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España recibirá más fondos del Plan de Recuperación al crecer el PIB menos de lo previsto

Los estados miembros tendrán que actualizar la cifra real antes de mitad de año para que Bruselas reasigne los fondos | Las primeras estimaciones apuntan a una partida adicional de 5.000 millones, que se sumarían a los 70.000 ya asignados

La vicepresidenta Nadia Calviño, en la reciente presentación del Centro Europeo de Excelencia de Vodafone.

La vicepresidenta Nadia Calviño, en la presentación del Centro Europeo de Excelencia de Vodafone. EP

España recibirá varios miles de millones de euros más con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al haber crecido en los dos últimos años el Producto Interior Bruto (PIB) menos de lo que se preveía cuando se hizo el cálculo para la asignación de los recursos. Esta riada de dinero debe servir de palanca para impulsar la salida a la crisis provocada por la pandemia.

En julio de 2020, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo para el reparto de los fondos de reconstrucción, correspondiéndole a España 70.000 millones de euros en ayudas directas y otros 70.000 millones en préstamos. El Gobierno ya ha anunciado su intención de solicitar estos créditos, pero de momento sólo está ejecutando el dinero que le está llegando en forma de subvenciones.

Para la distribución de los recursos, los Veintisiete acordaron que una parte de la contribución financiera -exactamente el 30 %- se asignaría en función del PIB real que se registrara durante el periodo 2020-2021, fijándose inicialmente unas estimaciones que cada país tendría que actualizar el 3o de junio de 2022 «a más tardar». Así se detalla en el artículo 11 del reglamento del Parlamento y el Consejo europeos por el que, el 12 de febrero de 2021, se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Hasta mediados de año previsiblemente no se conocerá qué cantidad adicional le corresponde a España, si bien las primeras estimaciones apuntan a que a los 70.000 millones de euros en ayudas directas podrían añadírsele otros 5.000 millones más. Esos recursos se concederían en la segunda mitad del trienio en el que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido ante Bruselas a ejecutar el plan (2021-2023, en lugar de los seis en que lo harán otros países como Italia). Salvo adelanto, en 2023 se celebrarán las próximas elecciones generales.

A finales de diciembre pasado, el Ejecutivo mantenía que la economía española crecería de media en 2021 un 6,5 %, una previsión mucho más optimista de la que han ido ofreciendo en los últimos meses las grandes instituciones nacionales e internacionales. Si ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado su estimación del 5,7 % que auguraba en octubre al 4,6 %, dos puntos por debajo de lo que sigue calculando el Ministerio de Asuntos Económicos.

Reprogramación con nuevos hitos

La cantidad adicional que le corresponda por el menor crecimiento del PIB en las dos últimas anualidades obligará al Gobierno a reprogramar el Plan de Recuperación con la inclusión de nuevos hitos y objetivos que permitan dar salida a los varios miles de millones de euros más que llegarán. Y todo ello antes de finales 2023, salvo que se termine ampliando el margen comprometido inicialmente con la Comisión Europea.

«El reto de gestión es mayúsculo», señala a este periódico un consultor que está asesorando a empresas e instituciones públicas para el aprovechamiento de los fondos Next Generation UE. En su opinión, el éxito de la ejecución pasa inexorablemente por que se pacte con Bruselas alargar el plazo o de que se simplifiquen los procesos para que el ritmo pueda ser mayor.

La primera estimación apunta a una partida adicional de 5.000 millones, que se sumarían a los 70.000 ya asignados

De acuerdo con la cantidad consignada en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno se ha marcado como objetivo ejecutar este año 26.900 millones de euros (de los 70.000 millones en ayudas directas que le corresponden), a los que se suman los más de 10.000 millones que se arrastran de 2021 por haberse programado y no haberse gestionado al término del ejercicio. Ello sitúa la cifra cerca de los 37.000 millones.

Entre las consultoras existe la percepción de que las grandes convocatorias que deben movilizar los recursos y que el dinero llegue a empresas y ciudadanos van con retraso, como demuestra el hecho de que aún no se hayan lanzado las correspondientes a los tres Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) aprobados por el Consejo de Ministros entre el 13 de julio y el 14 de diciembre pasados. Se trata, en concreto, de los relativos al desarrollo del vehículo eléctrico y conectado; la salud de vanguardia y las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.

A la espera de que salgan estas convocatorias, el Gobierno tiene que llevar este año a Consejo de Ministros -requisito previo imprescindible- los otros PERTE que ya ha anunciado, como los correspondientes a la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, aerospacial, naval, economía social de los cuidados, economía circular y el idioma español.

El programa ‘kit digital’

De igual manera, el Ejecutivo tiene que publicar las convocatorias para que se pueda optar a los 3.067 millones de euros que se han reservado -dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia- para impulsar la transformación digital de pequeñas empresas, microempresas y autónomos. En este caso, la orden por la que se establecen las bases reguladoras ya está aprobada.

Las convocatorias del ‘Programa Kit Digital’ son precisamente algunas de las que el Gobierno ha anunciado que sacará durante el primer semestre del año, así como las de construcción de viviendas en alquiler social, las de la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios, los planes de sostenibilidad turística en destinos y las ayudas de la cadena de valor del hidrógeno renovable. De cumplirse estas previsiones, se movilizarán más de 24.600 millones de euros.

El Gobierno va dando pasos para tratar de cumplir el calendario pactado con Bruselas en plena ofensiva de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que le acusan de repartir los fondos «de forma arbitraria», «sin procedimiento» y con «falta de transparencia». De hecho, la Comunidad de Madrid presentó a mediados de enero un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo por distribuir el dinero enviado por la Comisión Europea «al margen del reparto aprobado» y sin ninguna razón.

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