valladolid y San Telmo, prosigan por todo el ámbito territorial y se traduzcan en un Consejo de Ministros en Moncloa teñido de azul y verde en 2023.

Los riesgos y las limitaciones

Los de Abascal, pese a la actitud bronca que les caracteriza, han permanecido en un segundo plano desde el seísmo de Ciudadanos inaugurado en Murcia; agazapados y esperando su total descomposición para exigir una cuota del poder y dejar sin alternativa de alianzas a Pablo Casado. Los sondeos pronostican que Vox es la fuerza que más regularidad tiene desde el 10N a escala nacional, y, que no salgan adelante los pactos autonómicos con el PP, dejarían al partido tocado y sin nuevas ‘ventanas’ desde las que influir. Esos escenarios trágicos, serían un reedición del acuerdo PP-Cs -con menor presencia naranja– en Andalucía; y que, en Castilla y León, Fernández Mañueco sume mayoría en solitario, con partidos de procedencia popular como Por Ávila (XA), o que la alcance la unión de la izquierda junto a un Ciudadanos resentido y los partidos provinciales.

También hay que contemplar que el carisma de Vox, al margen de Abascal, está repartido entre el tándem Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona y Javier Ortega-Smith. Y, precisamente, estos dos últimos, salen en todas las quinielas para encabezar las listas de Andalucía y Castilla y León, respectivamente. Que ‘quemen’ a estos personalismos, reflejaría la importancia de este inicio de ciclo electoral: Olona es la portavoz y secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, donde destaca por su presencia y su actitud combativa. Por su parte, Ortega-Smith es la mano derecha de Abascal desde el principio, su ‘hombre fuerte’ y de confianza que, actualmente, compagina el escaño de las Cortes con la butaca del Palacio de Cibeles.

La oficialidad de estas dos candidaturas dejaría cierta ‘orfandad’ en el Congreso de los Diputados, y sería difícil remplazar ese vacío pese a que hay otros parlamentarios conocidos como Juan Luis Steegmann, Rocío de Meer o Manuel Mariscal, el responsable de toda la estrategia comunicativa de Vox desde el principio. Por ello, y en relación a esos trágicos escenarios, que Vox acabe fuera de las Juntas castellanoleonesa y andaluza, supondría un jarro de agua fría tras ese gran sacrificio.

Un daño de imagen que se agrandaría si, tras el fracaso, retoman la andadura en política nacional de cara a las generales de 2023 y se desentienden del compromiso con los votantes de ambas regiones. En definitiva, mover las piezas puntualmente puede ser fructífero para Vox, pero hacerlo de forma continuada, podría desarmar el puzle por completo y desinflar los buenos datos electorales en beneficio de Génova.

Castilla y León y el eje temático rural

En el ciclo electoral previo, el de 2019, Vox se autodesignó como único garante de las tradiciones y la vida rural, predicando en favor de la caza o la tauromaquia. No le fue mal: fue el grupo más votado en nueve núcleos rurales de la Comunidad de Madrid, al norte de la provincia de Toledo, en la costa mediterránea, donde la producción agrícola es intensa, y, también, en numerosas comarcas de Castilla y León. Ahora, mantener e incrementar ese respaldo electoral castellanoleonés, es el objetivo fijado por la derecha radical española.

De momento, las encuestas revalidan ese propósito de crecer. La más reciente, que contemplaba el adelanto electoral en la región, es la publicada por NC Report para La Razón a finales de noviembre. Ésta, esboza al candidato del PP y líder del Ejecutivo en funciones Fernández Mañueco al borde de la mayoría absoluta -una horquilla de 38/40 procuradores-, y a Vox -con 6/7- como la principal llave de gobierno, pero de manera muy frágil. Apenas uno o dos escaños separan la obligatoriedad de compromiso del PP respecto a Vox, de otra alternativa como la escisión popular XA.

En esta línea, las encuestas pueden jugar una mala pasada a los de Abascal, ya que, al ser percibido Fernández Mañueco como el candidato con más opciones, el electorado de centroderecha puede optar por el voto útil, en detrimento de Vox, para acortar lo máximo posible la desgobernanza y garantizar la estabilidad.

Asimismo, hay un factor que aún no contemplan las encuestas -por su reciente salto a la política-, y es el 'daño' que España Vaciada puede hacer a Vox. Porque, aunque la llamada a las urnas les ha pillado sin un proyecto madurado, algunos de sus integrantes llevan dos décadas dialogando con los vecinos y trabajando sobre el terreno. Y, como confirmaban algunos de sus líderes en la autonomía a El Independiente, "dentro del movimiento hay personas de Vox". Votantes que, pueden optar por una forma diferente de hacer política, más utilitarista en base a las necesidades de la tierra y menos ideológica.

Sobre todo, cuando las apelaciones la formación ultraconservadora al medio rural son más discursivas que programáticas, y terminan relacionándose más con una oposición "de las élites progresistas", según afirman en el documento electoral Agenda España. Éste se limita a mencionar medidas como la reindustrialización o la protección del producto nacional, pero que acaban asociadas a sus principales reclamos: el chovinismo o la regularización de la inmigración y el modelo europeo de Bruselas.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a Asturias, Castilla y León es la comunidad autónoma más despoblada del país con 2.379.530 residentes en un territorio de 94.226 km², lo que supone una media de 25 habitantes por cada kilómetro cuadrado. No obstante, en algunas zonas de provincias como Soria, esta media no supera las dos personas. Una cifra muy por debajo de los estándares de la Unión Europea, que fija en nueve el riesgo de despoblación.

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